El Ejecutivo justifica el pago de asistentes al rey emérito en Emiratos por ejercer funciones de "especial confianza"

El Gobierno justifica el pago de los asistentes desplazados a Emiratos Árabes para atender y ayudar al rey Juan Carlos I en que se trata de personal que realiza funciones calificadas expresamente de "especial confianza", conforme a lo establecido en la Ley reguladora de Patrimonio Nacional.

Ésta es la respuesta estándar que el Ejecutivo ha dado a la batería de preguntas que diversos partidos registraron en el Congreso tras conocerse que Patrimonio Nacional, organismo adscrito al Ministerio de Presidencia, está asumiendo el coste del personal que atiende a Juan Carlos de Borbón en Abu Dabi, donde reside desde el pasado mes de agosto.

Según publicó elDiario.es el pasado mes de enero, el rey Juan Carlos cuenta con tres ayudantes de libre designación que se organizan por turnos desde hace medio año y a los que Patrimonio Nacional no sólo paga sus respectivos salarios, sino también los gastos derivados de su estancia en Emiratos Árabes, según recoge Europa Press.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ya defendió entonces el mantenimiento de esa asistencia a cuenta del Estado recalcando que es la misma que tiene "cualquier ex jefe de Estado en cualquier país del mundo", incluidos los cuatro expresidentes del Ejecutivo.

Respuesta tipotipo

Y en una contestación reciente, el Ejecutivo explica que el personal eventual al servicio de los miembros de la Familia Real presta sus servicios conforme a un acuerdo del Consejo de Ministros de 2005, que autorizó a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones a aprobar la relación de puestos de trabajo de personal eventual que realizan funciones calificadas de "especial confianza", según establece la Ley reguladora del Patrimonio Nacional.

En concreto, según el primer párrafo del artículo 2 de la citada norma, tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado "afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen".

Y añade el Ejecutivo que el salario y las pagas extraordinarias que se abona a este personal que asiste a Juan Carlos I es el que corresponde a los de los grupos de asimilación, así como las retribuciones, propias del puesto de trabajo, fijadas mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones y las correspondientes comisiones de servicio en los desplazamientos que efectúan en el ejercicio de sus funciones.

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Entre la multitud de preguntas presentadas por distintas fuerzas del Congreso, el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, pedía también al Gobierno que detallase los motivos por lo que mantiene de forma vitalicia del título de rey para Juan Carlos I, otorgado por real decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la abdicación.

A este respecto, y como ya hiciera el pasado mes de enero en otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo insiste en defender el mantenimiento de ese título al igual que se hace en otros países "con situaciones semejantes a la de la Monarquía parlamentaria española", como Bélgica, con el rey Alberto II; Luxemburgo, con el Gran Duque Juan; o Japón, con el emperador Akihito, quien recibe el nombre de Daijo Tenno o Joko.