Qué es la 'ley Zerolo': la norma que impulsa el PSOE llega al Congreso sin acuerdo con Unidas Podemos

A finales de enero una nueva batalla emergía en el Gobierno. Esta vez, en torno a áreas abanderadas tradicionalmente por los socialistas, ahora en manos del equipo morado dentro del Ejecutivo: igualdad y diversidad. El Grupo Socialista registraba el pasado 21 de enero la proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, bautizada bajo el sobrenombre de ley Zerolo. Lo hacía en solitario, rompiendo según Unidas Podemos con el compromiso de presentar el proyecto de manera conjunta. Poco después, trascendería el borrador de la Ley Trans que en Igualdad consideraban muy ultimado y que la parte socialista rechaza y asegura que no ha sido consensuado.

La ley Zerolo aterriza este martes en el Congreso para su toma en consideración, es decir, para que el Congreso decida si la tramita. El proyecto normativo por la igualdad de trato no es nuevo. El Parlamento la acogió hasta en dos ocasiones –en 2011 y posteriormente en 2019–, sin éxito, y es una reivindicación histórica de las organizaciones antirracistas. En la justificación de la ley, los socialistas señalan que "la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas". Por tanto, razonan, es una ley de "derecho antidiscriminatorio específico, que viene a dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir".

Mientras esta norma nace en el seno parlamentario, las otras dos leyes por la igualdad previstas en el pacto de Gobierno –la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans– se fraguan directamente en la cartera de Irene Montero. Las tres leyes, contenidas en el epígrame "un país Orgulloso de su Diversidad", son los tres pilares sobre los que se sostiene el compromiso gubernamental contra la discriminación. Sin embargo, los roces entre las dos partes han roto los planes inicialmente previstos. 

El registro de la llamada ley Zerolo ha sido interpretado por los morados no sólo como una ruptura de lo acordado, sino como una amenaza para las otras dos leyes. Hasta ahora, la pretensión de llevar la Ley Trans y LGTBI al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero ha caído en saco roto. A la espera de informes de Sanidad y Justicia, las leyes han quedado estancadas. A ese inmovilismo contribuye además los muchos desacuerdos entre los socios de Gobierno: Carmen Calvo ha expresado dudas manifiestas sobre las garantías jurídicas de la Ley trans. Las negociaciones, en consecuencia, están paradas. Igualdad confía, según las fuentes consultadas, en llegar a acuerdos en base a los consensos de 2019. Aquellos consensos quedaron plasmados en la Ponencia sobre la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, cuyas conclusiones, avaladas también por los socialistas, han sido recogidas en la actual norma.

Y mientras las dos leyes no avanzan al ritmo previsto, la ley Zerolo se abre paso. El PSOE confía en que salga adelante con el apoyo de los grupos. Unidas Podemos todavía no ha decidido cuál va a ser su posición el martes, durante la toma en consideración, ni posteriormente, en plena negociación, debate y votación. Pero sí consideran que la posición de los socialistas pone en riesgo el acuerdo gubernamental: "Se está haciendo oposición al Gobierno y se debe corregir", dijo este martes Enrique Santiago (IU). Un nuevo choque entre los dos partidos que se ha visto, además, acrecentado por las elecciones catalanas.

Según se ha conocido este viernes, el Ministerio de Igualdad ha elaborado un informe "desfavorable" a la ley que recoge el malestar de la cartera. Fuentes del ministerio expresaron su sorpresa ante la filtración de un informe que "suelen realizar todos los ministerios con todas las iniciativas del Congreso tal y como indica el acuerdo de Gobierno". En todo caso, señalan, el registro de la ley por parte del grupo socialista "incumple el acuerdo" y además "se presenta de forma unilateral, rompiendo siete meses de negociaciones". Beatriz Micaela Carrillo, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Violencia de Género, se muestra en conversación con infoLibre convencida de que Unidas Podemos apoyará la ley, porque los pilares sobre los que se erige están en el "ADN de la izquierda" y reflejan una "necesidad urgente de los colectivos". "No puede ser de otra manera", zanja. Respecto al informe del Ministerio de Igualdad, la parlamentaria es rotunda: "No me preocupa para nada".

