La comisión de Avalmadrid concluye que hubo un "trato preferente" en el préstamo dado a la empresa de la familia Ayuso

Las operaciones sospechosas realizadas por Avalmadrid durante una década se debatirán, finalmente, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Contra todo pronóstico, la comisión de investigación puesta en marcha hace más de un año en la Cámara regional ha dado luz verde este martes a un dictamen que se construirá sobre los textos que tanto Ciudadanos como Vox pusieron sobre la mesa del órgano parlamentario. El visto bueno ha sido posible gracias al respaldo que ambos documentos han recibido de PSOE, Más Madrid y Podemos. Desde las tres formaciones explican que este movimiento era necesario para evitar que la comisión se cerrara en falso después de meses y meses de trabajo. "Su estrategia pasaba por que cada grupo votase a su propio texto y rechazase los del resto, de forma que ninguno fuera finalmente a Pleno. Por eso, hemos decidido votar a favor de los suyos e incluir el nuestro luego como voto particular", explican las fuentes consultadas. De esta manera, el caso Avalmadrid llegará al hemiciclo con textos en los que, entre otras cosas, se concluye que hubo "un trato personalizado y preferente" en la concesión en 2011 de un préstamo a una empresa de la que eran accionistas los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De los dos textos que irán al Pleno, el más contundente es el puesto sobre la mesa por la extrema derecha. Un documento de algo más de una docena de páginas en el que, entre otras cuestiones, pone la lupa sobre los 400.000 euros que la entidad semipública puso a disposición de MC Infortécnica, una firma de material sanitario de la que eran propietarios cuatro matrimonios, uno de ellos el de Leonardo Díaz e Isabel Ayuso, entonces padres de quien ya había trabajado como asesora para Esperanza Aguirre y llevaba cuestiones de comunicación dentro del PP de Madrid. Un préstamo que nunca se recuperó por completo y que se concedió a pesar de algunas cautelas expresadas en su momento por el analista de riesgos. "Las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente", dice el texto de Vox en sus conclusiones en relación con esta operación, de la que infoLibre estuvo desvelando todos los detalles en el verano de 2019.

Sobre este caso concreto, el documento también remarca que se produjo una "gestión negligente" en el "seguimiento y recobro" del préstamo concedido. De hecho, señala que la "falta de diligencia" por parte de los servicios de recobro favoreció que "los deudores eludieran la responsabilidad patrimonial". Efectivamente, en junio de 2019 quedaban unos 270.000 euros pendientes de recuperar, una cantidad que ahora será mayor debido a los intereses de demora. A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 14 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. Sin embargo, a pesar de los impagos, la entidad nunca impulsó un embargo contra estos bienes. Una pasividad que permitió a los propietarios deshacerse de buena parte de ellos a través de donaciones o ventas prohibidas por ley entre octubre de 2011 y julio de 2012. Es decir, inmediatamente después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y no devolvería el dinero.

Esta parte del texto de Vox viene a completar el agujero que sobre esta operación en concreto existe en el texto de Ciudadanos, el socio de gobierno de Díaz Ayuso. En su dictamen, la formación naranja se limita a mencionar de pasada el asunto y a recordar que el caso no ha tenido recorrido judicial. "El Grupo Más Madrid presentó escrito y documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad el pasado 11 de septiembre de 2019 para denunciar unos hechos ocurridos en 2011 que, a su juicio, podían ser constitutivos de delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019, la Fiscalía dictó decreto por el que acordó archivar la denuncia al entender que de los hechos denunciados no se puede concluir que existan indicios de delito", recoge el documento.

De hecho, el texto de Ciudadanos se escuda en las resoluciones judiciales para no entrar a valorar algunos aspectos relacionados con la entidad semipública, señalada por el Banco de España tras detectar 167 operaciones dudosas por un importe que superaba los 80 millones de euros. Ocurre, por ejemplo, cuando hace mención a un "potencial conflicto de interés" en los préstamos relacionados con Grupo Marsans o Grupo Cantoblanco, concedidos mientras tanto Gerardo Díaz Ferrán como Arturo Fernández, respectivamente, formaban parte del Consejo de Administración de Avalmadrid. "Desde la comisión respetamos las decisiones de la Fiscalía porque lo contrario supondría cuestionar nuestro Estado de Derecho. De modo que, dado que en ambos casos la Fiscalía archivó la denuncia, no debe ser objeto de una consideración posterior por nuestra parte", recogen los naranjas.

