Médicos que cobran un 39% menos que en Francia y peor ratio de enfermeros que en Chipre: por qué explotaron los sanitarios en 2020

Sábado, 14 de marzo de 2020. A las 21.00 horas de la noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la medida que marcaría el resto del año. "España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere de decisiones extraordinarias", comenzaba. La decisión extraordinaria era la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario de todos los españoles. Empezaban entonces las semanas más duras que se recuerdan y también la lucha del personal sanitario contra un virus, entonces, desconocido. Este domingo, justo un año después, saldrán a la calle en Madrid, en una "gran Marea Blanca" en defensa de la sanidad pública madrileña que exija medidas "en aras del interés general, que no es otro que preservar la salud", según informó el sindicato CCOO, convocante de la marcha junto a UGT, CGT y organizaciones como la Federación en Defensa de la Sanidad Pública o Derecho a Morir Dignamente. Sin embargo, esta protesta sólo será la guinda a un año de movilizaciones casi constantes de los que en marzo fueron héroes y los que ahora, según lamenta el secretario general de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, han pasado a ser una especie de "villanos".

"Yo creo que no lo somos y que tampoco somos héroes. Simplemente somos profesionales que buscamos las mejores condiciones de trabajo posibles porque las mejoras en el sistema sanitario son mejoras para la atención de la población", dice. Recuerda las protestas, las huelgas, las concentraciones… No han sido pocas. Pero han sido obligadas. "Tener que haber recurrido durante este año a concentraciones y huelgas no ha hecho más que evidenciar el fracaso del diálogo con la administración", critica. "Recurrir a estos conflictos cuando puedes dialogar es siempre un fracaso por ambas partes. Nuestra, porque a lo mejor no hemos sabido hacer entender nuestras reivindicaciones, y de las instituciones, por no haber querido sentarse a hablar con nosotros. La situación ha sido difícil, nos han obligado a esas tensiones", asegura.

Basta echar la vista atrás y bucear un poco en las noticias protagonizadas por el personal sanitario en el último año para darse cuenta de que, desde el marzo pasado, las movilizaciones han sido casi incontables. Y se han producido, además, a lo largo y ancho de todo el país. Tanto es así, que el propio CESM llegó a convocar una huelga general de todo el sector para el pasado 27 de octubre. Pero, según recuerdan fuentes de la organización, se aplazó a noviembre. Y luego a diciembre. Y luego hasta no se sabe cuándo. Las negociaciones que, dicen, se están produciendo, lo determinarán.

Convocaron la protesta después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto 29/2020 que, a su juicio, supone la "militarización" del sector al permitir, durante la pandemia, la movilización forzosa de médicos y enfermeros entre distintos niveles asistenciales y entre diferentes centros. Llegaron incluso a escribir al Defensor del Pueblo, que argumentó que la situación de excepcionalidad justificaba que se hubiera aprobado sin ningún tipo de diálogo previo. Y apuntó, además, a que los reales decretos sólo pueden recurrirse desde su hipotética inconstitucionalidad. No es posible hacerlo, dijo.

Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla y León...

Sin embargo, las protestas que más repercusión tuvieron fueron quizás las que se circunscribieron a comunidades autónomas concretas. Tampoco fueron pocas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, había convocada una huelga de la atención primaria este miércoles 10 de marzo. Pero el adelanto electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid les dejaron sin interlocutor, lamenta Amyts, el sindicato convocante.

Tampoco era la primera vez que la convocaban. Inicialmente, de hecho, esa huelga iba a tener lugar en el mes de septiembre, pero un acuerdo con la Comunidad la aplazó. Según explicó el secretario general de la organización, Julián Ezquerra, se acordaron "muchas medidas organizativas" para disminuir la carga asistencial de los facultativos y desburocratizar las consultas. Pero no llegaron a término. Y ahora, con el escenario de terromoto político que se vive en la autonomía, menos. 

