La turbia compra-venta de submarinos alemanes se convierte en el cuarto caso de corrupción que salpica a Netanyahu

En el momento en que se suceden grandes y pequeñas maniobras dirigidas a preparar el relevo en la Casa Blanca, ¿el breve viaje secreto de Benjamin Netanyahu a Arabia Saudí y el asesinato, atribuido a Israel pero no reivindicado, de un importante actor nuclear iraní forman parte de una estrategia deliberada? Sí, responden la mayoría de los observadores conocedores del Gobierno israelí.

El primer ministro, consideran estas fuentes, tenía varios objetivos inmediatos: reforzar su imagen de superhombre de Estado capaz de poner en marcha iniciativas secretas y sorprendentes con los estadounidenses y los saudíes; poner a Joe Biden ante hechos consumados, diplomáticos y estratégicos, a la hora de definir la naturaleza de sus relaciones con Riad y Teherán; avergonzar a sus socios de la coalición de Gobierno, miembros del partido Azul y Blanco que, una vez más, han descubierto por la prensa las jugadas del primer ministro. Y también, según adelanta Amos Harel, de Haaretz, cambiar rápidamente los centros de interés de los medios de comunicación, desplazando los titulares sobre la comisión creada por el ministro de Defensa, el exgeneral Benny Gantz, para investigar el llamado caso de los submarinos.

Netanyahu, al que casi el 60% de los israelíes acusa de haber gestionado muy mal la lucha contra la pandemia que ha causado más de 2.800 muertes y sumido al país en una profunda crisis económica y social, necesita urgentemente restaurar su imagen. Sobre todo porque, además, todos los sábados desde hace casi seis meses se realizan concentraciones populares que reclaman su salida, por mor del fracaso de su gestión, su autoritarismo y los tres casos de corrupción en los que está implicado y cuyo juicio se desarrolla, sotto voce, desde hace seis meses, ante un tribunal de Jerusalén.

Pero también, como ponen de manifiesto los enormes submarinos hinchables multicolores que ahora exhiben los manifestantes, por su todavía misterioso papel en un cuarto caso, el de los submarinos comprados en condiciones turbias a un astillero alemán.

A eso hay que añadir un conflicto latente entre bastidores en el seno de la coalición gobernante, que probablemente llevará a una crisis abierta. Y nuevas elecciones. Las quintas en menos de dos años. Conforme al acuerdo de coalición con jefes de gobierno alternos, alcanzado la primavera pasada después de cuatro elecciones y 17 meses de bloqueo político, Netanyahu debería, en el plazo de un año, ceder su puesto de primer ministro a Benny Gantz, su actual ministro de Defensa. Pero “Bibi”, a quien esta perspectiva no le agrada, está multiplicando las humillaciones hacia su sucesor designado y los otros miembros de su partido.

De este modo, se sabe que ni el ministro de Defensa ni el ministro de Relaciones Exteriores, el exgeneral Gabi Ashkenazi, miembro del mismo partido Azul y Blanco, habían sido informados del viaje del primer ministro a Arabia Saudita. Y que el general Avi Bluth, secretario militar del gabinete de Netanyahu, había recibido la orden de no informar a sus superiores, en particular al jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi. Por temor a que este último se lo dijera a su ministro.

Lo que Netanyahu no había previsto es que el ministro de Defensa anunciara el domingo 22, poco antes de que despegara su avión que debía llevarle a Arabia Saudita, la constitución de una comisión de investigación sobre el caso de los submarinos alemanescaso de los submarinos alemanes. Un oscuro y complejo caso de corrupción, en el que ya han sido acusadas personas del entorno de Netanyahu. El caso 3.000, según la nomenclatura judicial, se refiere al papel del primer ministro en la decisión de comprar 9 submarinos y 4 lanchas patrulleras al astillero alemán ThyssenKrupp.

