Corrupción
Guinea Ecuatorial: los negocios bajo sospecha del hijo del dictador
Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza. Así que casi nadie duda de que el sucesor en la jefatura del Estado será alguno de los hijos del dictador, que ya tiene 78 años. De hecho, hace tiempo que empezaron los movimientos para la sucesión. Una carrera en la que parece existir un claro favorito, su hijo Teodorín Obiang, condenado en Francia en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Pero donde otro de los vástagos del dictador, Gabriel Obiang, mantiene sus aspiraciones sucesorias desde el puesto de ministro de Minas e Hidrocarburos. Un cargo clave en un país que es uno de los principales productores de petróleo del continente y cuya economía tiene una dependencia casi absoluta del crudo.
El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que los hermanos son “igual de corruptos”, aunque tienen diferentes estilos a la hora de saquear el país, mucho menos ostentoso el de Gabriel Obiang: "Teodorín podría ir directamente al Tesoro para conseguir dinero. Teodorín está allí para gastar su dinero. Gabriel lo invierte". Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta que se independizó en 1968 y el español sigue siendo uno de los idiomas oficiales.
El hecho de que Guinea Ecuatorial lleve tanto tiempo controlado por la misma familia quizá ayude a explicar por qué Gabriel Obiang se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de esa concesión, la constructora portuguesa Armando Cunha S.A., abonó a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015.
Así consta en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario portugués Expresso y analizados en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y desarrollada en los últimos meses con varios medios de comunicación, entre ellos el periódico guineano Diario Rombe. infoLibre, tras tener acceso y analizar dichos documentos, publica en exclusiva el resultado de esa investigación en España.
Varios de esos documentos han sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y contra un intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang –Donald Frank van der Horn van den Bos–, entre otros. Este último reside en Mallorca y tiene dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el marco de la investigación, el pasado 17 de diciembre, la Policía judicial registró la sede de la empresa Armando Cunha S.A. y varios domicilios particulares, según ha podido saber Expressso.
EL PACTO PREVIO
La investigación periodística ha podido identificar a tres personas clave entre los colaboradores de Gabriel Obiang: el intermediario Donald Frank van der Horn van den Bos en España, el abogado NJ Ayuk en Guinea Ecuatorial, y el empresario Nicolaos Neocleous en Chipre.
El primero que entró en escena en la operación con Armando Cunha S.A. fue el holandés afincado en España. Casi un año antes de recibir la adjudicación de un organismo público controlado por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Donald Frank van der Horn van den Bos empezó a negociar con la constructora portuguesa sobre cómo se haría el reparto del dinero.
El intermediario era aparentemente una persona muy organizada. Después de una reunión en Lisboa –los días 18 y 19 de febrero de 2009–, elaboró un informe de cuatro páginas sobre lo hablado en el encuentro y se lo envió a Filipe Rego, presidente de Armando Cunha S.A. En el encabezamiento colocó el logotipo de Gabangare, una empresa registrada en Chipre, vinculada a Gabriel Obiang y clave en el entramado como veremos más adelante. En el memorando ya se diseña la estructura societaria que es necesario montar, incluida una compañía a medias entre la constructora portuguesa y Gabangare, con sede también en Chipre. Este país es uno de los cinco de la Unión Europea que ONG como Oxfam consideran paraísos fiscales. Además, el documento detalla los proyectos que se asignarían a Armando Cunha S.A. en el país africano, entre los que figura la obra que llegó a costar 106,6 millones de euros.
Un segundo memorando fue elaborado, el 17 de abril de 2009, por algún directivo de la constructora portuguesa –no está firmado– y enviado a Donald Frank van der Horn van den Bos. El documento se titula "Reunión de temas que requieren aclaración" y el objetivo es, precisamente, concretar al máximo diversas cuestiones de la operativa que preocupaban a Armando Cunha S.A.
Existe un tercer memorando, más corto que los otros dos y sin fecha, que hace referencia a una reunión en Madrid en la que se trataron aspectos sobre la empresa en el país africano en cuyo accionariado participarían ambas partes.
