Madrid deja de ingresar más de 6.000 millones desde 2011 con Patrimonio y el número de grandes fortunas creció en 3.000 personas

La Comunidad de Madrid dejó de ingresar entre 2011 y 2018 casi 6.000 millones de euros (5.950 millones) al perdonar a las grandes fortunas el Impuesto sobre el Patrimonio, una cantidad que se aproximará a los 7.000 millones de euros cuando el Ministerio de Hacienda publique el resultado de la declaración relativa a 2019 en su Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio. 

La merma recaudatoria se debe a la bonificación del 100% de este impuesto a la riqueza, una exoneración que Esperanza Aguirre introdujo en 2008 en la región pero que se quedó sin efecto al suprimir directamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el impuesto en 2008. Aquella promesa electoral del PSOE –formulada en 2007– se reveló errónea, y Patrimonio fue rescatado nada más llegar Mariano Rajoy a La Moncloa a finales de 2011. Sin embargo, Aguirre continuó bonificándolo hasta la actualidad, al igual que sus sucesores Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso. 

En Madrid en 2011 declararon por patrimonio –posteriormente bonificado– 14.520 personas y en 2018 lo hicieron 17.298 contribuyentes. Esto es, casi 3.000 más en siete años. 404 de ellos reúnen las mayores fortunas: patrimonios de más de 30 millones. 

Así pues, entre 2011 y 2018 el número de ultrarricos (declarantes a partir de 30 millones de euros) en la comunidad ha pasado de 179 a 404 personasultrarricos , siempre según las estadísticas de Hacienda calculados a partir de los importes de bonificación autonómicos. Un espectacular crecimiento del 125%. 

Varias fuentes apuntan a que las cifras de ricos (técnicamente los patrimonios entre 1,5 y 6 millones) y superricos residentes en Madridpodrían variar sensiblemente por dos razones: La Rioja ha bonificado parcialmente este tributo en los últimos años (desde 2015 al 50% y desde 2018 al 75%), lo que dificulta los cálculos al dejar de ser Madrid la única en bonificar; y, por otro lado, se producen continuamente cambios ficticios de domicilio fiscal que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y sus homólogas autonómicas solo detectan años después y tras una ardua investigación. Un ejemplo: las 73 personas sancionadas esta semana por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en una operación que ha permitido recuperar 55 millones de euros a las arcas autonómicas. 

Con todo, el cuadro de que Madrid es un foco que atrae grandes fortunas es un hecho aceptado. La región deja de recaudar más de 5.000 millones al año por sus rebajas fiscales, que además del Patrimonio afectan a Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP / AJD). El número de ultrarricos en España es de 608 en 2018 (últimos datos actualizados), de los cuales 404 residen en suelo madrileño, es decir, el 66% de las fortunas mayores de 30 millones. Una concentración sin paliativos que no se corresponde con el número de habitantes (6,6 millones. 14,7% del total nacional). 

Armonización fiscal

Esta falta de capacidad recaudatoria genera tensiones con otras comunidades autónomas -que no pueden bajar impuestos tan fácilmente como Madrid al no contar con el efecto capitalidad- es lo que ha movido al Gobierno a pactar con ERC una armonización fiscal en Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e ITP/AJD. A pesar de las críticas del PP, el Ejecutivo central fundamenta su decisión en la comisión de expertos encargada por el equipo de Rajoy en 2017, cuyo documento llevaba por título Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. También se basa en el denominado Informe Lagares, remitido igualmente al Gobierno de Rajoy por otra comisión de sabios en 2014. En ambos casos se reclamaba mayor armonía fiscal. 

Según el consejero de Hacienda madrileño Javier Fernández-Lasquetty, la medida del Gobierno central afloraría 5.900 millones de euros en la región correspondientes a 2019, algo que varios medios afines han traducido en que cada madrileño deberá pagar una media de 2.000 euros. Una división falaz, porque el grueso de la recaudación madrileña gravitaría alrededor de las grandes fortunas. 

"Madrid concentra más del 60% de los patrimonios más adinerados y el 50% de los patrimonios con más de cinco millones de euros", critica el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado. "Es una situación que ataca directamente al artículo 31 de la Constitución Española, que apela a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Para otras comunidades autónomas que no tengan el efecto capitalidad de Madrid, una rebaja fiscal similar tendría consecuencias muy agresivas". 

Golpe a los servicios públicos

El oasis fiscal madrileño golpea principalmente a los servicios públicos: Madrid es la región con el segundo menor gasto público en Sanidad por habitante, la que menos gasta en Educación y la que tiene peores servicios sociales, de acuerdo con diferentes informes relativos al estado del bienestar autonómico. Pero cuenta con decenas de miles de funcionarios estatales, las principales empresas del país y un consumo más elevado que la media para sostener su modelo. 

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El Impuesto sobre Patrimonio lo declaran aquellos contribuyentes cuya base imponible rebase los 700.000 euros, teniendo en cuenta el valor de sus bienes y excluyendo por ello el valor de la vivienda habitual hasta un importe de 300.000 euros. Entre los declarantes de esta clase de tributo también hay clases, siendo los más adinerados los que más pagan. 

La recaudación que la región deja de ingresar ha ido en aumento a medida que se dejaba atrás la anterior crisis financiera (2008-2014). En 2011 Madrid perdonó a los ricos 534 millones; en 2012 casi 602 millones; 612 millones en 2013, 660 en 2014, casi 797 millones en 2015, 815 millones en 2016, 995 millones en 2017 y 905 millones en 2018. En total, casi 6.000 millones.  

Paradójicamente, la deuda pública de la Comunidad de Madrid está desbocada: si en 2010 ésta era de 14.323 millones de euros, en el segundo trimestre de este año ascendía a 35.646 millones según el Banco de España.