En la actualidad, Netanyahu está siendo juzgado por otras tres causas de diversa gravedad. El caso 1.000, en el que se le acusa de fraude y abuso de confianza, está relacionado con los lujosos regalos –por valor de 185.000 euros– que recibieron él y su familia, de parte de personalidades muy ricas y a cambio de favores financieros o personales.

El caso 2.000, en el que se le juzga por los mismos motivos, está relacionado con las negociaciones que inició con Arnon Mozes, el propietario del mayor diario de pago del país, el Yediot Aharonot, quien supuestamente le ofreció una cobertura mediática favorable a cambio de una ley que limitara la circulación del diario gratuito Israel Hayom, favorable al Likud pero que compite con el Yediot.

El caso 4.000, en el que se le procesa por corrupción, fraude y abuso de confianza, es, según un magistrado conocedor de la cuestión, “el más difícil de los tres, ya que se trata de las enormes sumas de dinero –unos 500 millones de dólares– ganadas por Shaul Elovitch”, el máximo responsable del grupo de telecomunicaciones Bezeq y de la web de noticias Walla. Semejantes cantidades las consiguió gracias a la complacencia de Netanyahu, que a cambio se benefició de una cobertura favorable por parte de Walla.

“Estos tres casos por sí solos, que revelan el gusto por el lujo, el amor al dinero, la necesidad desesperada de apoyo de los medios de comunicación y el cinismo para conseguirlo, dicen mucho sobre Netanyahu, su personalidad y su concepción de la política y el poder. Pero hay algo mucho peor para él”, declaraba Yehouda Sheffer a Mediapart (socio editorial de infoLibre) hace un año, el que fuera fiscal adjunto del Estado, encargado de los delitos financieros desde octubre de 2009 hasta marzo de 2018, después de haber dirigido durante ocho años la Unidad Nacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. “El caso 3.000, en el que siete de sus parientes están encausados, es potencialmente devastador. Hasta ahora el primer ministro no ha prestado declaración en el marco de este asunto, pero creo que debería hacerlo sin mayor dilación porque todo lo que sabemos ahora parece implicarlo. Y lo implican en un escándalo de enormes proporciones”, añade.

La comisión de investigación designada por el ministro de Defensa debe estudiar ahora, durante cuatro meses, este caso “devastador”. Dicha comisión está presidida por el general retirado Amnon Straschnov, exabogado general militar, y también incluirá al general de reserva Avraham Ben-Shoshan, al exjefe del estado mayor naval y responsable de la adquisición del arma, y a un civil, Yael Grill, exdirector de adquisiciones de la Oficina del primer ministro.

Su misión, tal y como aparece definida en la carta de nombramiento firmada por Benny Gantz: “Examinar la conducta del organismo de defensa y de todas las partes que participan en el proceso de toma de decisiones relativas al proceso de adquisición”. Los investigadores están facultados para convocar e interrogar a personas “ajenas al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, incluido el primer ministro, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y “cualquier persona que pueda tener información sobre los asuntos que se están investigando”.

A petición del fiscal general Avichai Mandelblit, exfiscal general militar y estrecho colaborador de Netanyahu de 2013 a 2016, que lo ha acusado en los tres casos que se juzgan en la actualidad, Gantz acordó el domingo paralizar la constitución de la comisión para no “interferir en el proceso penal en curso”.

Procedimiento en el que Netanyahu, a día de hoy, no se encuentra involucrado personalmente. La prensa aprovechó este aplazamiento del trabajo de la comisión para reclamar a su presidente que hiciera públicas todas las audiencias. El juez Straschnov, apelando a “cuestiones de seguridad” que podrían plantearse ante cierta información, decidió que las primeras sesiones fueran cerradas al público. “Es importante que las audiencias sean abiertas, no sólo para respetar el derecho del público a saber, sino porque es la única manera de sacar conclusiones”, decía el editorial del Haaretz de este lunes.

