La gestión de la pandemia y el colapso tras la gran nevada disparan el riesgo de una desconfianza creciente en las instituciones

“Parece que les da igual”. No se entiende cómo los ciudadanos “se pueden organizar y se organizan perfectamente mientras las instituciones nos dan la espalda”. La frase es de Cristina Sanz, médica de urgencias en un Centro de Salud de una localidad madrileña, Villarejo de Salvanés, pero son muchos los afectados por el déficit de lo público que han sufrido las consecuencias de la falta de medios y de personal de unas administraciones incapaces de hacer frente a situaciones de emergencia, se trate de una pandemia o de una tormenta de nieve. Y han tenido que organizarse. Ya sea para llevar alimentos a personas que no los tenían, para despejar aceras o para trasladar pacientes que lo necesitaban.

Los indicadores sociales de confianza en las instituciones, que ya sufrieron una notable caída a partir de la crisis de 2008, están cayendo de nuevo. La desatención a los ciudadanos con ocasión de la covid-19 o, simplemente, obligándoles a limitar sus movimientos porque no hay recursos con los que despejar una calle bloqueada por la nieve, en opinión de muchos parece confirmar la idea de que “lo público” o no funciona todo lo bien que debiera o no está siendo gestionado como sería necesario. Como telón de fondo, los recortes de los últimos años, que ahora se hacen visibles a la vista de la impotencia de las administraciones.

Hay datos reveladores. Según el último barómetro del CIS, un 34,7% de los españoles creen que el principal problema de España es la política en general, el comportamiento de los políticos, la inestabilidad política, la falta de unidad, el Gobierno o los partidos. En relación con la pandemia, un 59,2% de los ciudadanos cree que habría que haber tomado medidas más estrictas que las que se han tomado por parte del Gobierno español y de las comunidades autónomas. Una creciente desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los políticos en general es una de las consecuencias que la pandemia ha tenido para muchos de los encuestados, no muy lejos de la intranquilidad o la preocupación por la salud.

El indicador de confianza política del CIS muestra una clara tendencia a la baja desde la crisis de 2008, con algunos repuntes, muy significativos, cuando las elecciones abren la puerta a una expectativa de cambio. Que puede haber una relación entre la generación de expectativas positivas y la esperanza que la ciudadanía deposita en un nuevo gobierno es algo que constata, por ejemplo, la tesis firmada por el doctor en Ciencia Política Roser Rifà y publicado por la Universitat Autónoma de Barcelona en 2017, precisamente sobre la evolución de la confianza en las instituciones políticas españolas. Un aumento de la confianza que, sin embargo, es poco duradero, como él mismo reseña.

La politóloga y profesora de sociología de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de infoLibre Cristina Monge conoce bien cómo funciona la confianza en las instituciones. Los datos del CIS, recuerda, muestran que la confianza en las instituciones baja en momentos de crisis. Por eso “hay un bajón enorme a partir de 2011”, aunque “se empieza a recuperar un poquito hace dos o tres años, pero sin llegar a los niveles previos al 2011”.

Son pocos los estudios que analizan cómo la pandemia y sus graves consecuencias económicas está afectando a la confianza ciudadana en estos momentos. Monge llama la atención sobre una tendencia preocupante: “todas las crisis económicas generan un proceso de desconfianza en las instituciones, pero cada una de ellas genera un poso, de tal manera que en la siguiente crisis la confianza parte de más abajo. La desconfianza se va acumulando de unas crisis a otras”. “Hace mucho tiempo que los políticos están entre los cinco o seis primeros puestos” cuando se pregunta por los principales problemas de España, “pero en pandemia han llegado al primero y al segundo puesto”, advierte.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, coincide con este análisis. “La confianza en las instituciones en España tradicionalmente ha sido baja”, pero “a partir de la crisis económica de 2008 la bajada de la confianza fue brutal”. España fue en su opinión el país ese Europa que más sufrió este fenómeno, algo que Monge relaciona además con la aguda polarización del país.