Los tres documentos fueron entregados a Expresso por una fuente que prefiere no ser identificada y fueron compartidos con el consorcio OCRRP y otros medios de comunicación, entre ellos infoLibre.
La adjudicación se produciría finalmente en enero de 2010, pero una de las empresas de la trama ligada a Gabriel Obiang –la guineoecuatoriana Arcangel S.A.– empezó meses antes a facturar gastos a las constructora lusa, por ejemplo en concepto de alquiler de unas oficinas en el país africano. La operación estaba en marcha.
Gabriel Obiang, a su llegada a la reunión extraordinaria de la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en marzo de 2020.
LA ADJUDICACIÓN
Empresa mediana y poco conocida en Portugal, Armando Cunha S.A. no tuvo proyecto alguno en Guinea Ecuatorial hasta que se le adjudicó el contrato público para la construcción de un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). Dicha concesión se produjo el 21 de enero de 2010 y el contrato fue firmado directamente por el ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE –organismo que está bajo la tutela de su ministerio–, y por el director de la empresa portuguesa, Filipe Rego.
El contrato establecía que el 25% del importe inicial de la adjudicación –que ascendía a 57,5 millones de euros– se pagaría por adelantado en una cuenta de Armando Cunha S.A. en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde.
Esa cantidad se incrementaría en mayo de 2012 hasta los 106,6 millones de euros, en un nuevo acuerdo firmado también por el ministro Gabriel Obiang. Se trata de un documento de sólo dos páginas que prácticamente duplicó las obras a realizar en el futuro centro de formación de ITNHGE. Para entender la importancia de esta cantidad en Guinea Ecuatorial quizá sirva la siguiente comparación: el presupuesto total para educación en 2020 en el país africano apenas superó los 91 millones de euros.
En los cinco años posteriores a la adjudicación, saldrían de esa cuenta bancaria en Cabo Verde más de diez millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de la compañía Gabangare o bien a través del presunto testaferro del mandatario Donald Frank van der Horn van den Bos. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.
“Estos fondos, independientemente de la descripción en las facturas, no son más que el pago de comisiones / ‘sobornos’ por la mediación y adjudicación del ITNHGE”, se indica literalmente en la querella presentada en Portugal.
Contrato de adjudicación a ACSA, firmado por Gabriel Obiang.
LAS SOCIEDADES EN ESPAÑA DE LA TRAMA
Donald Frank van der Horn van den Bos es un consultor fiscal, de 60 años, que tiene su residencia en la isla de Mallorca y cuenta con excelentes conexiones en Guinea Ecuatorial.
A dicho intermediario holandés están directamente vinculadas tres empresas que recibieron dinero de la constructora portuguesa. Dos de ellas tienen su sede en España y la otra en Países Bajos.
Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.
La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.
La tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V. y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.
En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.
DE GUINEA ECUATORIAL A BELICE PASANDO POR CHIPRE
La otra parte de la trama societaria tiene como eje a una compañía chipriota denominada Gabangare. El nombre de esta compañía coincide curiosamente con las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Pero las coincidencias no terminan ahí. Antes de que naciera la hija pequeña, Arelis, resulta que la compañía se llamaba Gabang. El diablo está a veces en los pequeños detalles.
Pero para llegar a Gabangare es necesario seguir el hilo societario que empieza en Guinea Ecuatorial.
Cinco meses después de la adjudicación de la obra, Gabriel Obiang apareció directamente asociado a Armando Cunha S.A. El 27 de mayo de 2010, el ministro asumió la representación de una empresa guineoecuatoriana, el Grupo Molsa, en una Junta General donde una filial 100% propiedad de esa compañía cambió su denominación: hasta ese momento se llamaba Construcción GE y pasó a funcionar como ACSA. En dicha Junta General se nombró director general de la flamante ACSA a António Belo, empleado de la portuguesa Armando Cunha S.A. El acta de la Junta general fue inscrita el 23 de julio de 2010 en el Registro Mercantil de Malabo, la capital del país africano.