Apartado del proceso en marcha por falta de tiempo para reunir pruebas documentadas y, sobre todo, según un magistrado, “para reconstruir ciertos circuitos financieros internacionales muy complejos”, el caso de los submarinos alemanes ha estado en el punto de mira de la Justicia israelí desde hace varios años. Fue en febrero de 2017 cuando se abrió formalmente una investigación por orden del fiscal del Estado, Shai Nitzan.

Pero las raíces del asunto se hunden hasta el año 2007; en aquel entonces, Benjamin Netanyahu, de nuevo líder de la oposición tras una toma de contacto con el poder, compró por valor de 600.000 dólares el 1,6% del capital de la empresa metalúrgica tejana Seadrift Coke, que dirigía su primo Nathan Milikowski.

La primera peculiaridad de este asunto fue que Benjamin Netanyahu se benefició, en el momento de realizar esta compra, de un precio “amigo”, muy inferior al valor real de las acciones, lo que le permitió obtener con la venta de las participaciones a su primo, tres años después, una plusvalía de 12 millones de euros.

Mientras tanto, Netanyahu se había convertido en primer ministro de Israel y Seadrift Coke había pasado a manos de GrafTech International. GrafTech International, con sede en Ohio, era un proveedor habitual del astillero alemán ThyssenKrupp, que acababa de entregar a la Armada israelí sus tres primeros submarinos de alta tecnología: el Dolphin, el Leviathan y el Tekumah, que entraron en servicio a principios del 2000. Otros tres submarinos del mismo tipo completarán la flota entre 2012 y 2019.

Estos seis sumergibles de 1.900 toneladas y 57 metros de longitud, capaces de lanzar misiles de crucero con ojivas nucleares o de hacer aterrizar discretamente un comando de 10 miembros de las fuerzas especiales en una costa enemiga, son, junto con sus sucesores, un componente importante de la defensa de Israel.

Al examinar las condiciones de compra, los jueces e investigadores descubrieron el interés particular de Netanyahu a lo largo de los años en las actividades de ThyssenKrupp y en las relaciones entre la empresa y el Estado israelí.

“Los que debían saber, sabían”

El primer ministro, recién llegado al poder en 2009, le encargó a su abogado y confidente David Shimron (que es también su primo), que organizara la sustitución de Yeshayahu Barkat, que había representado a la empresa alemana en Israel durante 25 años. Gracias a la intervención de Shimron, la dirección de ThyssenKrupp elige a un hombre de negocios, Michaël Miki Ganor, cercano al Gobierno israelí.

En 2014, cuando el Ministerio de Defensa israelí abrió una licitación para la compra de lanchas patrulleras encargadas de vigilar las explotaciones de gas offshore en el Mediterráneo, Netanyahu se sorprendió de que sólo los astilleros de España, Italia y Corea del Sur se presentaran y que Thyssen Krupp no respondiera. La compañía alemana dice que la oferta israelí es demasiado baja. En contra de la opinión del ministro de Defensa, el exgeneral Moshe Ya'alon, que considera que el precio ofrecido es razonable y no quiere convertirse en un “cliente cautivo” de ThyssenKrupp, el primer ministro, apoyado por el Consejo de Seguridad Nacional, impone entonces el cierre de la licitación.

Un año más tarde, se encargaron cuatro patrulleras al astillero alemán. Precio: 430 millones de euros. Ya'alon –ahora aliado de Benny Gantz– sufrirá una segunda derrota unos meses después, cuando el primer ministro proponga adquirir tres submarinos más. A pesar de la oposición del ministro, el entonces jefe del Estado Mayor y el comandante de la Marina, que consideraban innecesario y demasiado costoso tener nueve submarinos, el plan de adquirir tres nuevos submarinos directamente sin licitación fue aprobado por el gabinete de seguridad en octubre de 2016. Valor del contrato: 1.500 millones de euros.

Mientras tanto, otra venta de submarinos, ésta a la Marina egipcia, atraerá la atención de los servicios de inteligencia, de varios oficiales militares y de ciertos magistrados. En 2015, informaciones de El Cairo indican que Egipto recibirá el primero de los cuatro submarinos fabricados por ThyssenKrupp en unos meses.

