Los sindicatos estudian llevar a los tribunales el 'robo' de sanitarios para el hospital de pandemias de Ayuso

Es solo cuestión de tiempo que María –nombre ficticio– tenga que enfrentarse a la disyuntiva de dejar el hospital en el que lleva meses dejándose la piel para trasladarse al Enfermera Isabel Zendal o renunciar a su puesto de trabajo. “Soy la siguiente en la lista para Interna”, cuenta. La intensivista, que desempeña sus funciones en un centro de referencia de la región, fue una de las muchas profesionales del sector que, una vez llegada la pandemia, se agarró como un clavo ardiendo a los contratos de refuerzo covid. “Era más largo de lo habitual, lo que ofrecía algo más de certidumbre”, explica al otro lado del teléfono. El problema, continúa, es que al final lo que se estaba firmando era “un cheque en blanco” que los ha terminado convirtiendo en mercancía a la que recurrir para llenar de profesionales el nuevo centro de Valdebebas. Si se niegan, están fuera. Y las herramientas de presión a su disposición para evitarlo son escasas. “Nos planteamos no renovar en bloque”, dice. Algunos lo hicieron y cogieron la puerta de la privada. Otros, sin embargo, acabaron pasando por el aro. Porque en un sector en el que también existe la precariedad, al final lo que más pesa en ocasiones es llevar un sueldo a casa.

El caso de esta intensivista, que como tantas otras prefiere mantenerse en el anonimato, ejemplifica la situación a la que buena parte del personal sanitario contratado por el Ejecutivo regional como refuerzo durante la pandemia está teniendo que hacer frente desde que se abrieron las puertas, el pasado diciembre, del centro convertido en la joya de la corona de la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un “castigo” que los sindicatos llevan meses intentando frenar. Eso sí, sin mucho éxito hasta el momento. A pesar de todas las reuniones mantenidas con los altos cargos de la Consejería de Sanidad, la administración autonómica no da su brazo a torcer. Ni se van a suspender los traslados forzosos al centro, ni se va a dejar de penalizar a los profesionales que rechacen ir hasta Valdebebas ni, por supuesto, va a contratarse a más personal, ya sea para cubrir los agujeros que dejan estos sanitarios en sus hospitales de origen o para construir una plantilla propia alrededor de la nueva infraestructura sanitaria. “Ya nos han dejado claro que no va a dedicar ni un euro más a recursos humanos”, explican fuentes sindicales en conversación con este diario.

A lo largo de esta semana, los cinco sindicatos con más músculo en la región se han reunido hasta en dos ocasiones con los altos cargos del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. El primer encuentro de la Mesa Sectorial se produjo el pasado martes. Y de él ya salieron con mal sabor de boca. No hubo movimiento, ni a uno ni al otro lado de la mesa, tal y como dejaron claro en un escueto comunicado de apenas un párrafo. Sin embargo, quisieron esperar para ver lo que podía salir de un nuevo cónclave cuarenta y ocho horas más tarde. La reunión se fijó para el mediodía por videoconferencia. En ella participaron los directores generales de Recursos Humanos, Infraestructuras y Económico y la persona al mando del Zendal, Fernando Prados. Las conclusiones no se conocieron hasta cuatro horas y media después. Y el comunicado conjunto de los sindicatos, algo más duro que los anteriores, ya dejaba entrever que Sanidad se mantenía enrocada: “Consideramos que estos asuntos ya han sido tratados durante suficiente tiempo, la negociación se ha vuelto inviable y en los próximos días evaluaremos los siguientes pasos a dar”.