Cristina Monge: “En los países con más polarización, como España, la desconfianza crece más”

“En los países con más polarización, como España, la desconfianza crece más”, apunta la socióloga. "Ahora mismo —recuerda— con la pelea en torno al horario del toque de queda, lo que los ciudadanos perciben no es debate sobre lo correcto, sino que en plena tercera ola los políticos sólo están 'a la greña'”. Y “el primer mandamiento de la política es que tiene que ser útil”. “Con la polarización permanente, la primera víctima es la democracia. Y los propios partidos, todos, sin excepción”. En los días que siguieron a la nevada, a las personas que no podían salir a la calle o ir a trabajar no les importaba de quién son las máquinas quitanieves. “Cuando uno tiene ese malestar, dispara contra todo lo que se mueve”.

Villoria corrobora que existe cierta oscilación cuando hay elecciones o un cambio que implica expectativas de mejora. Ocurrió de forma “muy fuerte, muy sorprendente, en el último trimestre de 2019, y tiene probablemente que ver con la llegada del nuevo Gobierno, que generó una ilusión mayor. Los datos están ahí, en los eurobarómetros”.

Y aunque la evidencia demoscópica es menor que antes de esa fecha, los datos del CIS vienen a indicar que “ese deterioro, que se viene produciendo sobre todo a partir de la crisis económica de la gran recesión, ha vuelto. Y con una fuerza enorme”.

La culpa es de la pandemia, opina Villoria, y las tensiones que genera, económicas y sociales. Pero también de “la propia dinámica de la vida política, que cuando llega un test de estrés se demuestra que no está en condiciones de hacer frente a los problemas de los españoles”. “La pandemia nos muestra, y ahora también la nevada, que en el momento en el que se someten a un test de estrés, nuestras instituciones y nuestra clase política, sobre todo la clase política, fracasan”.

Pero no todo el mundo está de acuerdo. Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que los estudios disponibles (aquí y aquí) indican todo lo contrario: un aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En todo el mundo y también en España. 

Lluís Orriols: “No estamos viendo el deterioro que vimos hace diez años”

Orriols confirma que las crisis económicas suelen dañar la confianza en las instituciones, pero en este caso asegura que no hay evidencias que confirmen que eso esté pasando. Probablemente, aventura, porque la respuesta de los gobiernos a los problemas económicos está siendo muy diferente a la que tuvo lugar durante la gran recesión. “Las crisis económicas arrastran normalmente la confianza en los gobiernos y en ocasiones incluso al régimen. Pero no estamos viendo ese deterioro que vimos hace diez años”. La prueba, argumenta, es la suerte que han corrido los gobiernos. “Si hubiera un enfado con las instituciones acabaría en terremoto para los gobernantes y no estamos viendo castigo electoral. Así lo vimos en la crisis de hace diez años”.

El profesor de la Carlos III se cura en salud y subraya, no obstante, que esto es lo que se observa “hasta ahora”. Porque “una cosa es lo que se ve en la superficie” y otra muy distinta las “corrientes de fondo” que puedan existir y aún no son visibles. O la posibilidad de que la población tenga “umbrales de tolerancia que puedan superarse” en el futuro.

Sí observa Lluís Orriols una consecuencia negativa: un aumento de las “demandas tecnocráticas” a la hora de tomar decisiones y una tolerancia mayor a las “medidas iliberales”. La gente acepta mejor que “los poderes públicos invadan la esfera privada”, un fenómeno que considera “claramente derivado de que la única forma de luchar contra una pandemia es restringiendo libertades”. Se trata de algo que en sí mismo es inocuo, subraya, siempre que se agote con la pandemia. Otra cosa es que lo aprovechen actores políticos como los populismos de extrema derecha para promover cambios “estructurales”.

Cristina Monge comparte una reflexión que, a su juicio, valdría la pena investigar. “Cada vez confiamos menos en las instituciones, pero cuando viene un problema gordo, ¿a dónde miramos?”. Es una paradoja, “porque cada vez decimos que desconfiamos más, pero seguimos manteniendo” la mirada puesta en “lo público como un elemento central en nuestras vidas, sobre todo cuando vienen mal dadas”, como sucede en un evento como la pandemia o una tormenta de nieve.