Pero la fecha del 10 de marzo también estaba marcada para los médicos catalanes. Ellos sí llevaron a cabo su huelga. Y sus protestas, claro. Lo hicieron, sin embargo, sin demasiado apoyo, a pesar de que querían mostrar el descontento por el "cansancio" y por no sentirse escuchados por el Govern, que desatendía sus demandas de jornadas laborales de 35 horas y de frenar las privatizaciones de servicios como el de limpieza, según explicaron los sindicatos convocantes: USOC, Infermeres de Catalunya, CGT Cataluña, CATAC-CTS-IAC, Coordinadora Obrera Sindical y PSI Lluitem. Ni CCOO, ni UGT, ni Satse ni Metges de Catalunya se sumaron. 

No sólo fueron los médicos. Entre los enfermeros también hubo protestas. Y también fueron bastantes y también en varios lugares. En Madrid, por ejemplo, llevaron a cabo una huelga el pasado 7 de septiembre. Y según el sindicato Satse, que la convocó, fue un "éxito". Y eso a pesar "de las trabas" que pusieron desde la Administración "con la imposición de servicios mínimos que en muchos casos eran del 100% y en otros, del 70%". Protestaron, en síntesis, por la sobrecarga asistencial agravada durante la pandemia, algunas de las razones que han llevado a la misma organización a convocar paros el 22, 23, 24 y 25 de marzo en toda Castilla y León. 

También fueron los médicos internos residentes (MIR). Sus condiciones laborales, que ya eran malas antes de la pandemia pero se vieron agravadas por la misma, les empujaron a convocar huelgas en Madrid, donde los paros que tuvieron lugar en julio duraron un mes tras alcanzar un acuerdo con la Comunidad; Comunitat Valenciana, donde las protestas duraron 200 días y acabaron este mes de febrero; Cataluña, donde un "acuerdo histórico", según Metges de Catalunya, consiguió la desconvocatoria de la protesta que llevaron a cabo en octubre en apenas 12 días; y Castilla y León, donde ni siquiera llegaron a producirse los paros previstos en septiembre porque antes de que se produjeran ya había un acuerdo. 

Los trabajadores del Summa, en Madrid, también se movilizaron. Empezaron a hacerlo el 28 de septiembre, cuando comenzaron una huelga que, en principio, iba a ser indefinida, aunque acabó convocándose para los últimos martes de cada mes. Amyts, el sindicato convocante, informa no obstante de que poco a poco fue desinflándose. Y de que ahora está previsto volver a estudiar su convocatoria tras la Semana Santa, en abril. La situación epidemiológica, dice la organización, es quien lo ha decidido así. 

Y es que el contexto ha sido la gran determinante de las protestas, siempre medidas por el escenario de contagios y por la presión asistencial del momento. Durante las peores semanas de la primera y de la segunda ola no se produjeron grandes paros. Concentraciones, en cambio, sí. María José García, portavoz de Satse, defiende en este sentido que, aunque los sanitarios se hayan manifestado o hayan elevado sus quejas, "nunca han dejado de trabajar". "Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca hemos dejado de lado el compromiso inquebrantable con los cuidados de la población. Hemos dado el 150% de lo que había que dar a costa de nuestra salud" para luchar contra la pandemia", dice, desde el otro lado del teléfono. 

Además de médicos y enfermeros, los celadores, los gran olvidados para la administración, también han luchado desde su plataforma estatal Reconocimiento para el celador ya, desde la que reivindican que se revisen sus funciones, que todavía les equiparan a "una especie de conserje o vigilante" cuya función es "mover mobiliario", según denuncia el portavoz Alberto Martínez Castilla. "No se reconocen las funciones que hacemos de atención directa al paciente en todos los servicios de salud", denuncia.

