El Gobierno ultima la creación de un fondo público-privado con las autonomías para socorrer a empresas de hostelería y turismo

Ante las quejas crecientes del sector turístico y hostelero tras el Real Decreto aprobado la semana pasada, que, entre muchas medidas, recogía ayudas fiscales, financieras o inmobiliarias valoradas en 4.220 millones de euros al denominado sector Horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías), el Gobierno ha decidido ampliar las medidas de alivio a las pequeñas y medianas empresas. Según ha sabido infoLibre, el Ministerio de Industria ultima el lanzamiento de un fondo público-privado que podrá estar dotado de partida de aproximadamente 140 millones de euros para garantizar "operaciones de aval" a aquellos negocios abocados al cierre por la actual crisis que no hayan podido obtener ninguna ayuda del mencionado Plan Horeca o cualquier otro tipo de financiación desplegada por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia. 

Desde Industria "se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico, Turismo de España, SGRTurismo de España, SGR", confían fuentes oficiales. La sociedad tendrá una dotación inicial de 19,9 millones de los que el 49% será capital público, y una vez constituida tendrá una capacidad de inyectar liquidez del 700% de su capital, lo que supone un monto de partida de 140 millones de euros. Pero este no será el límite: la capacidad financiera o avalista de Turismo de España podrá incrementarse hasta cantidades por ahora indeterminadas una vez arranquen las operaciones y transcurra un tiempo. 

La finalidad del fondo será "facilitar el acceso a la financiación mediante garantías" y la idea que maneja el equipo de la ministra Reyes Maroto es que el instrumento esté operativo en marzo. Para ello, recalcan las fuentes gubernamentales, "es preciso recabar el apoyo de las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial", puesto que se espera que las regiones participen de la sociedad. 

De hecho, la última conferencia sectorial tuvo lugar este lunes 28 de diciembre y en ella Maroto avanzó que su ministerio anunciaría "nuevas ayudas" que complementarán al Real Decreto de rescate de la hostelería, en una referencia velada a este vehículo público-privado.

La Sociedad de Garantía Recíproca quiere constituirse con "socios protectores privados". Es decir, entidades financieras, organizaciones profesionales o grandes empresas del sector turístico que aporten el dinero restante hasta cubrir los 20 millones iniciales exigidos por ley. Estos socios "no podrán acceder a las operaciones de aval", ya que éstas están pensadas para empresas y pymes maltrechas económicamente al borde de la inviabilidad. 

En Turismo de España, SGR también podrán participar en el capital fundacional las pequeñas y medianas empresas con una aportación mínima que podría oscilar en torno a los 60 euros por socio. 

El nuevo fondo surge como reacción a las críticas sobre la falta de ayudas directas: España cerrará 2020 sin un plan de ayudas de esta índole a las empresas, más allá de la prestación extraordinaria a autónomos por cese de actividad durante la aplicación del estado de alarma.

Participación del sector privado

Desde el Gobierno se defiende que ese papel debe de corresponder a las Comunidades Autónomas, a las que en noviembre se terminó de dotar de 16.000 millones de euros correspondientes al reparto del fondo covid-19. De esta cuantía, 8.000 millones debían destinarse a Sanidad y Educación mientras que el resto quedó al libre albedrío de las autonomías. Durante la presentación del Plan Horeca, Industria resaltó que las regiones habían recurrido a ese dinero de manera "desigual".

Igualmente, en el ministerio recuerdan que las regiones no cuentan ya con techo de gasto y pueden endeudarse a corto plazo con mayor facilidad. Las únicas ayudas directas al comercio minorista y a la hostelería han correspondido a las comunidades y a los ayuntamientos que han podido permitírselas en función de su situación económica. 

En Industria reconocen que se ha actuado sobre la "reducción del gasto" y no sobre los "ingresos" de las pymes del sector. Y destacan las ayudas por valor de 51.500 millones de euros, de las que 41.500 han sido los créditos ICO para empresas en apuros (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, investiga en estos momentos irregularidades en el uso de los fondos por parte de entidades bancarias). El resto, los famosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), la citada prestación extraordinaria a autónomos, el Plan de Apoyo a la Solvencia de la Sepi o la moratoria de deudas hipotecarias y sin garantía hipotecaria. 

Hostelería de España, la gran patronal de hostelería, discrepa de Moncloa y entiende que es el Gobierno el que tiene que repartir esas ayudas directas. Tras la conferencia sectorial, la ministra Maroto se vio con esta organización patronal, una reunión que finalizó con un clamoroso desencuentro.   

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"Creemos que un sector que genera el 6,2% del PIB merece un respeto suficiente como para que no se estén eludiendo responsabilidades y desviando de unas a otras administraciones a quién corresponde aportar las ayudas directas, que desde hace ya varios meses se han dadoen los principales países europeos", cargó el lunes el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. Declaración que tuvo respuesta por parte de Reyes Maroto, quien aseguró que el sector está "hiperprotegido" en el Plan de Refuerzo, presentado el pasado 22 de diciembre. 

Hostelería de España exige una inyección directa de aproximadamente 8.500 millones de euros para evitar la quiebra de 100.000 empresas. Y pone de ejemplo la actuación en otros países. Ante la segunda ola, en Reino Unido amplió en noviembre el plan de ayudas por el cual el Estado abonaba el 80 % del salario -hasta un límite- de los empleados de empresas obligadas a clausurar, ofreciendo asumir un porcentaje mayor de sueldo.

Alemania ha seguido la vía de España de dar ayudas indirectas, pero han sido mucho más ambiciosas. En noviembre, Merkel anunció que el Gobierno sufragaría el 70% de los costes fijos de todas las empresas afectadas por el covid-19, porcentaje que llega al 90% en el caso de pymes, en una inyección de hasta 30.000 millones de euros. Pero también se dieron ayudas directas al comienzo de la pandemia, en marzo: 9.000 euros al mes para empresas con hasta cinco empleados a tiempo completo, que podían ser 15.000 euros si la compañía contaba con 10 asalariados. Finalmente, en Francia el presidente Macron se comprometió en noviembre a abonar hasta el 20% de la facturación en 2019 a todo tipo de comercio, "restaurantes, bares, gimnasios o discotecas" entre ellos en palabras del inquilino del Elíseo.