El regreso del Estado del Bienestar: los impuestos para los que más tienen se abren camino en grandes organismos internacionales

Silenciosamente, un cambio de paradigma radical se impone en los organismos internacionales y en los países que componen los anteriores, especialmente las grandes potencias occidentales. Para muestra un botón: esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) proponía una suerte de impuesto global temporal de solidaridad para las rentas más altas del planeta. Solo dos días antes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reclamaba aumentar el suelo mínimo del Impuesto de Sociedades, iniciativa a la que rápidamente se sumaron Francia, España y Alemania, que pidieron internacionalizar ese tributo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Precisamente en el seno de la OCDE viene discutiéndose desde hace años la creación de otro tributo sobre determinadas transacciones digitales, más conocido como Tasa Google, un impuesto que en España fue creado en los últimos Presupuestos Generales del Estado y cuya primera liquidación se realizará en julio. Tras la década anterior, en la que "reforma" significaba adelgazar las arcas públicas, la nueva tendencia económica recupera la fiscalidad progresiva, la de que los que más tienen más paguen de acuerdo con la filosofía que perduró en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada al poder de Ronald Reagan o Margaret Thatcher. 

Es la vuelta de la arquitectura que sustentaba el Estado del Bienestar. El regreso de la Edad de Oro del Capitalismo, época conocida también como los Treinta Gloriosos Años. ¿Cuándo se produjo el cisma? Algunos apuntan al Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2017, en el que se abogaba por una "progresividad de las políticas de impuestos sobre la renta, renta básica universal y gasto público para lograr resultados de educación y salud más equitativos".

"Desde entonces el Fondo plantea la necesidad de luchar contra el incremento de las desigualdades", celebra el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. "Reconoce que las desigualdades no solo sean políticas o sociales, sino económicas. El mantra de que la progresividad lastraba el crecimiento econónico se está derrumbando, tras décadas de descapitalización de impuestos progresivos o directamente de bajadas".

La corriente hacia la progresividad fiscal es abrumadora, pero aún no compartida por todos los estamentos internacionales. El más importante es la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario que preside Úrsula Von der Leyen y que participó en la crisis anterior de aquel órgano llamado Troika junto al Banco Central Europeo (BCE) y el FMI (que se salió en 2015 por el trato dispensado a Grecia). La Comisión, pues, formó parte de los dolorosos recortes con José Manuel Durao Barroso (hasta 2014) y con Jean-Claude Juncker (hasta 2020), y sigue sin asumir la progresividad tributaria. La prueba es el último "Paquete para una fiscalidad justa y sencilla", presentado en julio del curso pasado. 

El organismo que preside Von der Leyen tira de eufemismos a la hora de proponer su receta fiscal: fiscalidad "eficiente", "sostenible" o "transparente" son algunos de los eufemismos empleados por la Comisión Europea. "Dentro del FMI pesa mucho la tradición aún, pero sus dirigentes se han dado cuenta que esas políticas tradicionales implican unas consecuencias brutales en términos de desigualdad.", razona Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía y ex rector de la Universidad a Distancia (UNED) de 2005 a 2013. "Dentro de la Unión Eurpea es todavía más complicado. La componen países, y dentro de esos países hay regiones que juegan a ser insolidarias", dice Gimeno, en clara referencia a la Comunidad de Madrid. "Si ya sabemos que en Europa hay comportamientos fiscales más que dudosos por parte de algunos gobiernos, la unanimidad en materia fiscal es muy complicada".

"Regiones que juegan a ser insolidarias"

La OCDE se ha convertido en el coso en que se discuten la mayor parte de estos impuestos globales. El organismo con sede en París presidido por Ángel Gurría alberga las negociaciones -retrasadas- para la "reforma fiscal" que afecta a determinados servicios digitales. No sometida a la ortodoxia de la Troika, ya en 2011 la OCDE se salía de aquel consenso en su informe sobre España. Al recuperar Mariano Rajoy el Impuesto sobre el Patrimonio que José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, el organismo solo veía virtudes en la decisión adoptada hace 10 años: "La restitución del impuesto sobre el patrimonio contribuye al esfuerzo de consolidación sin dañar a la actividad, al tiempo que genera mayor equidad. En general, se puede considerar el aumento de aquellos impuestos que ocasionan menor distorsión, como la limitación de los tipos preferenciales del IVA, la eliminación de las exenciones a la imposición sobre el valor añadido o la apuesta por los tributos medioambientales".

El anuncio de Yellen de armonizar el suelo mínimo para el Impuesto de Sociedades, celebrado por los principales países de la UE, coincide con el del FMI en una cosa: son propuestas temporales, esto es, perecederas. El economista Stuart Medina recela de esa naturaleza. "La temporalidad parte de una mala comprensión de la función de los impuestos", afirma. "Si aceptamos que no deben utilizarse para cuadrar cuentas públicas sino para conseguir unos objetivos que la sociedad considera deseables, como por ejemplo, una mayor equidad, entonces ¿por qué deben ser temporales? El FMI parece que nos está proponiendo que quienes llevan ya varias décadas acumulando grandes fortunas ahora tengan un pequeño gesto, un detallito con los perdedores de la globalización, la anterior crisis y ésta".

Controlar al poder con impuestos

Para Medina, "si tenemos un problema estructural de desigualdad no lo va a resolver un impuesto transitorio". "Debemos revisar de forma permanente unas estructuras fiscales clasistas y crecientemente regresivas que, so pretexto de incentivar la inversión, se dedica a crear enormes ventajas para quienes tienen la posibilidad de recomponer sus carteras en función de tal o cual incentivo al ahorro".

Stuart Medina es defensor de la Teoría Monetaria Moderna (MMT, en inglés), una corriente económica muy en boga que defiende que los países con su propia divisa carecen de restricciones financieras a la hora de endeudarse o gastar. El economista y profesor de la Universidad Carlos III, Juan Laborda, comparte los postulados de la MMT: "Falta una política de expansión fiscal basada en el gasto público para lograr el pleno empleo", opina. "Así que la progresividad fiscal y los impuestos deberían de servir para controlar el poder y evitar desigualdades. Un elemento magnífico para penalizar a rentistas".

Para Carlos Cruzado (Gestha), uno de los tributos que urge tocar es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF. "Habría que introducir tramos para los patrimonios más altos. Estamos por detrás de los países europeos más desarrollados. La posibilidad temporal y excepcional que brindan el FMI o Yellen va en la línea. El problema es que es una corriente que se maneja ahora por parte de los organismos internacionales, pero aún no por los dirigentes políticos", lamenta Cruzado.