El Grupo Molsa es la empresa matriz que utiliza Gabriel Obiang para controlar varios negocios privados en el país. Por su parte, ACSA es el acrónimo que Armando Cunha S.A. usó para sus filiales en Marruecos, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.
En resumen: el ministro Gabriel Obiang, como representante del Grupo Molsa, nombró para el cargo de administrador general de una de sus filiales –ACSA– a un empleado de la constructora portuguesa a la que cuatro meses antes le había adjudicado una obra de 57,5 millones de euros (que terminarían convirtiéndose en 106,6 millones).
Escritura donde Gabriel Obiang actúa en nombre de Grupo Molsa y de su filial ACSA.
Esa actuación mercantil suponía materializar una de las cuestiones que figuraba en los memorandos barajados antes de la adjudicación: la existencia de una sociedad en Guinea Ecuatorial donde ambas partes –la gente de Gabriel Obiang y la constructora lusa– estarían representados.
El paso siguiente era enmascarar la identidad de sus propietarios. Y, de nuevo, el propio ministro de Minas e Hidrocarburos aparece firmando el documento clave. El 30 de diciembre de 2010, Gabriel Obiang firmó una escritura en su calidad de representante del Grupo Molsa por la que se traspasaba la totalidad de su capital: el 65% lo asumió una empresa registrada en Chipre, Burilda Consultancy Limited, y el 35% restante pasó a ser del ciudadano guineoecuatoriano Genaro Obunu, socio de Centurion Law Group, un bufete de abogados muy cercano a Gabriel Obiang.
El presidente de Centurion, NJ Ayuk, es un amigo personal del ministro. Gabriel Obiang y su mujer asistieron a la boda de Ayuk celebrada en 2016 en Marbella, evento al que también fue como invitado Donald Frank van der Horn van den Bos. Tres años después, el ministro acudió a la presentación de un libro de Ayuk.
El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que el bufete de Ayuk es conocido por aumentar las posibilidades de sus clientes de obtener contratos públicos relacionados con el petróleo en Guinea Ecuatorial. "Puedes ir con otros [bufetes] y puedes intentarlo si quieres, pero es probable que te quedes por debajo de otras empresas menos capaces pero que iban de la mano de Centurion. Así es como lo hacen", explicó Oló Fernandes al consorcio OCCRP.
Volvamos al accionariado de ACSA. La parte mayoritaria –65%– pasó a estar controlada en Chipre por Burilda Consultancy Ltd, cuyo capital estaba a su vez repartido a partes iguales entre dos sociedades chipriotas: Armando Cunha Cyprus Limited y Gabangare Holdings Limited. La primera era una filial de la constructora portuguesa, que asumió su control en octubre de 2010, justo un par de meses antes de que se pusiera en marcha la compraventa de acciones para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de ACSA. La segunda, por su parte, es la empresa clave en el holding ligado a Gabriel Obiang.
Gabangare y dos de sus filiales también con sede en Chipre –Immense Consultancy Ltd y la mencionada Burilda Consultancy Ltd– facturaron en conjunto 5.044.000 euros a la portuguesa Armando Cunha S.A. Una cantidad, por cierto, prácticamente idéntica a la recibida por las tres sociedades del intermediario holandés.
Hay una séptima compañía a la que pagó la constructora lusa: Arcángel. Al contrario que las otras seis, tiene su sede en Guinea Ecuatorial. En los memorandos se indicaba que se encargaría de la parte administrativa y logística en el país africano. En esto, por tanto, también se diferencia de las demás ya que es la única que no cobró por supuestos servicios de “consultoría”. La cantidad facturada, de acuerdo con la querella, ascendió a 181.494 euros.
Constituida en 2006, Gabangare Holdings es oficialmente propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc. Y ahí se pierde ya cualquier rastro sobre sus dueños, porque el Registro Mercantil del país centroamericano es uno de los más opacos del mundo.
Sin embargo, las conexiones entre Gabangare y Gabriel Obiang son diversas. Ya hemos visto dos. Que la denominación de la compañía responde a las iniciales del nombres de los tres hijos del ministro. Y que el propio Gabriel Obiang actuó como representante del Grupo Molsa en la venta del 65% del capital de ACSA a una filial de Gabangare.