Por el momento, las asesorías jurídicas de los cinco sindicatos están en contacto permanente mientras analizan con detenimiento toda la estructura jurídica alrededor de este centro y de los traslados forzosos de profesionales hacia él, buscando todos los recovecos normativos que les permitan paralizar estos movimientos obligatorios por la vía de los tribunales. “Se está estudiando cómo podemos llevar a cabo esta ofensiva legal”, cuentan desde CCOO. Desde Amyts explican que la de las demandas es una de las principales bazas de ataque que tienen sobre la mesa en estos momentos, aunque señalan que no pueden dar muchos más detalles hasta que los abogados tengan listo el informe jurídico en el que se está trabajando, que tardará un tiempo dada la “complejidad” del asunto. “Es una posibilidad para intentar hacer entrar en razón a la administración. Cuando hay dos partes que no se ponen de acuerdo, al final tiene que intervenir una tercera”, dicen desde UGT. Aunque desde el sindicato reconocen que este tipo de acciones tienen que ser la última arma en una negociación, el inmovilismo de la administración ha puesto a los juristas de los cinco colectivos a trabajar intensamente.

¿"Asistencia sanitaria" garantizada?

Desde los sindicatos no aportan muchos datos de por dónde puede ir la argumentación jurídica. “No queremos dar mucha información para evitar que el Gobierno pudiera adelantarse a nuestros pasos”, dicen. Pero ofrecen algunas pistas. Por ejemplo, Julián Ordoñez, de UGT, habla de la necesidad de que cualquier centro hospitalario que abra sus puertas cuente con sus propios recursos. “Debe tener una plantilla orgánica, que es algo que en este caso no existe”, recalca. “Cuando se da de alta y se registra, se exige que se deje claro quién va a conformar este equipo, qué titulaciones tienen…”, insiste el presidente de Amyts, Julián Ezquerra. En la misma línea se pronuncia Clara Tomás, abogada laboralista de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), quien señala que no importa si se trata de un centro con carácter autónomo o si está ligado a otro de referencia del Servicio Madrileño de Salud. “Toda dotación pública debe contar con una relación de puestos de trabajo y con una dotación presupuestaria. Aunque no fuera un hospital más y funcionara, por ejemplo, como una ampliación del Gregorio Marañón”, dice al otro lado del teléfono.

También ponen el foco en el Real Decreto Ley 29/2020 del pasado mes de septiembre sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, en el que se apoya la administración madrileña para recurrir a los traslados forzosos. Es cierto que este texto facilita la movilidad de profesionales sanitarios entre diferentes servicios y centros en función de las necesidades, pero deja claro que tal movimiento será de forma “excepcional y transitoria” y siempre que la “asistencia sanitaria” quede “garantizada” en sus “centros de origen”. Hay dudas sobre que el primero de los dos requisitos se esté cumpliendo, en tanto que el Zendal no es, ni mucho menos, un hospital de campaña con un carácter temporal. De hecho, el Ejecutivo madrileño, desde que arrancó su construcción, ha insistido por activa y por pasiva en que las instalaciones permanecerán de forma estable. “Con la tecnología más avanzada, servirá en catástrofes, epidemias, listas de espera… Descongestionar hospitales”, señalaba la presidenta madrileña en sus redes sociales el mismo día de la apertura, a bombo y platillo, de las instalaciones.

Y, del mismo modo que habrá que analizar esto, también deberá estudiarse, apunta Ezquerra, si la asistencia sanitaria queda garantizada en unos centros de origen que cada vez se encuentran más saturados durante la tercera ola de la pandemia, con una ocupación de pacientes con coronavirus en las UCI estructurales que ya sobrepasa el 100% en la región –46% si se tienen en cuenta aquellas camas con otras funciones pero que pueden readaptarse para críticos–. En este sentido, desde CCOO ya avisaron esta semana que las plantillas de los hospitales de la red pública se encuentran cada vez más mermadas. En este sentido, señalan que ya se han perdido cientos de profesionales por los traslados forzosos al centro de Valdebebas, a los que se suman unos 1.600 sanitarios de baja por coronavirus y “una cifra indeterminada” de trabajadores “con incapacidad temporal por otras enfermedades” durante la tercera ola. Un agujero que, avisan, “está poniendo en jaque algunos servicios muy saturados”. Por eso, señalan que la única “posibilidad de equilibrio” pasa por contratar “una plantilla propia” para el Zendal.