La precariedad, la causa que atraviesa todas las protestas

Todas las movilizaciones llevadas a cabo durante este último año están atravesadas por una misma causa: la precariedad. Ya durante las primeras semanas de confinamiento muchos profesionales sanitarios empezaron a lanzar la idea de que los aplausos que recibían cada día a las 20.00 horas de la tarde desde ventanas y balcones les daban un gran apoyo, pero que lo realmente importante era luchar por una sanidad pública de calidad. Porque el sistema ha perdido demasiado. Sobre todo por la infradotación presupuestaria. Según el libro Salud, pandemia y sistema sanitario, publicado recientemente por Marciano Sánchez Bayle (FADSP), Sergio Fernández Ruiz y Carlos Sánchez Fernández, "el gasto sanitario público es crónicamente insuficiente y en disminución desde la crisis, pasando del 6,8% del PIB en 2009 al 6,33% en 2014 y al 6,27% en 2018". 

Eso ha provocado, casi inevitablemente, que las condiciones laborales de los profesionales también sean peores. Empezando por los médicos, y de acuerdo al informe Remuneración Económica y Satisfacción Profesional, elaborado en 2019 por Medscape, el ingreso anual de los médicos españoles asciende a 58.000 euros de media. En base al mismo estudio, confeccionado mediante encuestas entre más de 900 profesionales de 34 especialidades, los médicos de Atención Primaria ganan un 14% menos que los especialistas y las mujeres, en ambos casos, soportan una brecha que equivale al 19%.

Según los datos recopilados un año antes por la misma publicación médica, el ingreso medio de un médico francés asciende a 95.000 euros; el de un alemán a 125.000 y el de un británico a 129.500. En ese momento, el de un español se encontraba en 53.000 euros anuales de media. Según estos datos, por tanto, un médico español cobra alrededor de un 58,5% menos que la media de estos compañeros europeos (que está en 116.500 euros) y un 63% menos que uno francés.

Si se comparan las comunidades autónomas, no obstante, las retribuciones tampoco son las mismas. Un informe del Sindicato Médico de Granada (perteneciente a CESM) elaborado en 2019 reveló que las diferencias entre la máxima retribución bruta y la mínima nacional llegan hasta más de 1.636 euros al mes en cifras absolutas y el 64,8% en porcentaje. En cómputo anual, las diferencias llegan a superar los 20.500 euros al año en cifras absolutas y el 55,6% en porcentaje.Sin guardias, en 2018, las retribuciones mensuales más altas se percibieron en Ceuta y Melilla (3.033), Murcia (2.886) y País Vasco (2.710). Las más bajas, por su parte, en Andalucía (1.876), Navarra (1.877) y Galicia (1.907).

La Organización Médica Colegial de España (OMC), también viene constatando esto año tras año en el ámbito de la Atención Primaria. De esta manera, un médico de tipo 1 andaluz cobraría, sin guardias, 33.804 euros de salario bruto anual (25.651 neto), frente a los 56.183 (39.666 neto) que vendría a cobrar aquel que ejerce en la Región de Murcia. En ambos casos, la cifra aumentaría con guardias hasta alcanzar los 44.493 euros anuales brutos (32.347 netos) en Andalucía y los 73.645 en Murcia (49.964 netos). Junto con Andalucía, se encuentran a la cola otras comunidades como Galicia, Cataluña o Navarra. En el extremo opuesto, País Vasco, Canarias e Illes Balears gozarían de mejores condiciones salariales.

Las enfermeras también sufren la precariedad. La plataforma Enfermería de Madrid Unida, una organización de profesionales creada hace unos meses, reveló a través de un estudio que mientras una enfermera de un hospital de Euskadi recibe a final de mes un sueldo bruto de 2.483,39 euros, una de otro de Madrid percibe una nómina de 1.961, 522 euros menos. Mientras una de Asturias cobra unos 2.446,64, una de Andalucía percibe unos 1.992,04, 454,6 menos.

Un esquema que se reproduce en la enfermería de consultas externas y centros de especialidades, donde una enfermera vasca recibe el mismo sueldo pero una madrileña lo ve reducido a unos 1.944,51 euros. Y en la atención primaria, donde el sueldo en Madrid bajaría hasta los 1.819,30 mientras que en Euskadi se mantendría intacto. 

