Crece el apoyo a una dimisión en bloque del CGPJ para "frustrar las expectativas" del PP de controlar la cúpula judicial

Cumplidos dos años del bloqueo político a la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya son cinco los vocales que plantean como solución la dimisión en bloque o de un mínimo de once integrantes para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligación constitucional" y también para evitar y frustrar las "expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación", en clara alusión al PP, que lleva meses poniendo trabas para no pactar con el PSOE la lista de candidatos a integrar un nuevo órgano de gobierno de los jueces y lograr así la necesaria mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado.

Hasta ahora, los vocales Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, nombrados a propuesta de PSOE e IU, respectivamente, eran los únicos que se habían mostrado públicamente a favor de una renuncia en bloque o de la mayoría para tratar de impedir que el bloqueo se alargue aún más. De hecho, según contó Sáez a infoLibre recientemente, ella ya planteó esta posibilidad cuando se frustró el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en noviembre de 2018 tras la filtración del nombre de Manuel Marchena como posible nuevo presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo y del whatsapp del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que auguraba que con ese pacto iban a poder "controlar la Sala Segunda" del alto tribunal "desde detrás".

Ahora, cuando parece que el bloqueo persiste y que las posturas entre PSOE y PP siguen enfrentadas, con Casado insistiendo en que Unidas Podemos no participe en la negociación, otros tres vocales han decidido unirse a la propuesta de que los miembros del órgano caducado den un golpe en la mesa y dimitan con efectos a partir del 1 de enero de 2021. Son Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Clara Martínez Careaga, los tres también del sector considerado progresista.

Así lo expresan los cinco vocales en el voto particular que han firmado en respuesta a la resolución aprobada este jueves por dieciséis de los veintiún miembros que conforman el CGPJ según la cual solicitan al Congreso de los Diputados que les consulte antes de aprobar la propuesta de reforma presentada por el PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato ha expirado, entre ellas acometer nombramientos discrecionales en órganos judiciales. También que recabe informe del Consejo de Europa, asociaciones judiciales y demás entidades representativas.

Recados al PP sin nombrarle directamente

Según defiende el voto particular, que ha redactado Cuesta y al que se han adherido Sáez, Sepúlveda, Mozo y Martínez Careaga, el CGPJ actual "ha venido cumpliendo sus funciones de forma ejemplar" y "no va a consentir que se le convierta en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición". "Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta", explican estos vocales.

"Es preciso en esta hora preservar al CGPJ del debate político, asimismo consideramos que hemos de plantearnos cuál es la mejor contribución de este órgano, ya sea a su legitimación democrática o ya lo sea a una reforma legal ampliamente consensuada en el marco de un gran acuerdo de Estado, o simplemente al desbloqueo de la renovación de esta institución, evitando y frustrando las expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación del mismo. Para ello sería conveniente acordar, llegado este momento, la renuncia en bloque de los miembros de esta institución o, al menos, la renuncia, como mínimo, de once de sus vocales", remarca el texto, consultado por infoLibre.

Aunque estos cinco vocales no mencionan directamente al PP en ningún momento, se puede deducir fácilmente cuando subrayan que "no puede excluirse" de las negociaciones para la renovación del Consejo "a ningún grupo parlamentario constituido y reconocido conforme a lo establecido en los reglamentos" de Congreso y Senado y "al marco legal vigente", "ni a ningún diputado o senador", en clara referencia a la insistencia del partido conservador por que Unidas Podemos no forme parte de las conversaciones para acordar la lista de futuros vocales.

Cuesta, Sáez, Sepúlveda, Mozo y Martínez Careaga son partidarios de "la necesidad de una completa regulación que defina qué competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones", pues lo ven como "un requisito de legitimación democrática y de adaptación a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento". Este argumento va en línea con la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el PSOE y Unidas Podemos y que acaba de empezar a tramitarse en el Congreso, en la que se especifican lo que puede y no puede hacer el órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato haya caducado, pues la norma original no hace ninguna mención al respecto salvo prohibir la elección de un nuevo presidente.

A su juicio, "la experiencia de bloqueos y retrasos en la renovación del CGPJ en distintas épocas como en el año 1996, en el año 2001, en el 2006 hasta el 2008, o en el año 2018 hasta la actualidad, tras 35 años de vigencia de la LOPJ, hace que sea necesaria su reforma, para regular el concepto y alcance de Consejo en funciones", así como "una regulación más precisa y comprometida de los plazos y de la obligación de las Cámaras de poner en marcha los mecanismos de renovación y tramitación de las diversas candidaturas para su renovación". "La regulación de estas materias es claramente disponible por el legislador orgánico, como así reconoce la más reciente jurisprudencia constitucional, aunque debiera hacerse en el marco de un amplio acuerdo por la Justicia", aseveran.

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Pero estos cinco vocales también comparten con sus compañeros que el CGPJ debería ser escuchado por el Poder Legislativo cuando en éste se planteen reformas normativas que afecten al ámbito del Poder Judicial. En este sentido, apuntan que "existe un déficit en la regulación que la LOPJ hace de la función de informe no vinculante regulada en el artículo 561", por lo que consideran que "deberían ampliarse las posibilidades de información, de manera urgente, de las propuestas normativas que afecten al ámbito orgánico del Poder Judicial, de la Justicia y de los Derechos y Garantías Fundamentales cuando de manera sustancial se modifique un texto parlamentario respecto de lo que fue su inicial formulación como anteproyecto o proyecto, o en el supuesto de algunas proposiciones de ley o de enmiendas".

"A estos efectos bastaría, sino una leve modificación de la LOPJ, la modificación de los reglamentos parlamentarios, normas de interpretación, resoluciones o usos parlamentarios, ya que el propio artículo 561 de la LOPJ vigente establece que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales (…) y…cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna", explican, de modo que solicitan a las Cámaras que "el Consejo pueda ser oído e informar las proposiciones de ley, una vez hayan sido tomadas en consideración, que regulen el estatuto de jueces y magistrados o la estructura, composición, funcionamiento y competencias del CGPJ".

Fuentes del sector conservador del CGPJ consultadas por infoLibre no ocultan que parte de los dieciséis vocales que no han apoyado este voto particular están en general de acuerdo con el espíritu de su redacción, entre otras cosas porque el texto no menciona específicamente al PP como culpable del bloqueo en que se encuentra la renovación del organismo. Sin embargo, han explicado que no pueden apoyarlo debido a sus últimos párrafos, los que hacen referencia a la propuesta de dimisión, ya que siguen apelando a su "responsabilidad" de seguir ejerciendo sus funciones aunque su mandato ya esté caducado. "Somos un poder del Estado", han remachado.