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La democracia empieza en las asociaciones

Alfonso J. Vázquez Vaamonde

Se trata de una exigencia de la Ley de asociaciones que no se cumple, porque se han admitido como ajustados a derecho los Estatutos de todas las asociaciones que no establecen el derecho al voto por correo o al voto telemático y exigen el voto presencial.

El Ministerio del Interior debería tomar cartas en el asunto dado que esto es un fraude de ley (art. 6.4 CC); no se puede exigir a un socio que vive en Estaca de Bares, en el Cabo de Gata, en el de Rosas o en la raya con Portugal, en Huelva, que venga a Madrid a votar en la única urna que permite el voto presencial. No se puede confundir el voto presencial con el voto personal; éste sólo prohíbe la delegación de voto, como es lógico. Procede, pues una aclaración inmediata a todas las asociaciones exigiendo que su siguiente elección admita al menos, el voto por correo y se recomiende, ¿sirven para algo las nuevas tecnologías? la incorporación del voto telemático a los Estatutos como una tercera opción de voto.

A este abuso, que inexplicablemente autoriza el Ministerio del Interior al aceptar esos estatutos, cuando debería actuar inmediatamente como le exige el art. 7.2 CC, se suma la imposibilidad del voto de las personas enfermas, impedidas de trasladarse para el voto presencial y las impedidas en su movilidad por razones traumáticas, o por vejez incapacitante, que se mueven con muletas, bastón, taca-taca, en silla de ruedas autónoma o gobernada por otro. Su capacidad deambulatoria se ve restringida al entorno de su vivienda. No se les puede exigir la servidumbre, excesivamente onerosa en un país con cuatro millones de parados y otros tantos que no llegan a fin de mes, de tener que pagar un taxi para poder ir a votar.

A todo ello se suma el trastorno de la actual situación de pandemia, confinamientos provinciales, municipales y aun por barrios y el temor, en algunos casos, el pánico a salir a la calle. Se ha dado el caso de recientes elecciones en las que los candidatos no han podido ni defender su programa, por estar confinados, y evidentemente, tampoco han podido votar. Eso debería preocupar también al Ministerio de Sanidad

También el Ministerio de Igualdad debería tomar cartas en el asunto; todas estas personas, aunque no legalmente incapacitadas, son minusválidas físicas o atemorizadas.

Este abuso, ilegalmente legalizado en el Ministerio del Interior, está permitiendo que grupos minúsculos, hay elecciones con participación del 5% de los electores se hagan con el poder por lo que deberían dictarse las normas oportunas para impedir que el año 2021 sea el de "la conquista no democrática del poder en Asociaciones, algunas de ellas seculares. Es urgente.

Una inmensa parte de la actividad civil no gubernamental depende de estas asociaciones y sociedades, incluidos colegios profesionales, agrupaciones de empresarios y sindicatos, etc. Las consecuencias pueden ser dramáticas porque pueden permitir el acceso al control de cantidades inmensas de recursos por manos no democráticas. Es necesario que se establezca la imperiosa y urgente modificación de los Estatutos para evitar daños de "difícil o imposible reparación", como por ejemplo, suspender toda votación que no permita el voto por correo o por alguna otra forma no presencial con las suficientes garantías. El Gobierno seguro que tiene elementos jurídicos a su disposición para resolver este problema antes de final de año. Educar en la realidad de la democracia es la mejor forma de lograr vivir en democracia.

Alfonso J. Vázquez Vaamonde es socio de infoLibre

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