En el Ministerio de Defensa israelí la sorpresa es mayúscula. En virtud de un acuerdo no escrito entre los gobiernos alemán e israelí, se acordó que el ejecutivo alemán consulte con el israelí e incluso que pida luz verde antes de vender armas o tecnología militar a un país árabe. Sin embargo, ni el Mossad, ni el Servicio de Inteligencia Militar, ni el Estado Mayor del Ejército, ni el Ministerio de Defensa fueron consultados sobre esta decisión de gran importancia estratégica, el suministro a un país árabe –incluso a uno que esté en paz con Israel– de un arma equivalente a las disponibles para el Ejército israelí.

Un alto funcionario del Ministerio de Defensa, enviado a Alemania, regresó con información explosiva proporcionada por los colaboradores de Angela Merkel: Benjamín Netanyahu sí fue consultado y fue él quien dio luz verde.

“Los que lo tenían que saber, lo sabían”, respondió Netanyahu a los ministros y periodistas que le preguntaron al respecto. Sugiriendo con ello que el fiscal general Avichaï Mandelblit y el exasesor de seguridad nacional lo sabían, aspecto que ambos niegan. “La versión de Netanyahu no tiene sentido. No creo que pueda haber un secreto que deba ocultársele al mismo tiempo al jefe del Estado Mayor del Ejército, al ministro de Defensa y al jefe del Mossad”, observa el que en ese momento fuera jefe del Mossad Tamir Pardo.

Además de las sospechas acumuladas durante varios años sobre los contratos cerrados con ThyssenKrupp, el asunto del submarino egipcio llevará al fiscal del Estado Shai Nitzan a abrir una investigación penal el 27 de febrero de 2017, se trata del caso 3.000.

En el marco de esta investigación y tras la información reunida en los dos últimos años, el fiscal general decidió en diciembre de 2019 acusar a siete personas, entre ellas David Shimron, Michael Ganor, el exjefe de Estado Mayor de la Marina Eliezer Marom, el exjefe de Estado Mayor de Netanyahu David Sheran y el exjefe adjunto del Consejo de Seguridad Ariel Bar-Yosef.

“Debido al papel central que desempeña en este asunto y a los vínculos financieros que ha establecido con su primo Milikowski, me parece esencial que se interrogue a Netanyahu, en particular sobre sus conflictos de intereses y su conducta poco razonable en el episodio del submarino egipcio, que plantea un verdadero problema de seguridad estatal”, estimaba entonces Yehuda Sheffer, ahora jubilado y consultor en materia de lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero para empresas o Estados extranjeros. “Sé que el fiscal no lo escuchó porque no era sospechoso hasta que el papel de Milikowski quede documentado por los investigadores. Por otra parte, ante las acusaciones de cacería de brujas de Netanyahu, el fiscal podría haber sido sospechoso de exceso de celo o de espíritu de venganza si se hubiera presentado demasiado pronto sin las pruebas necesarias. Fue lento pero independiente, riguroso, resiliente. Ahora tiene las pruebas. El primer ministro puede ser interrogado. Y cuanto antes, mejor”.

Un año después, todavía es difícil saber si Netanyahu tendrá que explicarse ante un magistrado o ante la comisión de investigación del juez Amnon Straschnov. Lo que está claro es que, sea cual sea la hipótesis, en esta ocasión está lejos de encontrarse en una posición de fuerza. En el país, nunca ha sido tan enérgicamente cuestionado o incluso rechazado por la opinión pública.

Según un sondeo de octubre, uno de cada dos israelíes reclama nuevas elecciones. Fuera del país, tendrá que aceptar la salida el 20 de enero del protector y socio con el que pretende redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. ¿Podría ser este el principio del fin para Benjamin Netanyahu, un cuarto de siglo después de su irrupción en la escena política israelí?

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Traducción: Mariola Moreno

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