Una juez abre diligencias contra varios a altos cargos del Gobierno por la ayuda a Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra. Por el momento ha reclamado a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda y pide identificar al consejo de administración, en el que figuran más de una decena altos cargos del Gobierno.

Recientemente fue designada como presidenta Belén Gualda y además de Lora completan el Consejo de Adminstración Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Con menor cargo figuran también en este órgano de Administración María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;

Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, que es directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado y

Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.

La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.

En su resolución, la magistrada señala que los hechos que se incluyen en la denuncia "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de "aquellas esenciales" para realizar estas averiguaciones. Además, da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de Administración del SEPI "que deberán ser identificados". Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.

La denuncia se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios. A juicio de los denunciantes, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como "más que razonable 'notitia criminis'", apuntan la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.

Manos Limpias cuestiona que se pueda considerar esta empresa como estratégica, "cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España" y ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011, acumula unas pérdidas de 10 millones de euros y dispone de un "único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela (...), transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas". "A ello hay que añadir que la dirección y el accionariado de la aerolínea, con el porcentaje del 47% está en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá (paraíso fiscal)" y que "el escándalo ya es objeto de una investigación en estancias europeas, promovidas por el eurodiputado Luis Garicano", añade la denuncia.

Pruebas a practicar

Entre las pruebas a practicar, los denunciantes reclaman a la juez que pida el plan de viabilidad elaborado, el informe DC Advisory del asesor económico y el Informe Deloitte del asesor jurídico. Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han expresado a Europa Press una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.

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Señalan que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Añaden también que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del covid-19.

Además, una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación, elaborado para la compañía por Price Waterhouse Coopers. Como datos económicos, apuntan que en 2019 facturó 100 millones de euros, generando empleo directo a 350 personas e indirecto a 2.500. En las rutas que opera (desde Madrid y Tenerife a Ecuador, Perú y Venezuela especialmente) ha alcanzado una cuota superior al 11%, transportando 176.000 pasajeros, según datos del último ejercicio anterior a la aparición de la pandemia.

En la concesión de esta ayuda financiera temporal, como en la aprobada el pasado noviembre para Air Europa y en marzo de este año para Avoris, el Fondo ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España el turismo, sector que representa más del 12% del PIB contando también con toda la cadena de valor que genera para la actividad económica y el empleo. "Desde su constitución hace seis años, esta compañía ha intentado cubrir huecos de mercado complementarios a los servicios que proporcionan otras líneas aéreas de mayor tamaño. En momentos de alta demanda, también ha alquilado tripulaciones para abordar necesidades técnicas puntuales", añaden las mismas fuentes, que se refieren igualmente a la fuerte caída de ingresos motivada por la pandemia.