El constructor que según Bárcenas entregó 60.000 euros para la campaña de Aguirre niega ante el juez los hechos

El empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, que declaraba en calidad de investigado este jueves ante el juez instructor del caso Púnica, ha negado tajantemente que entregara 60.000 euros en metálico en la sede de Génova ni al extesorero del PP Álvaro Lapuerta ni al entonces gerente Luis Bárcenas para la campaña electoral de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que han asistido al interrogatorio, señalan que el empresario también ha negado haber estado en la sede de la calle Génova. Su imputación se produjo después de que el pasado 24 de febrero Bárcenas indicara ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que Gálvez entregó esas cantidades para apoyar la campaña electoral de Aguirre entre 2007 y 2008.

En su comparecencia, Gálvez —que también aparece en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP— ha negado que entregara comisiones o que realizara donaciones a partidos políticos o fundaciones de formaciones. Además, según las fuentes, ha explicado que a su constructora le adjudicaban pocos contratos con la Comunidad de Madrid en esa época y que sobre todo realizaba trabajos para el Ministerio de Medio Ambiente y para Fomento.

Con todo, el empresario —que ha respondido a preguntas del magistrado y de Fiscalía Anticorrupción— ha señalado que en un momento dado sí que empezaron a adjudicarle obras en la región, entre las que estaba la construcción de nuevos hospitales como el Infanta Leonor, y que dado que su empresa no estaba especializada en ese tipo de equipamientos sanitarios debían concurrir por medio de una UTE (unión temporal de empresas).

La cláusula del 1%

A preguntas de la Fiscalía, ha confirmado que todos los contratos que se firmaban con la Comunidad de Madrid (aunque ha ampliado también al resto de España), iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que el 1% iba destinado a publicidad institucional del proyecto. Así, ha indicado que, dado que estaba en los pliegos, ellos como adjudicataria pagaban la factura pero no elegían ni la campaña de publicidad, ni la empresa que la realizaba, si siquiera verificaban que realmente se realizara.

Según el auto del juez instructor de agosto de 2019 por el que se imputó a Esperanza Aguirre, en los contratos públicos del equipo de la expresidenta se estableció esa cláusula "falaz" del 1% por la cual se incrementaba el precio con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato. Estimaba el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008 y la investigación trata de dilucidar si se desviaban para financiar al partido.

Ahora tras la declaración de Gálvez en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica, en la que se indaga sobre la financiación irregular del PP madrileño, el juez debe decidir si, como le exigió la Sala de lo Penal, debe dar por terminada una instrucción que ya se extiende desde 2014. En un auto por el que archivaba la causa contra Indra de esta misma semana, ya apuntaba que la investigación está "agotada".

De hecho, la declaración de este jueves puede suponer, según fuentes jurídicas consultadas por Europa press, el punto final a esta pieza, por lo que pronto podría haber auto de fin de instrucción y pase a procedimiento abreviado con una propuesta de procesamiento del magistrado.

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En la comparecencia de hoy, el juez quería aclarar el episodio que narró Bárcenas en febrero, cuando sostuvo que tras recibir el dinero de Gálvez, Lapuerta y él se lo entregaron a la expresidenta. Entonces el extesorero indicó que no era la forma habitual de proceder y que fue la única donación directa que recibió para el PP de Madrid.

Concretamente, explicó que el dinero fue recibido por Lapuerta, que fue metido en un sobre marrón de los usados en la tesorería del partido, y que por el peso eran billetes de 500 euros. Ambos, gerente y tesorero, bajaron a la planta primera de la sede de Génova y lo entregaron en mano a Aguirre, quien estaba en compañía del secretario general del partido en Madrid Francisco Granados y el que fuera el gerente, Beltrán Gutiérrez.

Tras esas declaraciones, la expresidenta anunció que se querellaría contra el extesorero por falso testimonio y presentó ante el Juzgado un escrito de alegaciones en el que ponía el foco en la falta de credibilidad de Bárcenas. Apuntó que la declaración sobre los 60.000 euros era falsa y que respondía a una estrategia procesal y de venganza personal contra ella.