Cuarenta años del 23F: los golpes de Estado con apariencia de legalidad desplazan a los tanques en las calles

Lunes, 23 de febrero de 1981. El Congreso de los Diputados se reúne en sesión plenaria para votar la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno. Superado el debate, el entonces secretario primero de la Cámara Baja, Víctor Carrascal Felgueroso, comienza a llamar, por orden alfabético, a todos los parlamentarios para que, a viva voz, vayan pronunciándose sobre el sentido de su voto. “Don Manuel Núñez Encabo”, recita. “No”, responde el diputado número ochenta de la lista. En ese momento, se escuchan disparos y gritos en los pasillos. La confusión, de pronto, muta por unos segundos en silencio sepulcral cuando entra el hemiciclo el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, quien pistola en mano ocupa la tribuna de oradores. El entonces vicepresidente del Ejecutivo, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se levanta de su escaño, se dirige hacia el asaltante y le ordena que se ponga firme y entregue la pistola. Empujones y disparos al techo completan una escena que sirvió de antesala a los momentos más delicados de las últimas cuatro décadas en España. Dieciocho horas de secuestro parlamentario que hicieron tambalear la recuperación de la democracia.

Aquella intentona, que vino acompañada incluso de la toma de la radiotelevisión pública, la declaración en València del estado de excepción –decretado por el capitán general Jaime Milans del Bosch– y el despliegue de tanques por las calles de la ciudad del Turia, fueron los últimos retazos en nuestro país de un golpe de Estado stricto sensustricto sensu. Aquel movimiento, que acabó siendo sofocado y derivó en el encarcelamiento de los asaltantes, cumplió a rajatabla con todos los elementos con los que tradicionalmente se ha vinculado a esta figura. Primero, hubo una intervención militar violenta para tratar de expulsar del poder a sus legítimos titulares. Y, segundo, la intentona se llevó a cabo amparándose en la necesidad de salvar a la patria de una deriva caótica. El relato, con el que se buscaba dar legitimidad al movimiento, estaba perfectamente armado en el manifiesto que los asaltantes se encargaron de transmitir a los medios. Un texto en el que se dejaba claro que las unidades del Ejército y la Guardia Civil que habían secuestrado la Cámara Baja no podían aceptar “una situación en la que el prestigio de España disminuye día a día”.

Ahora, cuarenta años después, los golpes de Estado ya no son lo que eran en buena parte del mundo. Es cierto que en África las asonadas militares siguen siendo habituales. Es lo que pasó, por ejemplo, el pasado mes de julio en Malí, cuando el presidente Ibrahim Boubacar Keita se vio forzado a dimitir y a disolver el Gobierno y el Parlamento tras ser detenido ilegalmente por un grupo de miembros del Ejército. Sin embargo, esta figura ha ido evolucionando a lo largo del siglo XXI. “El tradicional es casi inexistente o está en severo retroceso, pero eso no implica que las tramas contra el poder ejecutivo hayan desaparecido. Estas se han sofisticado, han mutado para difuminarse y, aparentemente, apartarse del concepto tradicional de golpe de Estado, pero buscan conseguir idéntico propósito: desbancar al titular del poder ejecutivo”, señala el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona Rafael Martínez en “Subtipos de golpes de Estado: transformaciones recientes de un concepto del siglo XVII”, un artículo que escribió hace más de un lustro pero que conserva su validez.

En conversación telefónica con infoLibre, el politólogo explica que ahora todo este juego es mucho “más complejo”. La utilización de la fuerza para hacer caer a un Gobierno elegido democráticamente, como ocurrió en el Chile de Salvador Allende o la Argentina de María Estela Martínez de Perón en la década de los setenta, ha dado paso al uso de los resortes legales para disfrazar el movimiento. “Intentan mantenerse o aparentar que se encuentran dentro de la legalidad democrática”, apunta Martínez. Es decir, que ahora en lugar de entrar con pistolas en un Congreso reconociendo la ilegalidad pero intentando legitimar a posteriori la acción, lo que se busca mayoritariamente es “demostrar la legalidad de todos y cada uno de los actos que han llevado a término para suplantar al poder ejecutivo”. “Con ello, la justificación pasa del final al principio del proceso y se elude la calificación de golpe, puesto que no se asume la ilegalidad e incluso se rebate a quienes la insinúan. Del golpe como acto de ilegalidad necesaria y legítima, hemos llegado al golpe de estado ‘con todas las de la ley’, a la legalidad forzada”, recoge Martínez en su artículo.

Del impeachment a las reformas legales para blindarse en el poderimpeachmentblindarse

En este sentido, el politólogo saca a colación los impeachment en Brasil –Dilma Rousseff– o Paraguay, donde en junio de 2012 el Senado destituyó a Fernando Lugo en un juicio político que fue duramente criticado por la comunidad internacional. Al presidente se le dieron entonces dos horas para presentar su defensa. Otro de los movimientos sobre los que se ha cernido en los últimos meses la sombra del neogolpe es Bolivia. En noviembre de 2019, el entonces presidente, Evo Morales, renunció a su cargo y se vio obligado a abandonar el país. La renuncia, que venía precedida de una escalada de violencia en las calles, tenía su germen en 2016, cuando el pueblo boliviano rechazó en un referéndum muy ajustado que el líder indígena pudiera presentarse a un cuarto mandato. Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó dicha decisión y Morales pudo acudir como candidato a unos comicios sobre los que la Organización de Estados Americanos vertió la sospecha de fraude. Un año después, en octubre y con el líder indígena en Argentina, hubo una nueva cita con las urnas en el país. El partido de Morales arrasó. El Movimiento al Socialismo (MAS) se hizo con el 52,4% de los votos.

