La investigación sobre el espionaje a Bárcenas encara el cierre pendiente de una posible citación de Cospedal

La investigación de la operación Kitchen tiene los días contados. Más de dos años y medio después del inicio de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, que indaga en la operación sin control judicial de espionaje y robo de información al extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser despedido del partido en 2013, las pesquisas están cerca de su conclusión, lo que tendrá lugar en los meses próximos, según han informado a infoLibre fuentes del caso. En esta última fase de las diligencias, aún está pendiente de concretar si la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal será citada a declarar en la Audiencia Nacional por el posible interés que pudiera haber tenido para que se desarrollara el operativo ilegal.

Los investigadores se están centrando ahora en el análisis de nuevas agendas incautadas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fueron halladas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado otoño, en el marco de otra de las piezas de la macrocausa que indaga en sus actividades ilícitas. El estudio de estos documentos llevará a la elaboración de un informe que puede ser útil para muchas de la cerca de una treintena de piezas que siguen abiertas en el caso Tándem, incluida la número 7 que investiga la operación Kitchen.

No obstante, según las fuentes consultadas, no existen elementos para pensar que de estas agendas puedan salir nuevas líneas de investigación, sino que podrían servir para reforzar la argumentación tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción sobre los indicios ya recabados durante la instrucción a la hora de definir los hechos que irán en un futuro auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–.

Así las cosas, la pieza que indaga en el espionaje a Bárcenas, que estuvo dirigido a robar documentos incriminatorios para el PP que se habría llevado el extesorero, cuenta ya con una docena de investigados, entre ellos mandos policiales –unos jubilados, otros todavía en activo–, el que fuera chófer del extesorero –fichado por los policías como confidente– y dos cargos políticos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Las pesquisas que ha ido ordenando el magistrado Manuel García Castellón han ido de abajo a arriba, es decir, desde los agentes que se movieron sobre el terreno con los seguimientos o los que gestionaron los fondos reservados con los que se financió el operativo hasta los políticos que, según las pesquisas, habrían tenido conocimiento de los hechos.

En el paso que se consumó en 2020 de pasar del nivel policial al político, el instructor imputó a Martínez, primero, y a Fernández Díaz, después, y dejó fuera a Cospedal a pesar de que Anticorrupción se lo había solicitado al considerar que tenía un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas por dos razones: directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma, e indirecta, como secretaria general del PP. El juez descartó imputar a Cospedal el pasado septiembre, aunque no lo descartó por completo, sino que en ese momento prefería tomar declaración a los exresponsables de Interior antes de tomar más decisiones.

No cerrar en falso la investigación

Las comparecencias de Fernández Díaz y Martínez se celebraron, incluido un careo entre ambos que no arrojó demasiada luz a las pesquisas. Y entretanto, se iniciaron nuevas diligencias que aún siguen bajo secreto sumarial a raíz de la intervención policial en el domicilio del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, donde se le incautaron móviles y documentación, incluida una agenda en la que aparecen anotados detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche. De esa parte secreta, poco –o más bien nada– se sabe, pero El Confidencial publicó el pasado mes de enero que el futuro procesal se estaba complicando para Cospedal en el marco de esas diligencias. Ahora, fuentes del caso consultadas por infoLibre no descartan una próxima citación de la ex secretaria general antes del fin de la instrucción para no cerrar en falso la investigación.

Una línea que puede unir la operación Kitchen con Cospedal es el comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía, imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, fue uno de los hombres clave en la captación de Sergio Ríos como confidente del operativo, en el que aceptó participar a razón de 2.000 euros al mes que procedían de los fondos reservados. Es decir, dinero público sobre el que no hubo ningún tipo de control. Aunque ahora sigue en activo en la Policía Nacional, se apartó del cuerpo en varias ocasiones en la que estuvo trabajando en cometidos vinculados al PP: por un lado, como asesor de seguridad de la propia Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha y, por otro, en el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y por el que ahora está procesado, también en la Audiencia Nacional.

Gómez Gordo, apodado Cospedín por Villarejo, nunca ha negado su implicación en la operación de espionaje a Bárcenas, incluso ante el juez dijo que actuó "de buena fe e ilusionado" porque en esos días, en 2013, el extesorero del PP "era el delincuente número uno". También reconoció que pagó con dinero en efectivo a Ríos, pero afirmó que el conductor nunca le entregó "absolutamente nada" de material sobre documentos o audios que se habría llevado Bárcenas del partido, según las grabaciones de sus declaraciones judiciales que obran en el sumario de la causa.

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La otra línea es la relación que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantenía con Villarejo, relación de la que éste dejó constancia en conversaciones grabadas que después fueron incautadas por los investigadores de Asuntos Internos. En al menos una de esas conversaciones, publicada por el digital moncloa.com, estuvo presente la ex secretaria general del PP, que recibió al comisario jubilado en su propio despacho de la sede de Génova en julio de 2009, unos meses después de que estallara el caso Gürtel. En esa conversación no se hablaba de Kitchen, pues para entonces Bárcenas aún trabajaba en el PP como tesorero, aunque ya estaba siendo investigado por la macrocausa de corrupción. Tras la publicación de los audios, Cospedal dimitió de sus cargos políticos en el partido y en el Congreso.

Para Anticorrupción, esa reunión resulta clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" del operativo KitchenKitchen. La vinculación, se lee en el informe en el que el Ministerio Público pidió la imputación de Cospedal, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009 a la entonces secretaria general del Partido Popular y al marido de ésta en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid". Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel".

El sumario del caso Tándem revela numerosas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro que fueron grabadas por el comisario, encuentros de los que éste también dejó constancia en sus agendas, donde apuntaba de forma pormenorizada las citas, profesionales o personales, y un pequeño resumen del contenido. El comisario apuntaba los encuentros o llamadas con el empresario con las iniciales "ILH".