"Colocaron dinamita en la puerta del periódico": así viven el periodismo Carmen y Juan José, acogidos en Madrid por RSF

Contar la verdad y además hacerla pública muchas veces se puede convertir en privilegio dependiendo del país donde hayas nacido. En los últimos diez años han sido asesinados casi mil periodistas en todo el mundo precisamente por intentar contar la verdad. Es por ello por lo que desde hace tres años Reporteros Sin Fronteras protege a los periodistas que corren riesgo por ejercer su profesión a través del Programa de Acogida Temporal de Periodistas en América Latina. Durante tres meses a varios profesionales de la información se les brinda la oportunidad de vivir en la capital madrileña para que puedan dejar atrás, por un tiempo, el estrés y el peligro que provoca hacer periodismo en algunas partes del mundo. Andrea Aldana (Colombia), Carmen Valeria Escobar Castillo (El Salvador), Alejandro Ortiz (México) y Juan José Toro Montoya (Bolivia) son los cuatro nombres seleccionados este año del medio centenar de candidatos presentados a la tercera edición de este programa de acogida, que cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos han huido de la censura, de la extorsión y en algunos casos incluso del secuestro.

Juan José Toro Montoya, director de contenidos del diario El Potosí y con más de 35 años de experiencia en el mundo del periodismo, decidió presentar su candidatura al programa de RSF después de recibir varias agresiones por publicar distintas investigaciones relacionadas con la explotación minera ilegal del Cerro Rico de Potosí (Bolivia). Esta legendaria montaña que alberga uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo se ha ido erosionando con el paso de los años precisamente por un rendimiento desmesurado de los minerales preciosos. Cuando llegaron los colonizadores españoles en el siglo XVI el cerro llegaba a los 5.200 metros de altitud, pero en la actualidad esta altura ha disminuido a 4.702 metros. El 7 de octubre de 2020 mientras Toro y unos voluntarios hacían una inspección en la cúspide de la colina para verificar si se realizaban operaciones ilegales, se encontró con una sorpresa: un numeroso grupo de cooperativistas mineros lo atacaron y lo golperaon haciendo peligrar su vida. La agresión se convirtió en noticia nacional  y el presidente de la corporación minera de Bolivia y al gerente regional, Richard Arancibia, fueron destituidos. “Me golpearon unas cuarenta personas, de todas ellas logramos reconocer a cinco que más tarde denuncié al ministerio público, pero desgraciadamente el fiscal que investigaba el caso, Javier Torrejón, solo imputó a una de ellas con delitos muy leves”.

El periodista boliviano lleva varios años investigando la corrupción política que existe alrededor de la explotación minera, concretamente a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que es la entidad encargada de controlar que no se realicen operaciones mineras en la cúspide de la cima. Pero él mismo ha comprobado que la legislación no se cumple. "Hay razones que son naturales, pero hay un componente humano. Y lo que yo he comprobado es que precisamente donde se está trabajando es en la cúspide, en la zona prohibida”, comenta el periodista. La actividad irregular que promueve millonarias operaciones cada año amenaza la estructura morfológica del cerro que llegó a formar parte de la lista de Patrimonio Mundial en peligro por la UNESCO en junio de 2014. 

Colocaron dinamita en la puerta del periódico

Realizar estas investigaciones le ha acarreado serios problemas a él y a su familia. "Hace cinco años, desconocidos colocaron dinamita en la puerta del periódico El Potosí", detalla Toro. Poco tiempo después, el 31 de diciembre de 2018 fue víctima de un intento de asesinato cuando se dirigía a hacer su programa radiofónico. “Una madrugada que me dirigía a la radio Kollasuyo dos desconocidos me atacaron y me dieron una paliza a plena luz del día. Gracias a las cámaras conseguimos identificar a uno de ellos y me admitió que fue enviado por otros”, señala Toro. Debido a sus informaciones, está vetado para realizar cualquier otro trabajo ya que, según explica el 80% de la actividad económica del Potosí depende directa o indirectamente de la explotación minera. “La parte que más me preocupa son las consecuencias de mi trabajo porque mis hijas ya han terminado sus carreras y tengo miedo de que este veto les alcance a ellas”, concluye. 