Hay un tercer vínculo. En 2012, Gabangare tenía una docena de filiales. Entre ellas figuraban Punto Azul, una compañía que trabajaba como operador aéreo en Guinea hasta que dejó de operar en 2017, y Punto Verde, una empresa de producción y distribución agrícola. Ambas aparecen, a su vez, en la página web de Grupo Molsa como parte de este conglomerado. Y este último es el grupo en cuyo nombre actuó Gabriel Obiang, tal y como se recoge en los documentos que se reproducen en esta información.
Como administrador de Gabangare en Chipre aparece Nikolas Nucleous, de 45 años y tercer hombre clave en la trama societaria, junto a Donald Frank van der Horn van den Bos y NJ Ayuk.
LAS VERSIONES OFICIALES
Neocleous no respondió a las preguntas que se le plantearon por escrito desde el consorcio OCCRP. Sin embargo, en una entrevista telefónica previa mantenida en noviembre, negó que Gabriel Obiang fuese el dueño de Gabangare. “El propietario de la compañía es el señor Donald Frank [van der Horn van den Bos]”, aseguró.
Tanto Gabriel Obiang como el intermediario holandés, contactados en las últimas semanas por el OCCRP para que ofrecieran su versión sobre los hechos descubiertos durante la investigación periodística, evitaron responder a las cuestiones planteadas.
Tampoco quisieron ofrecer su versión ni Filipe Rego ni António Belo. En cuanto a la constructora lusa Armando Cunha S.A., respondió al Expresso a través de un abogado, Miguel Matías. "Actualmente hay un conflicto en los tribunales con un accionista y él ha amenazado con hacer denuncias penales sobre la actividad de Armando Cunha S.A. en el extranjero, que hasta ahora se ha entendido como un mero ejercicio de defensa en el mencionado proceso judicial", indicó el abogado. "Por tanto, no se hará ninguna declaración al existir asuntos judiciales pendientes, pero lo que sí se puede asegurar es que todas las actividades de la empresa se han llevado a cabo de manera regular y legal y que sus cuentas han sido repetidamente aprobadas y auditadas por una entidad externa", añadió.
El abogado de la empresa destacó que, "en relación con las amenazas que ha hecho el mencionado accionista, al tratarse de acusaciones falsas y que atentan contra el buen nombre de la persona jurídica que representamos, serán el objeto de una actuación penal".
El bufete Centurion y su presidente, NJ Ayuk, tampoco quisieron responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, dos días después de ser contactado por el OCCRP a finales de noviembre, en la web de Centursion se publicó un comunicado anunciando su intención de presentar una querella por presunta “extorsión” contra el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, el Diario Rombe y el impulsor de dicho medio de comunicación, Delfín Mocache.
La referencia a Villarejo se explica porque el origen de la investigación contra el ahora expolicía encarcelado está en el denominado informe King, por el que cobró cinco millones de euros para investigar la supuesta fortuna oculta de Gabriel Obiang y buscar desprestigiarle.
En dicho informe, de 29 páginas de extensión, se mencionan diversas sociedades presuntamente relacionadas con Gabriel Obiang, pero entre ellas no está ninguna de las que aparecen relacionadas con la adjudicación a la constructora portuguesa Armando Cunha S.A.
El periodista guineoecuatoriano sostiene que es “falso”que haya trabajado con Villarejo y niega tajantemente que haya “extorsionado” a nadie en su país. Diario Rombe, una web que se elabora desde España, es en realidad el principal medio crítico con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial, país donde una ferrea censura impide que exista libertad de información.
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En la página web de la Cámara Africana de la Energía, que preside precisamente NJ Ayuk, también se acusó falsamente al periodista de contratar al OCCRP en un intento por influir en medios de comunicación europeos. OCCRP, por su parte, rechaza esas afirmaciones y defiende la investigación periodística que se apoya en pruebas documentales inéditas.
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* La versión española de esta investigación periodística internacional, que publica infoLibre, fue editada y supervisada por Manuel Rico.
