Primer revés de Bárcenas en su estrategia contra el PP: ni el juez ni el fiscal le creen sobre la supuesta entrega de dinero a Aguirre

Casi dos meses después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas enviara su explosivo escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que rompía con el partido al que perteneció casi treinta años y en el que avanzaba una nueva estrategia de colaboración con la justicia, ésta le acaba de dar un sonado revés. Ni el juez del caso Púnica ni el Ministerio Público dan credibilidad a las afirmaciones que vertió en esta macrocausa de corrupción señalando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por haber aceptado supuestamente un sobre con 60.000 euros de un empresario ya señalado anteriormente como presunto donante de la formación conservadora.

En cosa de dos días, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Anticorrupción han tomado declaración como imputado a ese empresario, Luis Gálvez, propietario de la compañía Ploder, y han archivado las actuaciones contra él. El instructor atiende en un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, la petición del fiscal Alejandro Cabaleiro, quien considera que al constructor "no sólo le asiste el derecho a la presunción de inocencia que, de por sí, justificaría el sobreseimiento, pues más allá de la declaración de Luis Bárcenas no existe prueba o indicio alguno que haga pensar que tal entrega existió".

El escrito enviado por el abogado de Bárcenas a la Fiscalía anticipaba una ronda de nuevas declaraciones del extesorero ante los jueces de la Audiencia Nacional que mantienen abiertas investigaciones que salpican al PP. Por un lado, el mencionado caso Púnica, en el que se indaga sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid que dirigió Aguirre, y, por otro, la causa sobre los llamados papeles de Bárcenas sobre las donaciones de empresariospapeles de Bárcenas con las que supuestamente se nutrió la caja B del partido que gestionó el propio extesorero. El instructor de esta última, el juez Santiago Pedraz, aún no ha podido celebrar la comparecencia –que se podría producir en abril–, aunque sí pidió a la defensa que le enviara las pruebas de sus acusaciones, sin que de momento haya llegado nada al juzgado.

Donde sí declaró Bárcenas fue en Púnica y lo hizo en calidad de testigo el pasado 24 de febrero. Según la versión que ofreció entonces, en 2007 ó 2008, el extesorero del PP nacional Álvaro Lapuerta entregó en su presencia a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid un sobre con 60.000 euros de parte de un constructor para la financiación de la campaña electoral autonómica de ese año. Ese empresario era Luis Gálvez, propietario de la compañía Ploder, que un par de años antes había resultado adjudicataria, como parte de una UTE, de la gestión del Hospital Infanta Leonor de Madrid, uno de los muchos hospitales que se levantaron durante los gobiernos de Aguirre.

Ploder aparece en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas y el sumario delcaso Púnica como una de las empresas que habrían financiado irregularmente al PP de Madrid a través de la llamada cláusula del 1%, el porcentaje destinado a publicidad que se debía plasmar en los contratos públicos, un precio que estaba inflado para poder después desviar parte del dinero a las arcas del partido. Es el sistema por el que el magistrado imputó a Esperanza Aguirre en esta causa en septiembre de 2019.

Sin embargo, Bárcenas no aportó pruebas que acreditaran documentalmente sus afirmaciones. La versión, por tanto, tenía que ser contrastada con la otra parte. Aguirre se pronunció enseguida anunciando la presentación de una querella contra el extesorero. El juez García Castellón citó a la Audiencia Nacional a Luis Gálvez sin que mediara petición del Ministerio Público. Este pasado jueves, el empresario negó la mayor, dijo que nunca había estado en la sede central de Génova y explicó que a su constructora le adjudicaban pocos contratos con la Comunidad de Madrid en esa época y que sobre todo realizaba trabajos para el Ministerio de Medio Ambiente y para Fomento. A preguntas de la Fiscalía, confirmó que todos los contratos que se firmaban con la Comunidad de Madrid (aunque ha ampliado también al resto de España), iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que el 1% iba destinado a publicidad institucional del proyecto. Así, ha indicado que, dado que estaba en los pliegos, su empresa como adjudicataria pagaba la factura pero no elegían ni la campaña de publicidad, ni la empresa que la realizaba, si siquiera verificaban que realmente se realizara.

Tras constatar que las versiones de Bárcenas y Gálvez son completamente opuestas, el juez concluye que de las actuaciones practicadas hasta la fecha "no se desprende la existencia de indicios racionales de la participación" del empresario en los hechos, por lo que, ante esa falta de indicios, otorga "verosimilitud" a la declaración de éste último y señala que no puede mantenerse abierta la investigación de este asunto.

No habría delito o estaría prescrito

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Sobre el hecho concreto de la supuesta entrega de los 60.000 euros, García Castellón señala que este hecho habría tenido lugar en el año 2008, "pero lo cierto es que las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid tuvieron lugar el 27 de mayo de 2007, en la VIII legislatura, y el 22 de mayo de 2011, en la XIX Legislatura". Así las cosas, el periodo temporal más próximo a la fecha en que Bárcenas sitúa el suceso relatado sería el año 2007, y si el dinero se hubiera querido emplear en las elecciones, el hecho tendría que haber acontecido antes del 27 de mayo de dicho año, cuando los delitos de financiación de partidos políticos aún no habían sido introducidos en el Código Penal. En cuanto a un posible delito de tráfico de influencias, el magistrado razona en su auto que esta conducta en el momento de cometerse el supuesto delito por Gálvez se castigaba con pena de prisión de seis meses a un año y multa y estaría sujeto a una prescripción de tres años, por lo que no cabría tampoco imputación en este caso.

Analiza igualmente García Castellón en su auto la posible comisión de un delito de cohecho, y en este punto subraya que no consta en absoluto que Bárcenas hubiera señalado que la entrega fuera para la comisión de un acto constitutivo de delito o para la realización de un acto injusto no constitutivo de delito, ni que se hubiera traducido la donación en la realización de actuación alguna por el receptor. Se trataría, por tanto, de una donación que se habría efectuado en consideración a la función de la supuesta receptora –en este caso Aguirre– con pena de multa de tres a seis meses, e igualmente sujeto a un plazo de prescripción de tres años que al igual que en el ejemplo anterior también habrían ya transcurrido holgadamente.

Lo que hace el juez es atender la petición de sobreseimiento de Anticorrupción, que considera que Gálvez ha ofrecido "datos periféricos de corroboración que hacen totalmente verosímil su declaración". Según explica, el empresario señaló que la cláusula del 1% para publicidad constaba en el pliego de adjudicación para la construcción del Hospital Infanta Leonor y que era la propia administración pública, la Consejería de Sanidad, la que escogía a la empresa de publicidad, de forma que la adjudicataria no seleccionaba ni a la empresa ni los actos. Tal hecho, añade el fiscal, se ve corroborado por otras diligencias sumariales y, a juicio del Ministerio Público, "ampara el que su declaración resulte más verosímil que la del que le atribuyo el pago irregular", es decir, Bárcenas.