CCOO renuncia a 7,5 millones para formación y reclama sustituir las subvenciones directas por licitación pública

CCOO ha renunciado a las subvenciones directas que el Ministerio de Educación ha concedido a patronal y sindicatos para que éstos impartan cursos de digitalización a 125.000 trabajadores y desempleados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto que regula la concesión directa de estas ayudas, que sí han aceptado CEOE, Cepyme y UGT. Son un total de 30,6 millones de euros, de las que corresponden 15,31 millones a CEOE, 5,1 millones a Cepyme y 10,2 millones a UGT. CCOO ha rechazado una cantidad que en principio ascendía a 7,5 millones de euros.

Estas son las primeras subvenciones que el ministerio de Isabel Celaá concede en materia de formación para los trabajadores, una competencia que hasta ahora correspondía al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el nuevo Gobierno unificó en Educación el ámbito completo de la Formación Profesional, tanto de la reglada, que siempre ha estado en manos de ese departamento, como los cursos para que ocupados y desempleados adquieran una cualificación profesional, y que corría a cargo de Trabajo. El ministerio de Yolanda Díaz se ha quedado sólo con los programas para mejorar la formación y empleabilidad de trabajadores y parados.

No es habitual que un agente social rechace participar en una convocatoria de este tipo, aunque el año pasado la CEOE rehusó las ayudas para formar a cuadros sindicales, un paquete de 15 millones de euros. Pero las múltiples irregularidades descubiertas en los cursos de formación para el empleo durante los últimos años han llevado no sólo a la reforma del sistema, sino también a aumentar el recelo de los propios implicados, sindicatos y patronal. Es el caso de CCOO, que desde la llegada de Unai Sordo a la Secretaría General es reacio a asumir la ejecución directa de estos cursos para trabajadores y desempleados. Fuentes del sindicato explican a infoLibre que han renunciado a las ayudas porque éstas “deberían haber salido a licitación pública” y porque ahora CCOO se encuentra ahora en pleno proceso de fusión de sus fundaciones.

La concesión directa de estas subvenciones se puso sobre la mesa de Diálogo Social dedicada a la Formación Profesional el pasado mes de julio y ya en septiembre CCOO comunicó su rechazo al mecanismo. El Ministerio de Educación asegura que pidió al sindicato que “reconsiderara su decisión” y que desconoce los motivos de su negativa, pero confía en su participación para próximas convocatorias. CCOO también ha mostrado su oposición al nuevo sistema de cualificaciones que el ministerio quiere sacar adelante. CCOO se ha quejado de que la revisión y propuestas de las nuevas cualificaciones digitales se haya hecho de forma “opaca”, sin que se conozcan, dice, los criterios por los que se han seleccionado las empresas y entidades que participan en los grupos de expertos.

Por su parte, UGT y CEOE han negado a este periódico que tengan algún tipo de recelo respecto de la concesión directa de las subvenciones. Pero otras fuentes internas consultadas por infoLibre revelan las dudas que este modelo suscita en los departamentos jurídicos de estas organizaciones y en los problemas que puede acarrear su ejecución. Tampoco descartan que levanten las protestas de otros sindicatos como USO, CIG o ELA por haber sido excluidos. De hecho, el Tribunal Supremo considera que esa exclusión puede ser inconstitucional tras un recurso presentado por USO.

En todo caso, fuentes de la patronal niegan que estas ayudas debieran haber salido a licitación pública, puesto que no se rigen por la Ley 30/2015 del Sistema de Formación para el Empleo, que sí exige “concurrencia competitiva”, sino por la Ley General de Subvenciones de 2003. Además, indican que la concesión de las subvenciones cuenta en este caso con “las máximas garantías”, al tiempo que su ejecución está “absolutamente fiscalizada” y supervisada tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas. Según ambos agentes sociales, los controles establecidos ahora son los mismos que en otras convocatorias.

El Ministerio de Educación precisa que estos fondos, ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, van a contar con “mecanismos de seguimiento y auditoría”. Las patronales y el sindicato, además, estarán obligados a contar con una auditoría propia. Educación, añade, hará también un seguimiento trimestral de los alumnos en formación.

“Circunstancias excepcionales” por el covid

El importe máximo subvencionado por alumno es de 245 euros. Las dos patronales y el sindicato deberán justificar las actividades desarrolladas con la subvención en el primer trimestre del año siguiente, con una memoria de actuación y otra económica. Se consideran gastos subvencionables los directos –publicidad, materiales didácticos– y los indirectos –personal, suministros, mensajería, mantenimiento– y los de auditoría. Los costes indirectos no podrán superar el 15%.

