De Casado a Cifuentes: los políticos con másteres 'regalados' se blindan en unos tribunales que prueban las "irregularidades"

Las "irregularidades" que hayan podido cometer profesores, directores de másteres o personal administrativo de universidades no afectan a los políticos que se hayan podido beneficiar de ellas. Así se desprende de casos como el del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En el primer caso, fue el Tribunal Supremo el que apreció ciertas conductas anómalas en el modo en que obtuvo su máster, aunque rechazó investigarle al no apreciar indicios de delito, mientras que en el segundo caso ha sido una sentencia, tras la celebración de un juicio, es la que ha confirmado todo ese proceder irregular. En ambas ocasiones, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como telón de fondo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el curso de postgrado realizado por Cifuentes en el curso 2011-2012, impartido a través del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, estuvo "plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente". Cambios en las calificaciones por personal no autorizado, matriculaciones tardías y falsificaciones de actas rodearon a este curso al menos en el mencionado año, vista la prueba examinada durante la vista oral, en la que antiguos alumnos admitieron que no fueron a clase y obtuvieron el título, otros señalaron que no realizaron ningún trabajo o examen durante el curso y aún así recibieron buenas notas, mientras que algunos reconocieron que no defendieron su trabajo de fin de máster (TFM) y sin embargo en las actas es como si así lo hubiesen hecho.

Más allá de la falsificación del acta de su TFM, sobre la que el tribunal ha absuelto a la expresidenta madrileña al no haber hallado pruebas de que indujera a fabricar el documento cuando estalló el escándalo, la propia Cifuentes relató en su declaración que "no mantuvo contacto con ningún profesor", que no hizo ningún examen porque acordó con Álvarez Conde que se evaluaría a través de trabajos que habría entregado directamente al catedrático y que el 2 de julio de 2012 hizo una presentación de su trabajo final en un acto "informal" ante "dos o tres personas" que no sabe si eran profesores o miembros del tribunal de evaluación.

La sentencia también da por probado que una funcionaria de la universidad cambió las notas tanto de una asignatura –de no presentado a notable– "tras comprobar la calificación del examen realizado a pesar de que Cifuentes manifestó no haber realizado ningún examen", como del TFM. Y todo ello a pesar de que esta funcionaria "no tenía competencias para hacerlo".

Del caso concreto de Cifuentes y de su "actividad como alumna" en el Máster en Derecho", la Audiencia Provincial deduce que de la prueba examinada durante el juicio se ha revelado "un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado". 

Todas estas "irregularidades" que los magistrados han podido constatar durante el juicio y que así han plasmado en su sentencia revelan un modo de actuar del que se pudo beneficiar tanto la expresidenta madrileña como otros exalumnos del máster, pero que, para ellos, no tienen consideraciones penales. Cierto es que Cifuentes se enfrentaba en este caso a una acusación, la de supuesta inductora de falsificación de documento público por la que la Fiscalía solicitaba más de tres años de cárcel, pero finalmente el tribunal no ve acreditada su intervención en la fabricación del acta del TFM.

Esas "irregularidades" el tribunal las enmarca en el entorno de la universidad, no en el de los alumnos, por mucho que éstos se pudieran beneficiar de ello. Es, de hecho, la estrategia que defendió la propia Cifuentes durante el juicio, donde descargó toda la responsabilidad de una mala praxis en el centro educativo, asegurando que ella dio por buenos los documentos que le enviaron con el acta del TFM falsificada cuando se conoció el escándalo y que por eso los exhibió públicamente.

Posible trato de favor

Tras la publicación de las primeras informaciones sobre las irregularidades en el máster en el que estuvo matriculada la exlíder del PP madrileño, salieron a la palestra otros casos similares en los que se habrían producido anomalías a la hora de la obtención de títulos univesitarios. El más sonado fue el de Pablo Casado, que llegó hasta el Tribunal Supremo por estar aforado por su condición de diputado del Congreso. La misma juez que investigaba a Cifuentes remitió una exposición razonada al alto tribunal tras concluir que al presidente del partido conservador le regalaron su máster de la URJC a modo de "prebenda" debido a su "relevancia política".

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Casado nunca fue investigado, pero en el auto en el que el Supremo rechazaba abrir causa sí estuvo de acuerdo en que la universidad pudo dispensar un "trato de favor al aforado" y ello "pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal", aunque no veía "indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo" de Casado con los responsables del máster "para que tal trato le fuera dispensado", condición necesaria para entender que habría prevaricado.

Pero eso sí, los magistrados apuntaban a que la convalidación de créditos de la que se benefició el líder del PP pudo deberse "a un, cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster". Tampoco vieron indicios de ese acuerdo prevaricador en el hecho de que Casado se titulase sin ir a clase, pues "no se pasaba lista y en una asignatura puntuaba sólo con un 10%": "si bien no consta que cumpliese con el otro 90%", dice el Supremo, esto son "actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un acuerdo previo ilegítimo con el profesor".

De nuevo, la conducta del político no implica reproche penal, pero sí se detectan en su caso "irregularidades" que pudieron provenir del entorno universitario. Por un lado, por facilitar la convalidación de 40 créditos del máster y, por otro, de los profesores responsables de que ese político no hubiese asistido a clase, a pesar de lo cual obtuvo su título. El trato de favor del que hablaba el Supremo y la juez de Madrid que investigó el caso Máster.