Ir a por la caja b al completo o quedarse en los 900.000 euros de la reforma de Génova, el dilema de las acusaciones

Un examen al completo de la caja B del PP, su funcionamiento y sus fines, o un pequeño análisis que sirva a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar el pago en negro de una parte de la reforma de la sede central del partido, objeto real del esperado juicio que estos días se celebra en la Audiencia Nacional. Esta es la discrepancia que se ha puesto de manifiesto en el primer día de la vista oral entre la estrategia de las acusaciones y que se hará patente en lo que queda de juicio, tanto en el interrogatorio de los acusados como de los numerosos testigos que se irán citando hasta que las sesiones concluyan previsiblemente el próximo mes de mayo.

En este juicio se valorará la presunta irregularidad fiscal acordada en 2008 entre Bárcenas, el exgerente del PP Cristóbal Páez y los socios de la empresa de arquitectura Unifica para que éstos cobraran con dinero negro la reforma de la sede central del PP, ahorrándose el partido casi un 10% de los más de 880.000 euros que costó la obra y que no se declaró supuestamente a Hacienda. En un tono conciliador, pero dejando bien claro cuál es su objetivo en este juicio, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado por completo juzgar al extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros, por cualquier ilícito que no sea un delito contra la Hacienda Pública por lo que se dejó de pagar al fisco en 2007, falsedad documental y apropiación indebida en grado de cooperador necesario por la compra de acciones de Libertad Digital que hizo Álvaro Lapuerta, ya fallecido. De haber una sentencia condenatoria, el PP podría ser considerado responsable civil de los mismos, teniendo que hacer frente a una cuantiosa multa.

Apoyándose en jurisprudencia, ha invocado las conocidas como doctrina Botín o doctrina Atutxadoctrina Botíndoctrina Atutxa para defender que las acusaciones populares no puedan acusar por un delito fiscal correspondiente con el Impuesto de Sociedades de 2008 porque el Ministerio Público no lo hace. También ha rechazado que los acusados puedan ser juzgados por delitos electorales, tal y como incluyen alguna de las acusaciones populares en sus escritos de acusación, al entender que estos hechos no fueron objeto de investigación, o por organización criminal y asociación ilícita.

Es su intención, por tanto, ceñirse a los hechos que dejó delimitados el juez Pablo Ruz cuando puso fin a la instrucción del pago de la sede del partido allá por 2015. En su auto, el magistrado daba por acreditada la caja B en el PP, enviaba a juicio la parte de las obras de Génova, pero al mismo archivabaprovisionalmente la pieza con respecto de las donaciones de empresarios al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas. La investigación se volvió a abrir dos años después a raíz de las revelaciones que hizo el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Así, la estrategia de Anticorrupción en el juicio que ha comenzado este lunes no pasa por que testifiquen aquellas personas que no tengan relación con los hechos objeto de enjuiciamiento o con la pieza separada que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional relativa a las presuntas donaciones finalistas realizadas al PP. Esta investigación se centra en los fondos de los que se nutrió durante décadas la caja B del partido y que ahora Bárcenas ha apuntado a que algunos de los pagos realizados por empresarios lo fueron a cambio de contratos directos con la administración pública. Las acusaciones populares quieren que comparezcan en el juicio esos empresarios, algo en lo que Fiscalía no está de acuerdo, en línea con la defensa del PP.

La pretensión de las acusaciones populares –IU, PSOE, Adade y Observatori Desc– supondría ahondar en cómo funcionaba la caja B –cuya existencia ya ha sido acreditada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo–, qué fondos manejaron Bárcenas y Lapuerta, para qué servían, si se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido o si se financiaron campañas electorales con ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. Para Anticorrupción, estas cuestiones, y sobre todo la posible relación entre donaciones y contratos públicos, que podría implicar delitos de cohecho, es objeto de una investigación diferente. El fiscal, así, sólo busca confirmar en este juicio su acusación, esto es, si la reforma de la sede de Génova se pagó en negro, cuál fue el importe, si se falsificaron documentos y si también se compraron acciones con dinero procedente de esa caja.

Esta ha sido la cuestión principal de la primera sesión del juicio, al margen de la nueva estrategia de defensa de Luis Bárcenas y que aún está por ver todo lo que puede dar de sí, es decir, si el extesorero revelará nuevos datos que sirvan para el esclarecimiento de esta vista oral o la pieza del posible cohecho que sigue abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ya está previsto que comparezca también para declarar todo lo que sabe, o lo que ha anunciado que sabe y quiere contar. La Fiscalía reconoce que lo dicho, de momento, no aporta muchas novedades.

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Estrategia del PP: desacreditar todo lo que diga Bárcenas

El PP, por si acaso, ya se está preparando para desacreditar todo lo que venga de Bárcenas. El abogado del partido, Jesús Santos, ha aportado más de una docena de resoluciones que recogen diferentes declaraciones del extesorero sobre la caja B y a las que, en su opinión, los tribunales no han dado la más “mínima credibilidad”. Entre ellas, figura la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel o la relativa a la destrucción de los discos duros del extesorero cuando fue despedido de la formación política en 2013, en la que el PP resultó absuelto.

Santos ha cargado duramente contra las acusaciones populares al asegurar que la finalidad que éstas tienen en este juicio es el "desgaste y escarnio del adversario político". Esto le ha servido para afirmar que las acusaciones populares no son una pieza esencial del proceso penal y para reafirmar su argumentación ha utilizado el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) presentado por el actual Gobierno de coalición, que propone excluir a sindicatos y partidos políticos de la acción penal "por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político”.