Crisis del coronavirus
Los jueces comienzan a suspender los desahucios y el pago del alquiler a hosteleros arruinados por la pandemia
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El dueño de un local de copas en el centro de Madrid acudirá estos días a los Juzgados de lo Civil. Y presentará una demanda contra su casero, un fondo buitre propietario de más de 10 inmuebles (por lo tanto, un "gran tenedor") que se niega a rebajar el alquiler desde que afloró la pandemia. El demandante pedirá lo mismo que han resuelto otros tribunales de Madrid, Barcelona o Benidorm: la prohibición de ser desahuciado y una rebaja del arrendamiento de al menos el 50%, sin descartar el 100%.
El denunciante tiene jurisprudencia sobre la que asentarse. Según ha recopilado infoLibre, media docena de magistrados han decretado ya medidas cautelares contra la ejecución de avales bancarios y se han mostrado proclives en sus resoluciones a reducir entre un 50% y un 100% los alquileres de los establecimientos ante el desplome de los ingresos por la ausencia de actividad comercial, debido indiscutiblemente a las continuas restricciones que se imponen por el covid-19.
Es una vía de momento marginal que acabará elevándose a instancias superiores. Los comerciantes aseguran que hay un vacío legal en la concesión de ayudas que puede beneficiar tanto al casero como al comerciante, en función del juez que resuelva. Pero por el momento, un puñado de autos judiciales han sido estimados apuntando a la crisis que atraviesan los negocios, incluso a pesar de haber recibido líneas de financiación desde que se decretara el estado de alarma en marzo de 2020.
El primer recurso estimado fue en Benidorm el pasado 7 de julio por parte del Juzgado de Primera Instancia Número Dos. El denunciante, empresario de un "negocio de hostelería y restauración", obtuvo la "suspensión de forma parcial y temporal de su obligación del pago de la renta" además de la "prohibición a la arrendadora de presentar demanda de desahucio durante la tramitación del proceso".
Xanadú quiere desahuciar franquicias
Este y todos los demás autos tienen un patrón común: se basan en el principio del Derecho Rebus sic stantibus, que jurídicamente significa que todo contrato podrá ser revisado siempre que concurran circunstancias nuevas que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones reflejadas en el documento. La causa sobrevenida que altera el contrato en este caso es obvia: el coronavirus y las restricciones para frenar los brotes.
El 25 de septiembre de 2020 el Juzgado de Primera Instancia Número 81 de Madrid estimó las cautelares solicitadas por una sala de fiestas cuya actividad fue interrumpida por la pandemia, no pudiendo volver a reanudarla luego. El juez aceptó dos medidas: cuando reabra (aún no lo ha hecho), una reducción del 50% de la renta que venía abonando el establecimiento antes de la pandemia (tomándose como referencia lo abonado en febrero de 2020) y la suspensión total del pago de la renta si la sala está cerrada.
El 29 de septiembre, solo cuatro días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero acordó igualmente la suspensión cautelar de la ejecución de un aval bancario (desahucio) a un local del centro comercial Xanadú, un megacomplejo comercial al suroeste de Madrid. Xanadú reclamaba al local 10.800 euros por no ejecutar el aval, pero para el magistrado queda acreditada "la imposibilidad de la franquicia para desarrollar su actividad". Y lo mismo sucedió el 12 de noviembre pasado en Xanadú: el juez suspendió otra ejecución de aval por valor de 31.434 euros alegando el desplome de ingresos de las franquicias del centro comercial.
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Si se judicializa, "malo"
El presidente de la gran patronal del sector, José Luis Yzuel, reconoce que el goteo de sentencias basadas en el Rebus sic stantibus es cada vez más frecuente. "Pero si un empresario tiene que llegar a juicio con su casero, malo", lamenta Yzuel. "Porque eso quiere decir que hay mala relación entre ambas partes, lo que puede no ser bueno para el periodo post-pandemia". Según Yzuel, es deplorable que muchos caseros no tengan sensibilidad con los arrendamientos de locales que han podido o abrir parcialmente o han tenido que cerrar totalmente, según la comunidad autónoma.
La madeja desigual de ayudas directas a la hostelería, impulsadas por los gobiernos regionales en los últimos meses, y la pésima situación del comercio minorista han llevado a muchos empresarios a optar por la vía judicial. La patronal Cepyme ha dirigido varias guías a sus asociados para renegociar los alquileres de manera amistosa. Algunos de los que no lo han conseguido han encontrado un aliado temporal en la justicia.