Un vecino utiliza sus propios medios para intentar despejar una calle de Madrid invadida durante días por el hielo.

Ha sido al final, pone como ejemplo haciendo referencia a las consecuencias de Filomena, “ha habido gente que después de diez días esperando” y al ver que su calle seguía impracticable, se ha organizado. “Unos han contratado a una empresa y lo han pagado entre los vecinos de la calle. Otros han cogido la pala y se han puesto a quitar nieve como han podido. Pero eso ha sido una reacción posterior, cuando efectivamente se ha visto que las instituciones no hacían su trabajo”.

Es lo que hicieron, por ejemplo, los voluntarios de los cuatro por cuatro,voluntarios los vehículos privados todoterreno que se organizaron para ayudar a trasladar personas que lo necesitaban cuando las calles y muchas carreteras permanecían intransitables para otros vehículos, incluido gran parte del parque móvil de los servicios de emergencias.

Fue uno de estos cuatro por cuatro el que trasladó a Cristina Sanz, médica del centro de salud de Villarejo de Salvanés, para que pudiera dar relevo a una compañera que llevaba 48 horas trabajando aislada por la nieve sin ayuda de ninguna institución pública. Sanz narró hace unos días a la Cadena SER la situación de abandono del centro en el que trabaja, en el que por no tener a menudo carecen hasta de conexión a Internet y línea telefónica, lo que condiciona todo su trabajo, incluida la realización de test PCR y el rastreo de contactos en un área de atención con una incidencia por cada 100.000 habitantes superior a 2.000 personas.

Cristina Sanz: “A las instituciones les damos igual”

“Nos hemos visto desbordados; no damos abasto”, explicó esta profesional sanitaria que desde junio encadena 25 contratos. “La gerencia [sanitaria] no ofreció ninguna solución. A las instituciones les damos igual. Llevamos un año así. Parece que les da igual”. “Estoy muy enfadada con que se lleven años recortando los servicios públicos. Esto no sale de la nada y ahora es lo que tenemos”, lamentó.

Esa queja la comparten todos los ciudadanos con los que ha hablado infoLibre y que de un modo u otro han sentido en primera persona las consecuencias del abandono de “lo público”.

El movimiento vecinal madrileño sabe de esas carencias. Las ha vivido en primera persona desde que comenzó la pandemia —con la puesta en marcha de grupos de apoyo mutuo y despensas solidarias— y ha visto cómo se repetían durante la nevada—teniendo que montar grupos para abrir el paso hacia centros de salud, supermercados y colegios—.

Jorge Nacarino, responsable de la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, confirma que se trata de un debate abierto, aunque en última instancia los vecinos diesen un paso al frente. “Al final lo que nos importaba por encima de todo son nuestros propios vecinos. Somos parte de una comunidad y al final lo importante es que nadie pasara hambre” durante la pandemia o que todo el mundo “pudiera acudir a su centro de salud, al supermercado más cercano o al colegio” a pesar de la nieve y el hielo. “Lo hemos hecho por eso, pero sí que es cierto que hay un debate sobre por qué tenemos que ejercer un papel que debería hacer la propia administración”.

Lo ocurrido, en su opinión, demuestra que “la administración muchas veces no llega a muchos sitios a los que sí que llega el tejido social”. A pesar de que a menudo algunas instituciones o los grupos de la ultraderecha desprecian al movimiento vecinal tachándolo de “chiringuito”. Cuando llegó la nevada, recuerda Nacarino, fueron esos “chiringuitos” los que estuvieron “en la calle haciendo caminos vecinales y asegurando que nuestros vecinos pudiesen ir a su centro de salud o al supermercado para poder comer” mientras “los señoritos que nos acusaban estaban todo el día tuiteando porque a Donald Trump le habían quitado su cuenta de Twitter”.