Con mayor dureza se expresan, sin embargo, desde Vox en sus conclusiones. Así, por ejemplo, señalan que la entidad semipública ha sido utilizada "como una herramienta de salvamento y socorro" de empresas y empresarios "vinculados con los socios protectores", que ha habido "un injerencia directa" por parte de cargos políticos de la Comunidad de Madrid "para influir en los criterios técnicos de concesión de avales" y que la dirección y administración de la empresa "ha autorizado recurrentemente" operaciones de aval en contra del criterio de los analistas de riesgo. "Haciendo incurrir a la compañía en pérdidas y consumiendo fondos públicos provenientes de la Comunidad de Madrid para restaurar su equilibrio financiero", apunta la extrema derecha en su escrito.

Voto particular de la oposición

Desde la oposición explican que han decidido votar a favor de los dos textos para evitar que la comisión de investigación se cerrase definitivamente sin un dictamen que enviar al hemiciclo. "Ellos querían que cada grupo votase su propio texto y rechazase los otros, de forma que ninguno saliese adelante", explican desde PSOE, Más Madrid y Podemos. Por eso, han dado respaldo a ambos documentos e incluir como voto particular en el dictamen el texto que los tres grupos pusieron sobre la mesa de la comisión de investigación. De esta manera, además de evitar que el tema se muera en el órgano parlamentario, obligan a ambas formaciones a retratarse una vez que el asunto se aborde en el Pleno. "Habrá que ver si estos dos grupos votan en contra de sus propios textos", señalan las fuentes pulsadas. 

Las tres formaciones de la oposición pusieron sobre la mesa un texto conjunto que carga con dureza contra la actuación de Ayuso en relación con el aval concedido a MC Infortécnica. "Consideramos grave la intervención de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ante diferentes cargos en Avalmadrid en defensa de los intereses de su familia, inclusive tras haber accedido al acta de diputada autonómica", recoge su propuesta de dictamen, que considera también que la entidad semipública "no realizó una correcta valoración de los riesgos" a la hora de conceder y aprobar los avales para la firma de material sanitario. Además, los tres grupos políticos califican como "extremadamente grave" que los recursos humanos y materiales de Avalmadrid "se pusieran a disposición" de la propia Ayuso "con el objetivo de suministrarle información confidencial" con la "intercesión" de Eva Piera Rojo, quien fuera miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y viceconsejera de Economía del Gobierno madrileño.

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Del mismo modo, califican de "extremadamente grave" que la presidenta "actuara en conjunto a diversos cargos" de la entidad semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, "para traspasar los bienes de sus padres en favor de terceros, incluida ella misma, con el objeto de no cumplir con las obligaciones adquiridas". En el caso de Ayuso, se refieren a la vivienda de 90 metros cuadrados que recibió como donación por parte de sus padres justo dos meses antes de que MC Infortécnica incumpliese su obligación de devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses.

La oposición considera que en el proceso de recuperación de la deuda de MC Infortécnica se han producido "una gran cantidad de irregularidades que demuestran una evidente dejación de funciones por parte de diversos órganos de la empresa". "La falta de diligencia y vigilancia ha generado un importante perjuicio económico que pudiera haberse evitado simplemente con un cumplimiento estricto de los protocolos de recuperación de deudas establecido por la entidad", concluyen las tres formaciones al respecto. De hecho, en junio de 2019 la cantidad que estaba pendiente de recuperar ascendía a 270.000 euros, una cifra que con el paso del tiempo continúa incrementándose debido a los intereses de demora. Avalmadrid mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del caso Ayuso.

Pero esta operación no era la única que se encontraba bajo la lupa de la comisión de investigación. Durante años, la entidad semipública financió a empresas en situación de quiebra –el Banco de España llegó a señalar más de un centenar de operaciones por más de 80 millones de euros–, algunas de ellas propiedad de empresarios vinculados al PP o con participación directa dentro de Avalmadrid. De hecho, los tres grupos hacen mucho hincapié en la declaración que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado por su participación en la Gürtel, quien durante su comparecencia telemática ante la comisión aseguró que algunos de estos avales se concedieron por orden de la expresidenta regional Esperanza Aguirre. "La aportación es determinante para concluir que el propósito de la Comisión de Investigación queda confirmado. Avalmadrid se utilizó por parte del PP de Madrid", recoge el dictamen.