Estos profesionales, en su mayoría mujeres, también tienen cifras para evidenciar su sobrecarga asistencial. Según el Consejo General de Enfermería (CGE), a fecha 31 de diciembre de 2019 España presentaba una media de 602 enfermeras por cada 100.000 habitantes, 6,02 por cada 1.000, según el Ministerio de Sanidad. La media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países europeos de nuestro entorno, en cambio, estaba en 852, 250 más. Eso deja a nuestro país en muy mal lugar. Concretamente, en el quinto por la cola, empatado con Bulgaria y sólo por delante de Letonia (490), Chipre (412) y Grecia (341). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, el ratio adecuado es de 917 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Son 315 más.

Pero esas 602 enfermeras son sólo una media estatal. Acercando una lupa al mapa y observando los datos de las ratios por comunidades autónomas, se observa que la atención que pueden dar estos profesionales sanitarios a sus pacientes depende de a qué sistema de salud pertenezcan estos últimos. Los navarros, por ejemplo, tienen suerte. La Comunidad Foral supera incluso a la media de la OCDE y sitúa su ratio en 860 enfermeras por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la registrada en Euskadi, con 767 profesionales. Los murcianos, por el contrario, son los que salen peor parados: su ratio de enfermeras es la mitad de la media comunitaria, 459.

Los celadores, según expone Martínez Castilla, reciben un salario bruto que ronda los 1.250 euros brutos. En Cataluña, donde el trabaja, cobran de media 1.306 euros al mes, sin contar las noches de guardia, los días festivos o la antigüedad.

¿De héroes a villanos?

Podría haber parecido paradójico en algunas ocasiones que, en plena pandemia, los sanitarios decidieran hacer una huelga. Podría haber generado, de hecho, un cambio en la percepción de la sociedad hacia estos profesionales, que habrían pasado de ser "héroes" a algo parecido a "villanos", según dice Del Pozo, que rechaza ambas etiquetas y aboga por hacerle comprender a la población que la lucha de los sanitarios es la suya propia. "Si pedimos más profesionales y recursos es para que la población tenga más gente que la pueda atender. Si pedimos más salario es para que los profesionales no se marchen", dice. Según datos del CGE, sólo en Reino Unido hay 6.160 enfermeras y enfermeros españoles. 

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Según cree, si esto no ha calado es porque la administración no ha hecho su trabajo. "Yo creo que uno de los problemas que se generan en cuanto a la sensación de disconfort con los profesionales es la falta de información de información de la administración a los usuarios sobre cómo la pandemia ha cambiado las condiciones. Muchos creen que en el centro de salud no les cogen el teléfono porque no hay nadie trabajando, pero es porque las líneas están colapsadas", indica. 

García, por su parte, desea que la población no haya cambiado el concepto que tenía de los sanitarios durante el confinamiento y defiende, igual que Del Pozo, que hay que exponer que sus protestas también son para mejorar su atención. "Si decimos que las enfermeras que tenemos no pueden cuidar de 100.000 pacientes lo estamos diciendo por algo", sostiene.

Este domingo, cuando la Marea Blanca vuelva a las calles, se verá el apoyo que reciba el colectivo sanitario. Ya no sólo de sus propios profesionales, sino de toda la población. Según publicó infoLibre en el mes de mayo, la crisis del coronavirus podría, de hecho, poner los cimientos para un nuevo resurgir de la Marea Blanca que se vio durante los años más duros de la crisis económica de 2008. Una encuesta del CIS realizada en plena primera ola mostró que un 89,6% de los encuestados estaba a favor de impulsar cambios en el sistema sanitario. Y, preguntados por las reformas, más de un 96% creía que son necesarios más recursos y un 94% que hay que aumentar las plantillas. Que eso perdure en el tiempo y se traslade a las calles se verá más adelante.