Montoya cuenta con una larga trayectoria profesional. En 2014 identificó y entrevistó al hombre que asesinó al Che Guevara, Mario Terán Salazar, en un reportaje publicado en el suplemento Crónica del diario español El Mundo. “Fue una investigación de un año junto a Ildefonso Olmedo. Conseguimos tener una charla [con Mario Terán] en su casa de más de veinte minutos, digamos que fue la conversación más larga que tuvo sin ningún pago de por medio”. Ahora durante su estancia en Madrid está aprovechando para buscar documentación en varias instituciones y averiguar a quién pertenecía el Cerro Rico antes de que llegasen los españoles. “Tengo identificados los documentos en la Real Academia de la Historia y la Biblioteca Nacional de España y debo ir al Archivo General de Indias de Sevilla. Ojalá me los den, porque los necesito legalizados, pero estoy chocando mucho con la burocracia española”, concluye.

Carmen Valeria, periodista de El Salvador, es la más joven de los cuatro profesionales que han llegado a Madrid. Tiene 24 años y trabaja para la revista GatoEncerrado, aunque tiene publicaciones en medios de varios países como El Faro, Cosecha Roja (Argentina), Distintas Latitudes (Méxcio), así como Vice Latinoamérica, entre otros. Decidió presentar su candidatura después de estar varios meses cubriendo la pandemia de covid-19 en su país con “mucho estrés”. “Hemos salido a reportear a la calle porque nuestro trabajo no se puede hacer desde casa. Recuerdo ir a lugares con mucho miedo por si luego contagiaba a mis familiares y vi este programa como una oportunidad, ya que necesitaba un descanso y creo que la salud mental es fundamental para los periodistas”. La informadora descubrió la profesión de la mano de Lydia Cacho con su libro Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. “Recuerdo cerrar el libro y decir quiero hacer esto, no se qué hace ella, pero quiero ser como ella”. Desde ese momento Escobar tenía claro que quería dedicarse al periodismo.

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En julio de 2019 la invitaron a unirse al equipo de investigación de la revista donde trabaja liderando la sección de verificación, un mes después de que Nayib Bukele asumía el cargo como nuevo presidente de El Salvador. Durante estos meses ha estado comprobando sobre el terreno la falta de planes del Gobierno a la hora de hacer frente a la pandemia. Así como la malversación de fondos por parte del Ministerio de Salud. “Creo que solo he verificado una verdad suya –dice en referencia a Bukele–, tiene su gracia para mentir, la mayor parte de sus declaraciones son engañosas y juegan con la media verdad". 

"Más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno""Más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno"

El Salvador es uno de los países con mayores tasas de homicidios del mundo, en 2018 lideró el ranquin mundial con 3.340 asesinatos. Pero para Escobar es más difícil lidiar con el poder político que con las maras. “En general yo creo que es más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno. Porque al final uno va midiendo el terreno y si entras con alguien con permiso no hay mayor peligro. Con el periodismo político y especialmente hablando del Gobierno de Bukele, al final tiene más poder y es más complejo”. Los últimos acontecimientos que ha vivido la democracia salvadoreña como la militarización de la sede de la Asamblea Legislativa por orden del presidente en febrero de 2020, le ha hecho replantearse el futuro de su país y el de la libertad de prensa. “Me parece que la democracia en El Salvador está en riesgo, temo que poco a poco estemos llegando a un sistema autocrático. Aunque al final a mí nunca me han dicho que no pueda publicar algo sobre determianados temas, lo que más nos acaba afectando es la autocensura por el señalamiento público que hacen los políticos a los periodistas”, concluye Escobar.