Una legalidad que igual que sirve para intentar tumbar a un Ejecutivo también puede ser empleada para perpetuarse en el poder en una suerte de “autogolpe”. “Se usa el modelo liberal de democracia para convertirla en un Estado iliberal”, recalca Martínez. Coincide con él Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): “Sin recurrir a los militares, te haces eterno desequilibrando el sistema institucional y cambiando las normas con el objetivo de acumular un poder absoluto”. Varios pueden ser los ejemplos de esta estrategia para el politólogo. En América Latina, pone sobre la mesa el de la Venezuela de Nicolás Maduro. Tampoco se olvida de Rusia, donde Vladímir Putin “cambia la Constitución en función de sus necesidades”. La última modificación de la Carta Magna en este país se produjo el pasado mes de julio, cuando se introdujeron retoques estructurales que otorgan al presidente ruso más fuerza en lo relativo al trabajo de los tribunales y fiscales o le permiten presentarse otras dos veces más a los comicios, gracias a lo cual podría permanecer en el cargo hasta 2036, en lugar de hasta 2024.

En el caso de la Unión Europea, el ejemplo más claro de la utilización de las leyes para abocar al país a una deriva autoritaria está, a ojos de Pascual, en Hungría. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, el Gobierno del ultra Viktor Orbán aprovechó una sesión convocada de manera extraordinaria en el Congreso para abordar la situación de la pandemia para impulsar una nueva reforma de la ley electoral que impide a los partidos presentar listas nacionales si no tienen candidatos en al menos medio centenar de distritos (antes eran 27) y, en por lo menos, nueve provincias y la capital, lo que obliga a la oposición a hacer malabares para mantener un frente conjunto. Sin embargo, el politólogo tampoco se olvida de Polonia. En este caso, la Unión Europea también se ha mostrado sumamente preocupada por la erosión del Estado de derecho a base de cambios legislativos. El último que preocupa es la reforma judicial, que recibió luz verde el pasado mes de febrero y que ha sido duramente cuestionada por los colectivos de jueces al contemplar castigos a aquellos que cuestionen públicamente las reformas judiciales.

En su artículo, Ruiz también desliza otra característica que difiere de los golpes de Estado tradicionales. “Lo habitual han sido golpes para echar al poder ejecutivo y, lo anodino, golpes para evitar que quien había ganado unas elecciones pudiese desempeñar el poder. De nuevo, la sofisticación ha actuado y el golpista ha comprendido que resulta mucho más fácil asumir socialmente que alguien no llegue al poder que suplantar a un presidente o un primer ministro”, recoge el politólogo. En los últimos meses, el ejemplo más claro de una estrategia basada en intentar bloquear la llegada de un rival al poder se encuentra en Estados Unidos y en el intento de Donald Trump de intentar deslegitimar de forma permanente la cita con las urnas que puso a Joe Biden en la Casa Blanca. “Fraude a gran escala”, repite el magnate una y otra vez desde que los resultados se pusieron del lado de los demócratas. “Se está tratando de dar un golpe de Estado vendiendo una apariencia de podredumbre institucional. Pero Trump no es ese monarca absoluto del que hablaba [Gabriel] Naudé –uno de los teóricos clásicos de los golpes de Estado–. No tiene ese poder sobre el Ejército o la Policía”, señala el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

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Polarización social, el caldo de cultivo

En opinión de Ruiz, cada vez existen más elementos propios de ese caldo de cultivo que hacen proclive un golpe de Estado si surge el desencadenante adecuado. Es decir, que poco a poco la mecha va conformándose a la espera de una chispa que haga saltar todo por los aires. Habla de una crisis económica como factor de riesgo, un agujero que se está agrandando como consecuencia de la pandemia. Y habla de polarización social, un problema que se ha convertido en habitual y que se agrava, señala Pascual, cuando en el ámbito de la política se empieza a convertir al adversario en enemigo o cuando se comienza a deslegitimar a las instituciones. Es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos con los miembros del Partido Demócrata, con el servicio postal, con el FBI y hasta con el Tribunal Supremo. O lo que hace Vox en España cuando califica al “Gobierno socialcomunista” como “ilegítimo” por cometer “fraude electoral”. Un problema al que hay que sumar, apostilla Pascual, el de la rapidez con la que dichos mensajes incendiarios se propagan por las redes sociales.

Desde aquel “¡Quieto todo el mundo!” que resonó entre las cuatro paredes de la Cámara Baja, la democracia española ha podido continuar su camino sin sobresaltos, a pesar de los mensajes que se puedan verter en algún chat de Whatsapp desde los teléfonos de algunos militares de alto rango retirados, como destapó este diario. Desde entonces, quizá el momento políticamente más delicado que se ha vivido fue el otoño independentista de 2017. Aquella deriva en Cataluña fue definida en su día por el Ministerio Público del Tribunal Supremo como un “golpe de Estado”, en palabras del fiscal Javier Zaragoza. “De una manera abstracta, quizá podría tener cabida. Pero si bajas al detalle de la operación yo creo que no encaja. No tenían la fuerza ni las estructuras necesarias. Yo creo, más bien, que fue más la creación de una gran narrativa independentista sin la solidez suficiente para convertirse en realidad”, sostiene Pascual. Es, a grandes rasgos, lo que concluyeron los magistrados al final: no había medios para doblegar al Estado y lo que se buscaba era, más bien, tensar la cuerda con el Gobierno central pero sin romperla para negociar. Aunque, finalmente, terminase resquebrajándose.