El Congreso lleva siete años bloqueando la reforma de una ley franquista que impide arrojar luz sobre el 23F

La opacidad es la pareja perfecta de la especulación y del ruido. Este martes, cuando el rey Felipe VI acuda al Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputadosal acto de conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23-F, el monarca transitará por una institución que lleva casi una década, sin éxito y con dudosa voluntad política por parte de las fuerzas mayoritarias, intentando que se desclasifiquen todos los documentos sobre aquellos hechos. En lo que tiene que ver con el 23-F, la opacidad envuelve a la opacidad como un círculo vicioso si se tiene en cuenta que ni siquiera hay un listado, un índice de los informes reservados ni una relación de los documentos existentes o perdidos. Siempre se ha hablado de grabaciones de conversaciones mantenidas durante aquel episodio entre la Cámara y el exterior. De las que pudo mantener la Zarzuela. De las instrucciones que se pudieron dar a las embajadas. O de los datos que recabaron los servicios secretos. Pero de ahí no se ha pasado. No hay nada tangible que permita construir mejor el puzzle de la intentona golpista.

Negar los avances de los que ha sido testigo España en estas cuatro décadas sería faltar a la verdad. Pero hay un elemento común entre la España de hace cuarenta años y la de ahora que precisamente impide conocer algunos de los episodios que todavía a día de hoy giran alrededor del 23F. Como en 1981, en la España de 2021 sigue en vigor una ley de 1968 –sí, preconstitucional, franquista– que bloquea cualquier intento de levantar el velo a todos los documentos referidos al golpe de Estado. Es la Ley de Secretos Oficiales, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 1968. Desde esa fecha, sólo se ha modificado una vez, en octubre de 1978. 

En esencia, la ley fija que podrán ser declaradas "materias clasificadas" aquellos "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Dentro de las materias clasificadas hay dos tipos de categorías, la de secreto y la de reservado. Esas calificaciones sólo pueden hacerlas el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor. Son estos dos órganos los facultados para levantar esos secretos o las informaciones reservadas.

Puede parecer mentira. Pero las legislaturas han ido transcurriendo en el Congreso, determinadas fuerzas políticas han ido presentando iniciativas para modificar esta ley y flexibilizar los plazos a partir de los cuales determinadas materias han de dejar de ser secretas, y nada ha cambiado. La falta de acuerdo y la falta de voluntad política han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas que, o no se han admitido, o han ido caducando a medida que se agotaban las legislaturas con la convocatoria de nuevas elecciones generales.

"Oportunidad perdida" con la Ley de Transparencia

Tampoco se avanzó nada en esta materia en la Ley de Transparencia, que entró en vigor en 2014, lo que provocó que el grueso de los expertos lo calificaran como "oportunidad perdida".

¿Estamos ahora cerca de que un cambio legislativo dé pie a que salgan a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista de 1981 o de la actuación de los GAL? Una vez más, los cimientos están puestos en el Congreso. Otra cosa es la prioridad que se dé a la tramitación y la ambición del texto definitivo en función de las enmiendas que se acuerden. 

No hace mucho de la última vez que se debatió sobre esta reforma en la Carrera de San Jerónimo. Fue el 26 de junio. El Pleno aprobaba con 197 votos a favor, 54 en contra y 99 abstenciones la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, impulsada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 

Los nacionalistas vascos argumentan que aunque la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido que compete al Gobierno, y por ello el acceso de los ciudadanos a materias que pudieran afectar a esta seguridad queda vedado, "no es menos cierto que ese valor y resguardo debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos".

El pasado septiembre, el Gobierno aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020 en el que se recogían "diez prioridades legislativas derivadas del programa" del Ejecutivo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Una de las iniciativas era precisamente la reforma de esta ley. La pretensión era llevarla al Consejo de Ministros antes de que terminase 2020 y el proponente debía de ser el Ministerio de Defensa. No se conocen avances a día de hoy. La idea era, en todo caso, abrir una negociación con los nacionalistas vascos en su calidad de grupo proponente de la única iniciativa de este tipo viva a día de hoy en la Cámara Baja.