Jorge Nacarino: “Desmantelar lo público lo que nos hace es perder capacidad de respuesta como sociedad cuando es más necesario”

El debate al que se refiere el dirigente vecinal madrileño versa sobre cómo se han ido debilitando en general los servicios públicos y cómo se delega esa responsabilidad en los ciudadanos. “Cuando nos quejamos de que el servicio público de empleo no nos atiende o que ha habido el problema que ha habido con los ERTE, tiene que ver con una política que durante siete años se ha dedicado a no contratar funcionarios y luego, cuando vienen mal dadas, nos damos cuenta de que la plantilla está envejecida y no tiene capacidad para dar respuesta a una crisis”, explica. “Durante años, nos han venido a decir que la administración sobraba, que los funcionarios sobraban”. Pero “ahora muchos se dan cuenta de que desmantelar lo público lo que nos hace es perder capacidad de respuesta como sociedad cuando es más necesario”.

Nacarino no tiene duda: “Aquellos países que tienen una administración potente, donde no se han desmantelado de la misma manera los servicios públicos y no se ha apostado por una privatización, la capacidad de respuesta es mayor”. Si has tenido una política de“desmantelamiento de los servicios públicos, como es el caso de Madrid, cuando llega un momento de crisis es muy difícil que de la noche a la mañana tengas capacidad de respuesta”.

Manuel Villoria: “Es como pretender hacer una carrera con un motor averiado”

Villoria lo expresa con una metáfora. “Es como pretender hacer una carrera de coches con un motor averiado. Nuestro motor son las administraciones y las instituciones y no funciona como el mundo empieza a demandar. El mundo va a una velocidad y nuestras instituciones todavía no están preparadas para correr esa carrera”. Hoy falta poner “al día” ese motor en una carrera que se basa “sobre todo en el conocimiento, los datos, la investigación y la capacidad de generar previsiones y escenarios suficientemente sólidos”.

Maribel Barreiro vive en Vigo y trabaja en una residencia de mayores, quizá el sector que mejor encarna el abandono de los servicios públicos. Es también portavoz del colectivo Traballadoras de Residencias de Galicia (Trega). Al principio de la pandemia, cuando más temían que el virus entrase en sus centros y “barriese” a los residentes, no se lo podían creer. “Estábamos anonadadas viendo cómo se estaban tirando los trastos en el Congreso y no había ningún tipo de solución. Cada uno tiraba por su lado cuando tú, como ciudadana, estabas diciendo: vamos a ver, os están diciendo que hay que tener un poco de unidad, estamos en plena pandemia, se está muriendo gente todos los días”.

Barreiro cree que aún hoy no se está dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos ni mucho menos a las de los trabajadores de su sector. “Te encuentras un poco tirado. Y en el día a día tampoco sabes muy bien cómo actuar: había órdenes contradictorias”.

Maribel Barreiro: “Nadie hizo caso a las carencias. No sé si es porque los viejos no votan o porque somos pocos”

Esa sensación de desatención sigue viva ahora, en plena tercera ola, cuando la incertidumbre vuelve a apoderarse de las residencias. “Sigue habiendo un montón de brotes importantes” y cuando la Xunta interviene un centro no siempre moviliza personal adicional para hacer frente a las bajas de personal que provocan los positivos por covid-19. En la residencia en la que trabaja Barreiro ya les han puesto la segunda dosis de la vacuna, pero sigue habiendo muchos nervios. “Hubo una falsa alarma el fin de semana y la gente estaba histérica. Una con una crisis de ansiedad, otra llorando. La gente está tan nerviosa, tan saturada, que a la mínima saltan. Han sido meses muy duros, con miedo a tener la enfermedad, a contagiar a los residentes o a llevarte el virus a casa”. Muchas de sus compañeras, sin otro recurso a su alcance, optaron por irse a vivir solas para no correr el riesgo de infectar a alguien.

Visto en perspectiva, “lo que hizo la pandemia fue visibilizar unas carencias que son de muchísimos años atrás, pero que hasta ahora nadie les hizo caso”, concluye. “No sé si es porque los viejos no votan o porque somos pocos”.

