Madrid inicia obligada por la Justicia los trámites para recuperar 3.000 viviendas protegidas vendidas a Goldman Sachs

El Gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado recientemente los trámites para recuperar la propiedad de casi 3.000 viviendas sociales vendidas en 2013 por debajo del precio de mercado al fondo buitre o de capital riesgo Azora. El actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, inmerso en la campaña electoral del 4M, asegura que no está de acuerdo con su propia decisión, que seguirá recurriendo y que así da cumplimiento de la histórica resolución de septiembre del año pasado del Tribunal Supremo que tumbó la enajenación de 2013, adelantada por este medio y ocurrida durante el mandato de Ignacio González, investigado por la Operación Lezo.

Además, el equipo de Díaz Ayuso tiene que publicar la sentencia en El País, siempre de acuerdo con la orden judicial. No lo ha hecho y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid, en una providencia fechada el pasado 9 de abril, da 10 días para publicar dicho fallo o, en caso contrario, que aporte las explicaciones pertinentes. La Comunidad contesta que la publicación en el rotativo cuesta mucho dinero y que están igualmente recurriendo la decisión (los recursos también cuestan dinero).

Sobre la recuperación de pisos protegidos, la Comunidad señala que ha iniciado la anotación preventiva ante el Registro de la Propiedad de las 2.935 viviendas públicas afectadas, el primer paso para recobrar la titularidad. Así lo constan los documentos del Registro a los que ha tenido acceso infoLibre. La anotación preventiva es la constancia de una pretensión ante el Registro precisamente para cambiar al propietario de un inmueble urbano. “Realmente nosotros vamos a continuar defendiendo que la sentencia sólo afecta a las viviendas de los recurrentes. Es un tema aún no decidido por los jueces de manera definitiva”, indican en la Consejería de Vivienda.

Los diferentes gobiernos madrileños del PP que sucedieron a González han perdido todos los recursos desde 2018 presentados por el querellante, un vecino de Navalcarnero llamado Rachid Bouikou que de la noche a la mañana se enteró que su casero pasaba de ser una agencia pública (el Ivima) a un fondo de capital riesgo. Según la consejería, el trámite de la anotación preventiva “tiene un efecto informativo”. “Que los terceros sepan que hay posibilidades de que el titular cambie por resolución judicial”, añaden portavoces.

¿Qué es una anotación preventiva? "Cuando se dicta una sentencia judicial no firme, se puede recurrir a la anotación preventiva", explican fuentes del Colegio de Registradores de la Propiedad. "Es una acción prescriptiva con una duración temporal de cuatro años que se cumplirá cuando la sentencia sea firme y no diga lo contrario de lo que venía fallando cuando el fallo era recurrible". Según estas fuentes, también puede hacer una labor "informativa", "pero en este caso se realiza porque así lo ordena el juez". 

"Dinero a cambio de viviendas"

Ya en febrero pasado, Vivienda -una consejería al frente de la cual está el polémico David Pérez- pidió suspender la ejecución alegando que recuperar 2.935 VPO era una tarea que requiere “una enorme complejidad y volumen”. Ahora la consejería asegura que sigue sin recuperarlas plenamente. “No somos de facto los propietarios ni responsables de las viviendas porque aún no estamos en la fase procesal donde se ordena el restablecimiento de las prestaciones: dinero a cambio de viviendas”. Es decir, no se ha producido la negociación que abocará a que la Comunidad de Madrid pague una cantidad justa al fondo Azora – Goldman Sachs por recobrar la titularidad de miles de viviendas ocho años después de malvendérselas.

Azora pagó en 2013 alrededor de 200 millones de euros, mucho menos de lo que valían las 2.935 viviendas repartidas en 32 promociones, tal y como indicó en 2015 la Cámara de Cuentas de Madrid en un informe demoledor. El fondo, que explota estos pisos a través de su vehículo inmobiliario Encasa Cibeles, protestó a finales de diciembre por la inacción de la Comunidad de Madrid ante las sentencias judiciales, indicó que solo podía devolver 1.700 de las casi 3.000 –el resto han sido vendidas a terceros– y se declaró “legítimo propietario” en tanto que el Gobierno regional no negociara una compensación económica.

Dudas sobre 1.300 de las 3.000 VPO

Ahora la región ha dado el primer paso. “No vamos a contactar ahora con los afectados”, insisten en el Ejecutivo de Díaz Ayuso. “No nos corresponde. Hemos solicitado las anotaciones preventivas por orden del Juez, lo que no implica que las viviendas estén en nuestro patrimonio”. ¿Y las viviendas vendidas a terceros, es decir, las que ha enajenado Goldman Sachs-Azora a otros particulares, unas 1.300 según el fondo? "Buena pregunta", responden en el Gobierno regional. "No tenemos ni idea porque la sentencia no dice qué hacer con ellas". 

En su providencia del 9 de abril, el Juzgado asegura que no le "consta" que la sentencia esté publicada "en el diario El País". Por tanto, proclama el magistrado, "requiérase a la Directora Gerente de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que en el plazo de 10 días manifieste si se ha producido dicha publicación y, en caso contrario, de cuenta de las razones por las que no se ha procedido a la misma". 

En la Comunidad de Madrid manifiestan su disconformidad por tener que publicar la sentencia en este periódico y aducen razones económicas para no hacerlo. Hasta el punto que portavoces regionales de Vivienda dicen estar buscando financiación. Es decir, que la Comunidad de Madrid aseguran no contar con dinero para publicar el fallo en un medio de tirada estatal. "Estamos estudiando la forma de obtener la financiación que permita la publicación ya que no estaba contemplada esta contingencia".