Fuentes del departamento de Margarita Robles aseguran a infoLibre que este tema, como reforma legal, lo va a coordinar, junto con la nueva ley de Memoria Histórica, la Vicepresidencia Primera del Gobierno. A día de hoy, el PNV no tiene noticia al respecto. Lo único que ha habido sobre el tema fue una conversación informal a finales del año pasado, cuando desde el Gobierno se pusieron en contacto con este grupo para interesarse por los ejes de su propuesta. La respuesta desde el PNV fue clara. Su pretensión es "una ley de plazos". "A partir de ahí, podremos discutir sobre distintas cosas, pero es necesaria una ley de plazos al estilo de los países que nos rodean", indican.

Veinticinco años de secreto ampliables diez más

La iniciativa del PNV tiene como objetivo "abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad". Así, aboga por la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas como secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el exclusivo caso de las materias secretas. En este caso, el período máximo de ampliación sería de diez años.

Con estos plazos en la mano, la desclasificación de todo el material que se guarde sobre el 23F podría ser efectiva desde el momento mismo de la aprobación de la ley si el texto que sale adelante es el registrado por el PNV. Ya han transcurrido de sobra no sólo esos 25 años, sino también los 10 extra que podría ampliar el Consejo de Ministros.

Puede decirse que el PNV es experto en esta materia. Lleva desde 2016 registrando proposiciones de ley similares. Desde que la registrada esta legislatura fue admitida a trámite, han sido ya 17 las veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas. "Estamos de nuevo siendo testigos de una repetición de la jugada de pasadas legislaturas: la iniciativa que pretende sacar de los cajones miles de papeles, está en otro cajón", resumen fuentes de la formación nacionalista consultadas por infoLibre.

En el PNV recuerdan cómo en la XII Legislatura, cuando también se sucedían las ampliaciones de los plazos de enmiendas, su grupo parlamentario demandó que se pusiera coto a estas prórrogas para que no pasara precisamente esto, "que la acepten a trámite con buenas palabras pero que luego no haya voluntad real de hacer nada".

Antes que el PNV, la batalla la dio sin éxito el grupo de la Izquierda Plural, que formaban IU, ICV-EUiA, CHA.

La 'revolución' del libro de Pilar Urbano

Hay que remontarse a la X Legislatura (2011-2016), concretamente al año 2014. El conservador Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de la Izquierda Plural se extinguió con la disolución de las Cortes para la celebración de las elecciones generales. Ni siquiera llegó a Pleno para que se debatiese su toma en consideración. Estuvo desde marzo de 2014 a octubre de 2015 en el registro de iniciativas del Congreso sin un solo avance. Más de un año.

Pero no fue esta la única iniciativa parlamentaria que pretendía arrojar algo más de luz sobre la intentona golpista que se presentó aquella X Legislatura.

El 1 de abril de 2014, también el grupo de la Izquierda Plural pidió en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre el 23F con el argumento de que un hecho "crucial" como aquel golpe no podía tener ninguna sombra de duda. De forma paralela, se demandaba la desclasificación de todos los archivos relacionados con este episodio.

La iniciativa de este grupo no era aislada. Respondía a un momento concreto en el que un libro de la periodista Pilar Urbano había removido los episodios de febrero de 1981. En La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, la autora mantenía que Juan Carlos I estaba al tanto de la intentona golpista y que Adolfo Suárez estaba en contra de un autogolpe. 

Juan Carlos I saluda a Adolfo Suárez Illana, ante Felipe de Borbón y Mariano Rajoy, en el funeral de Estado por el primer presidente tras la recuperación de la democracia, el 31 de marzo de 2014. EFE

En el escrito que registró este grupo, se lamentaba que mientras otros países desclasificaban documentos que obraban en su poder sobre el golpe, España seguía manteniendo "secretos y clasificados" los suyos. Pedían de forma concreta "todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia", que tuvieron lugar entre el 23 y el 24 de febrero de 1981, tanto entre los golpistas con el exterior, como las hechas o recibidas por el palacio de la Zarzuela; y que se conociesen "todos los documentos" de las reuniones que pudo mantener el monarca y el entonces presidente en los meses previos al golpe y en los días posteriores. Esto último entroncaba con el libro de Urbano. Según relataba la periodista, Juan Carlos I y el entonces jefe del Ejecutivo mantuvieron varios encuentros, al final de los cuales Suárez tuvo la convicción de que el "alma" de la operación Armada fue el monarca.