Cristina Monge confiesa que cuando empezó la pandemia tuvo la esperanza, rápidamente disipada, de que los políticos aprovechasen la crisis para recuperar el valor de lo público. Si se “gestionaba un poquito bien había una oportunidad estupenda de recuperar confianza”, pero “no está siendo así”. Según sus datos, sí ocurrió en otros países europeos, al menos durante la primera ola. Pero ha sido allí donde todo el país ha cerrado filas en torno al Gobierno. Aquí el Gobierno “lo intentó”, reconoce, “con esa metáfora de la guerra”, que buscaba señalar “un enemigo externo común a todos”, pero no funcionó.

La percepción social de lo público está condicionada por la situación personal y la información accesible. Y esta, a menudo, sufre las consecuencias de la polarización política y mediática, así como del efecto resonancia de las redes sociales, que por su propio diseño tienden a extremar las posiciones. La consecuencia es que la opinión de los ciudadanos no necesita una base real sobre la que asentarse: a menudo le resulta suficiente encontrar apoyo en prejuicios y en la necesidad de navegar la realidad con el timón de lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación: tendemos a buscar y recordar lo que ratifica lo que ya creemos y a descartar o ignorar lo que nos contradice.

De hecho, no tenemos indicadores objetivos que permitan juzgar si la tarea de una administración es eficaz o no. Si ha actuado correctamente o si, aun dando lo mejor de sí misma, se ha visto sobrepasada. Y no existen no porque no sea posible establecerlos sino porque España no dispone de herramientas suficientes de evaluación de las políticas públicas. Lo más parecido que existe es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuyo primer presidente fue José Luis Escrivá, hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escrivá, en la cuota socialista del Gobierno, ya admitía en octubre de 2019 un “déficit evaluador” en las políticas públicas. La culpa tiene su origen, según la Airef, en cuatro grandes carencias: falta cultura de análisis y seguimiento, cultura de examen basado en la evidencia, un inadecuado seguimiento de las recomendaciones y falta de integración en los presupuestos.

Antes existió la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), nacida durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Las consecuencias

Es difícil imaginar qué consecuencias puede tener dejar que la confianza en las instituciones siga deteriorándose. Cristina Monge asegura que “se ha analizado bastante mal el populismo”, que “viene precisamente de la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas”. Trump se fue de la Casa Blanca, admite, “pero el trumpismo goza de buena salud”.

En Europa, señala, ocurre “tres cuartos de lo mismo”. Y “es un momento crítico porque ahora, a los ojos de mucha gente, ya hay una alternativa”. Apoyada “en Estados Unidos por 75 millones de votantes que ya no tienen como bien supremo defender la democracia, porque la pueden sacrificar en favor de otras cosas. Tienen otras prioridades”. Algo que es fácil trasladar a España, donde Vox se convirtió en tercera fuerza en las elecciones de 219 y al que las encuestas de las catalanas pronostican un magnífico resultado.

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“Hemos vivido con un sistema de democracia liberal muy exitoso en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora y ese modelo da ya signos de agotamiento”, advierte Monge. ¿Qué hay que hacer? “Profundizar en democracia”, afirma sin titubear. La solución es “más democracia”, nuevos mecanismos de participación y nuevas herramientas de deliberación.

Y hace una última reflexión. “Cuando hablamos de desconfianza en las instituciones, pensamos en los políticos. Pero igual también deberíamos hacer una reflexión desde los medios de comunicación. ¿Qué papel estamos jugando? ¿Estamos ayudando a construir una sociedad más democrática o todo lo contrario?”. Lo mismo debería hacer la sociedad civil. “Porque es muy fácil tener un chivo expiatorio con el político de turno” sin preguntarte si tú, “como sociedad civil, estás asumiendo tu responsabilidad y tus obligaciones para construir una sociedad democrática”.

Estamos en un momento, sostiene, en el que “es muy importante” que todos, el sector público por supuesto pero “también el sector privado —que tiene mucho que decir, por ejemplo, en temas de corrupción—, los medios de comunicación, la gente que nos dedicamos a hacer opinión y análisis, el mundo académico y la sociedad civil nos preguntemos qué estamos haciendo”: aportar para “construir una sociedad democrática” o contribuir a señalar “un chivo expiatorio y quejarnos de lo mal que está todo”.