Casi una treintena de renuncias en el Puerta de Hierro

A mediados de semana se encontraban trabajando en el hospital de pandemias, que ya cuenta con algo más de seis centenares de camas abiertas, un millar de personas, de los cuales 864 son del Servicio Madrileño de Salud y el resto corresponden a empleados de empresas externas para cuestiones como la limpieza o la informática, según los datos que facilitó el departamento de Enrique Ruiz Escudero en la última reunión de la Mesa Sectorial. De ellos, los sindicatos calculan que algo más de 600 sanitarios han llegado de forma forzosa procedentes del resto de centros de la región. En algunos casos, en masa. Según las cifras recopiladas por los delegados de CCOO, el Hospital La Paz ha perdido ya un centenar de profesionales a favor del Zendal, a los que se sumaría otros 134 que se encuentran de baja por coronavirus. Es casi la misma cifra que recogen en el caso del Doce de Octubre –93– y el Ramón y Cajal –99–, el hospital con mayor presión por coronavirus junto con el centro de pandemias: a comienzos de semana, en sus instalaciones había dos centenares de positivos y algo más de una treintena en las unidades de cuidados críticos.

Más complicado es tener una imagen completa de la cantidad de sanitarios que se han perdido ya por haber renunciado a su contrato para no desplazarse al Zendal. “En este momento no dispongo de esos datos”, respondió el titular de Sanidad este viernes en rueda de prensa. Pero estas negativas se están produciendo. Desde CCOO calculan que en el Hospital Puerta de Hierro, donde han perdido ya 27 profesionales a favor de las instalaciones de Valdebebas, el número de profesionales que han decidido dejarlo todo e irse a su casa se acerca a la treintena. Y ello a pesar de la penalización a la que se enfrentan: la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, acordó vía instrucción remitida a los hospitales que no se pueda contratar de nuevo en el mismo centro, por cualquier otro motivo, a un profesional que rechace la adscripción temporal para desarrollar su labor en el Zendal. Una cuestión en la que se ha vuelto a insistir por correo electrónico en varios centros de la región en los últimos días y que los sindicatos consideran un “castigo”.

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La dificultad de presionar en el corto plazo

Tomás expone que la situación es “complicada”. Tiene claro que todos aquellos profesionales que salieran de la Bolsa de Empleo y tengan ahora un cargo activo previo a los contratos covid, como por ejemplo para cubrir una baja por maternidad, no se les podría obligar a nada. Otra cosa sería, y habría que estar atento a ello, si se les anticipase el fin de sus labores para devolverlos a la Bolsa de Empleo y así ofrecerles un contrato de refuerzo por la pandemia con envío directo a Valdebebas. “Ahí habría opción a impugnar por vulneración de derechos fundamentales”, considera. Sin embargo, a su juicio, aquellos que ya están fichados con un contrato covid lo tienen más complicado, lo que no quiere decir, aclara, que no puedan impugnar sus traslados. “Por ejemplo, si se han saltado los criterios establecidos para llevar a cabo estos movimientos”, dice. Sin embargo, para eso el trabajo tiene que hacerse de forma individualizada, porque cada caso es un mundo, por lo que puede traducirse en un aluvión de impugnaciones. En este sentido, los sindicatos ya han pedido que todo aquello relacionado con estos traslados se dé por escrito a los sanitarios.

Los sindicatos son conscientes de que la vía judicial no es un método de presión inmediato y que los procedimientos se demorarán en el tiempo. Por eso, están tratando de buscar otro tipo de acciones que puedan ser contundentes en el corto plazo. Sin embargo, su margen de maniobra es muy limitado teniendo en cuenta el estado de la pandemia en la región actualmente. “No podemos organizar una huelga en estos momentos, estando los hospitales como están. Ahora mismo, hay que atender a la gente y descansar lo que se pueda”, apuntan desde CCOO. Es un punto de vista que comparten desde UGT y Amyts. “Somos responsables y consecuentes con que existe una crisis sanitaria brutal y que medidas de este tipo, a día de hoy, nunca se sabe dentro de unas semanas, no podemos adoptarlas. Porque, además, es muy difícil que un parón cale ahora mismo o sea visto con buenos ojos tanto por los profesionales sanitarios como por la población”, explica Ezquerra.