Por momentos pareció que el Gobierno del PP, la fuerza mayoritaria en la Cámara, estaba dispuesto a abrir el melón. O, al menos, a debatirlo con el resto de grupos parlamentarios. Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, evitó dar un 'no' rotundo a la apertura del debate. Pero avisó de que "asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse con amplio consenso y siendo muy conscientes de que no siempre en estas cuestiones se cumplen las expectativas". Claro que no se cumplieron. Era 11 de febrero. El 22 de febrero, el PP rechazó la creación de esa comisión de investigación en la Junta de Portavoces. Eran otros tiempos, los de su mayoría más que absoluta. 

Santamaría era la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo al que se le atribuye la custodia de los documentos y las grabaciones de la intentona golpista.

La postura de los socialistas por aquellas fechas era que, en aras a una mayor transparencia, apoyaban la desclasificación de los documentos. Pero con la advertencia de que ellos tenían muy claro que "el rey paró un golpe de Estado en España", al contrario de la tesis del libro de Pilar Urbano. 

"Clasificar documentos a su antojo"

Gaspar Llamazares era por entonces portavoz de Justicia del Grupo de la Izquierda Plural. En conversación telefónica con infoLibre considera que la Ley de Secretos Oficiales pretendía "acallar totalmente a los medios de comunicación de nuestro país para impedir que lo que ocurría se conociera en Europa". 

El exdiputado lamenta que los "sucesivos gobiernos se hayan permitido la libertad de clasificar los documentos a su antojo", lo que, a su juicio, está detrás del hecho de que no haya verdadera voluntad de derogar o modificar la ley. 

Llamazares menciona una serie de informaciones clasificadas que considera de interés público, como las comunicaciones entre el Gobierno, entre los responsables de Inteligencia del Gobierno y las embajadas o entre las centrales de Inteligencia españolas y la CIA estadounidense. "Como nos descuidemos, se acaban desclasificando antes los documentos en poder de la CIA", dice. E insiste: "Sería bueno conocerlo antes de que otros países u otros servicios de inteligencia nos afeen nuestro secretismo".

En Estados Unidos, por ejemplo, el material reservado ve la luz cada 25 años, plazo que puede ampliarse al doble si la difusión del mismo es especialmente delicada. En Gran Bretaña el tope, salvo excepciones, está en los 30 años.

La voluntad real, a examen

Estos días, coincidiendo con la efeméride, el debate sobre la desclasificación de estos documentos volverá a estar en el foco. En manos de las fuerzas políticas de la Cámara está que este año sea el último aniversario del 23-F con una ley de Secretos Oficiales de 1968. "La fortaleza de nuestras instituciones democráticas también se mide adecuando las leyes al marco actual", resume en conversación con infoLibre un veterano diputado con asiento todavía en el hemiciclo esta XIV Legislatura.

Si tenemos que guiarnos por el debate del pasado junio de la iniciativa del PNV, la amplia mayoría —197 votos a favor— indica que hay una base sólida para que esta iniciativa vea la luz. La mayoría absoluta en el Congreso está ubicada en los 176 diputados. Sólo Vox se mostró en contra apuntando a que el PNV perseguía conocer documentos relativos al 23-F o a los GAL, pero mostraba desinterés "por la desclasificación de las actas de la negociación con ETA, que el presidente [José Luis] Rodríguez Zapatero se encargó de blindar".

En el bando de las abstenciones, el PP se mostró partidario de derogar la ley y hacer una desde cero y Cs lamentó que la propuesta del PNV sea un calco de las anteriores, sin introducir las observaciones que se hicieron desde otros grupos.

En la parte del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos coincidieron en el 'sí', pero con matices. En el debate, la socialista Andrea Fernández admitió que la ley preconstitucional es "poco operativa". Apelando a la "madurez" de la democracia, la parlamentaria defendió una ley actualizada, rigurosa y garantista que permita mantener una política de Estado sin perjucio de la transparencia en el presente y el rigor histórico en el futuro.

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En nombre del grupo morado, Pilar Garrido defendió que la propuesta del PNV era de "mínimos", pero admitió que "abre un debate de calado". A ojos de Garrido, la vigencia de esta ley franquista evoca a un país con una democracia "asustada, acomplejada y temerosa".

Los roces entre PSOE y UP en todo lo que toca de alguna manera la monarquía no son ningún secreto. Está por ver cómo se resuelven los avances de esta ley. 

El Gobierno no sólo ha mostrado su voluntad de reformar la ley en su programa normativo de 2020. El pasado marzo, en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado del PNV Aitor Esteban, se indicaba que el Ejecutivo "considera necesario hacer un estudio a fin de modificar la Ley de Secretos Oficiales, puesto que es una legislación del periodo preconstitucional".