¿Qué dice la ley?

¿Y en qué consiste exactamente la ley? Se trata de una norma integral basada en el principio de igualdad por sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión, orientación o identidad sexual, enfermedad y situación socioeconómica. Por su carácter integral, establece medidas de no discriminación en sectores como el empleo, la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, entre otros. La norma aspira además a combatir "formas históricas de discriminación como el antigitanismo".

Entre sus medidas, aspira a regular "las reglas de la carga de la prueba, de especial importancia en este campo, por la dificultad de su obtención". Esto significa que cuando una persona alegue discriminación basada en indicios fundados, corresponderá a la parte demandada demostrar lo contrario mediante "una justificación objetiva y razonable". Este precepto no se aplicará, no obstante, a los procesos penales y a los procedimientos administrativos sancionadores.

La ley prevé además el desarrollo de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación y blindará, en paralelo, la tutela institucional mediante la creación de un Comisionado. Este organismo prestará "asistencia y orientación" a las víctimas, podrá crear un "órgano de mediación o conciliación" entre las partes afectadas por un conflicto e iniciar investigaciones sobre posibles situaciones de discriminación, al margen de las que revistan carácter penal.

En el ámbito educativo, velará por la incorporación en el currículo de todas las etapas educativas de "una atención especial al derecho de igualdad de trato y no discriminación", además de la inclusión de "conocimiento y respeto a otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano". En cuanto a la vivienda, las administraciones públicas "garantizarán que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a la igualdad de trato" y combatan la "segregación residencial". Quedará prohibido además "impedir o denegar la compra o arrendamiento de una vivienda" por razones discriminatorias, una práctica que las organizaciones denuncian con frecuencia pero que no tiene consecuencias penales.

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Beatriz Micaela Carrillo recuerda que la norma no es sectorial y tiene vocación no solo preventiva, sino también sancionadora. Aunque la Constitución recoge el principio de igualdad, recalca, la realidad constata la persistencia de "prácticas racistas u homófobas", entre otras: "Que a una pareja de lesbianas no se les permita acceder a la vivienda o que la inmigración sea criminalizada en los discursos constantemente" son ejemplos de ello. Estos hechos, dice, "no tenían recorrido ninguno en el ámbito penal". Precisamente para combatir los efectos de la infradenuncia, uno de los principales escollos que señalan las asociaciones de derechos humanos, se creará "la figura de autoridad única, para acompañar a las víctimas que sufren discursos de odio y discriminaciones en la práctica diaria", señala la parlamentaria. "No se denuncia por desconfianza institucional", recalca, un problema que la ley pretende enfrentar.

También contempla acciones positivas en materia de equidad en el seno de las empresas, aunque de carácter voluntario. Y en cuanto a las sanciones para las infracciones no penales, determina como leves aquellas irregularidades "formales por la inobservancia de lo establecido en la ley". Las graves serán los actos u omisiones que constituyan una discriminación, además de las conductas de represalia. El acoso discriminatorio será considerado una infracción muy grave. Como consecuencia, las sanciones irán de los 300 a los 500.000 euros.

Unidas Podemos recalca que una de las grandes ausencias de la ley, por cuya inclusión el grupo morado asegura haber peleado durante los meses de negociación, es la reforma de la Ley de Extranjería, para que las personas en situación administrativa irregular que hayan sido víctimas de discriminación queden "exentas de responsabilidad administrativa" y puedan solicitar una "autorización de residencia y trabajo". La diputada socialista argumenta que este extremo no está contemplado actualmente –la disposición adicional cuarta, de hecho, fija la no afectación de la legislación en materia de extranjería–, pero resalta que tras su toma en consideración la ley será susceptible de negociación y mejora.