Los cursos, que deberán tener una duración de 30 horas, están destinados a asalariados, autónomos y trabajadores temporales de las Fuerzas Armadas. El 20% deberán ser mujeres y tendrán prioridad los afectados por ERTE.

En la exposición de motivos del real decreto, el Ministerio de Educación justifica la elección de este modelo por la existencia de “circunstancias excepcionales” y “razones de interés público”. En concreto, se refiere a que la digitalización del sector productivo ese “crucial” para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de los trabajadores y la empleabilidad de jóvenes y mujeres. Y añade la “especial urgencia” de la recuperación económica tras la crisis del covid-19. Finalmente, argumenta que en este caso “no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva” porque los sindicatos y la patronal prestan sus servicios “fuera del mercado, sin ánimo de lucro”, por lo que no se pueden establecer “parámetros comparativos” ni existen otros posibles perceptores de las subvenciones, “dada la posición única que ostentan los interlocutores sociales”.

Las grandes empresas tecnológicas

Las fuentes de CEOE consultadas destacan también que el objetivo, “digitalizar” a 500.000 trabajadores y desempleados en cuatro años, requiere que los encargados tengan una “gran capilaridad” en el tejido productivo, y esa ventaja la poseen los agentes sociales. La CEOE tendrá que impartir cursos a 62.500 alumnos, Cepyme a 20.833 y UGT a 41.667 sólo en este primer año. Para un “volumen tan enorme” –sólo para la CEOE unos 7.000 alumnos al mes–, los tres deberán subcontratar la actividad. “Naturalmente tendremos que acudir a las empresas tecnológicas más importantes del país”, apuntan fuentes de la patronal.

UGT firmó en 2018 un acuerdo con Google que incluía formación sobre competencias digitales para 200 cuadros del sindicato y la oferta de un curso online, masivo y gratuito –lo que se conoce como MOOC– de 40 horas de duración para trabajadores. Las fuentes de UGT consultadas señalan que ese proyecto “no tiene nada que ver” con el que se va a iniciar ahora con las subvenciones de Educación. Por su parte, la CEOE cuenta con un proyecto conjunto con la Fundación Telefónica para proveer de competencias digitales a los trabajadores a través de contenidos online, Conecta Empleo.

También la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Servicio Público de Empleo (SEPE) han firmado acuerdos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas –Amazon, Google, Fundación Telefónica, IBM, Huawei, Cisco, Oracle, SAP, entre otros– para implicarlas en la formación digital de los trabajadores. Ambos organismos difunden en sus páginas web los cursos gratuitos sobre habilidades digitales que ofrecen estas compañías.

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Dos modelos, dos ministerios, dos mesas de diálogo

En su ámbito de competencias, el Ministerio de Trabajo está preparando cuatro convocatorias de ayudas para formar a trabajadores y desempleados. Todas ellas se someterán a licitación pública. Las dos primeras, para el sector de tecnologías de la información y para el turismo, ya están casi cerradas, según las fuentes consultadas. La tercera atenderá las necesidades formativas de los cuadros dedicados a la negociación de los convenios colectivos y la cuarta son acciones que incluyen la obligación de contratar después al menos al 40% de los alumnos. En el primer trimestre de 2021 está previsto, además, que el ministerio empiece a negociar la convocatoria ordinaria de subvenciones destinadas a la formación para el empleo. En total, unos 2.500 millones de euros, incluidas las cantidades que recibirán las comunidades autónomas. Para éstas, Educación acaba de repartir 262 millones de euros sólo en virtud del Plan de Modernización de la FP, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio y con un presupuesto de 1.498 millones de euros en cuatro años.

Precisamente, la división entre dos ministerios de las competencias sobre la Formación Profesional no fue del agrado ni de la patronal ni de los sindicatos. “Por su marcado carácter laboral, vemos la formación para el empleo más próxima al mercado de trabajo que al ámbito educativo”, defienden las fuentes de la CEOE, que entonces temieron por la “estabilidad” del sistema. En concreto, creían que se corría el riesgo de que la formación laboral terminara siendo descentralizada de la misma forma que están transferidas las políticas educativas a las comunidades autónomas. La CEOE aboga por un “único modelo” de formación profesional. Pese a ello, ahora hay dos –la vinculada a las cualificaciones, que lleva Educación, y la que sigue en manos de Trabajo– y están abiertas dos mesas en el Diálogo Social donde se debate sobre formación laboral, una con cada ministerio. “Ya hemos pedido a las dos ministras que, por favor, se junten y trabajen con una visión coordinada”, apunta la patronal.