El club luso reparte entradas a funcionarios de Hacienda, asesores de ministros, jueces y policías

El 18 de marzo de 2016, el sorteo de la UEFA en Nyon (Suiza) deparó al Benfica un duro desafío en los cuartos de final de la Liga de Campeones, al caerle en suerte el Bayern de Múnich, contra el que los portugueses no jugaban desde 1995. Ese mismo día, el Benfica recibió la solicitud de un par de entradas de una funcionaria de Hacienda, que fue aprobada días después por el director general del club, Domingos Soares de Oliveira. Y no era un caso aislado.

La misma funcionaria del Servicio de Finanzas de Lisboa 5, al que el Benfica regalaba habitualmente un paquete de entradas para sus partidos en casa, también pidió entradas adicionales para sí misma en otras ocasiones, según los documentos de Football Leaks que la alemana Der Spiegel ha compartido con el portugués Expresso y otros socios, como infoLibre, del consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

En noviembre de ese año esta funcionaria de Hacienda pidió tres entradas para un partido con el Nápoles, en enero de 2017 solicitó entradas para el partido que el Benfica iba a disputar con el Borussia Dortmund, y en marzo lo hizo de nuevo para un partido en el Estádio da Luz contra el FC do Porto.

Esas peticiones recorrían la jerarquía del Benfica hasta el director general, Domingos Soares de Oliveira, y el director financiero, Miguel Moreira, que era el encargado de validar las ofertas. Expresso preguntó al Benfica por qué el club ofrecía regularmente entradas a los funcionarios de Hacienda y si siguió haciéndolo hasta que la pandemia impidió al público asistir a los estadios. El club lisboeta no ha contestado.

En febrero de 2018, la revista portuguesa Sábado ya había revelado que la funcionaria del Servicio de Finanzas había solicitado una entrada para el partido contra el Nápoles. La revista también publicó que el jefe de gabinete del entonces ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, había hecho su propio pedido. Dos casos que se suman a otro episodio ya conocido: en 2017, un asesor del entonces ministro de Hacienda, Mário Centeno, solicitó para su jefe dos invitaciones para un Benfica-Oporto, lo que se tradujo en una investigación de la Fiscalía. Fue archivada a principios de 2018 después de que el ministerio público argumentara que no se había “verificado el delito de obtención de una ventaja indebida o cualquier otro, ya que las circunstancias concretas eran susceptibles de configurar la adecuación social y política propia de la la disposición legal”. Pero el caso del Servicio de Finanzas de Lisboa 5 es diferente.

Las reiteradas solicitudes de entradas ponen en tela de juicio el código de conducta de la Administración Tributaria, donde se establece que “los trabajadores no deben pedir ni aceptar regalos, atenciones o cualquier beneficio que, de forma real, potencial o meramente aparente, pueda influir en el ejercicio de sus funciones o les haga contraer obligaciones frente al donante”. Este código también determina que “la aceptación de regalos o atenciones de valor reducido (artículos promocionales, recuerdos...) no es objetable si es infrecuente, está dentro de los patrones normales de cortesía, hospitalidad o protocolo y no es susceptible de comprometer, de alguna manera, aunque sea aparente, la integridad del empleado o del servicio”.

Medidas disciplinarias

Expresso ha preguntado por la funcionaria aficionada del Benfica a la Autoridad Fiscal, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda. Que comenzó por admitir que la oficina del subsecretario de Estado y Asuntos Fiscales sólo se había enterado del caso a través de la consulta que le había enviado el semanario, y que “inmediatamente” éste había preguntado por ello a la Autoridad Fiscal.

“En este caso concreto, la Administración Tributaria ha iniciado una investigación disciplinaria”, informó entonces el Ministerio de Hacienda, reconociendo que “el código de conducta de los trabajadores de Hacienda y Aduanas establece expresamente que sus trabajadores no deben solicitar ni aceptar regalos, beneficios u otras ventajas de cualquier tipo que puedan ponerles en una situación de disminución real o aparente de su exención, equidistancia o imparcialidad hacia el donante”.

“Cualquier comportamiento como el mencionado es censurable y justifica la adopción de medidas disciplinarias y la posible apertura de un proceso de investigación o disciplinario, en función de lo que se demuestre más adecuado. Cuando hay indicios susceptibles de valoración en materia penal, también se informa a la Fiscalía”, explica el Ministerio de Hacienda portugués.

Políticos, magistrados, policías y banqueros

Aunque la distribución de invitaciones es una práctica habitual en los clubes de fútbol, en los últimos años se han hecho públicos detalles sobre la forma en que el Benfica, en particular, repartía entradas para sus partidos a importantes personalidades de Portugal.

El pasado mes de diciembre, Sábado reveló que un anexo de la Operación Lex identificaba una serie de nombres de políticos, magistrados, policías y banqueros a los que el Benfica invitaba regularmente a sus partidos en casa. Y describe, por ejemplo, cómo en un Benfica-Moreirense a finales de 2016 el palco presidencial llegó a albergar a 10 jueces y un fiscal. La Operación Lex, que implica a 17 personas en casos de corrupción y recepción indebida de ventaja, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal, supuso la imputación del presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, por beneficiarse de la ayuda de un juez a cambio de invitaciones y un cargo en la fundación del club.

Según la revista, la Policía Judicial recopiló en el Apéndice de búsqueda 18 de la Operación Lex una lista de invitados del club a los partidos de fútbol del Benfica que abarca el periodo de 2011 a 2018. La investigación también proporcionaba información sobre quiénes viajaron a ver partidos del Benfica en el extranjero durante la temporada 2017/2018.

Sábado asegura que, durante varios años, la lista de invitados del Benfica incluía a miembros de la Policía de Seguridad Pública (PSP), la Guardia Nacional Republicana (el equivalente luso a la Guardia Civil), el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la Policía Judicial.