La región con menos leyes aprobadas y la única sin cuentas autonómicas: Madrid, dos años de parálisis legislativa

La pandemia y la falta de mayoría absoluta. Esos son los dos ejes en los que se ha escudado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para justificar la falta de producción normativa en suelo madrileño. Durante sus dos años de mandato, el Ejecutivo regional tan solo ha sido capaz de poner sobre la mesa de la Asamblea autonómica, y aprobar, dos proyectos de Ley, ambos por lectura única. Es la cifra más baja de las registradas en todos aquellos territorios que comparten periodo político con Madrid, regiones que, a diferencia de esta última, ya tienen listas sus cuentas de cara al presente año. Junto a estos textos, de los Consejos de Gobierno han salido también cientos de decretos de todo tipo. Y de los grupos, más de dos decenas de proposiciones de ley que, sin embargo, han terminado guardadas en un cajón. Un cierre en falso que también ha afectado a las dos principales comisiones de investigación, aquellas que acorralaban a la propia líder autonómica.

infoLibre repasa, a continuación, los dos años de parálisis normativa vividos en Madrid desde los últimos comicios autonómicos.

Cuatro proyectos presentados, solo dos aprobados

El 20 de agosto de 2019, una semana después de su investidura, Díaz Ayuso presidía la primera reunión con todo su equipo. Desde entonces, el Consejo de Gobierno ha celebrado nueve decenas de reuniones, en las que sólo se ha acordado la aprobación y remisión a la Cámara regional de cuatro proyectos de ley diferentes. De ellos, sólo un par han sido aprobados en la Asamblea de Vallecas por el procedimiento de lectura única, mientras que los otros dos textos –uno para reformar el Estatuto de Autonomía e incluir la figura del decreto-ley y otro para dar luz verde a nuevas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF– se han quedado por el camino.

En concreto, la Asamblea de Madrid solo ha dado su visto bueno a la enésima reforma de la Ley del Suelo, un asunto que se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, y a la puesta en marcha de una nueva universidad privada en la región. El primer texto, cuya aprobación fue polémica por hacerse sin el quorum necesario, contempla la supresión de la mayoría de licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, sustituyéndolas por declaraciones responsables de los propios promotores, con el objetivo de liberalizar el sector. El segundo, permite la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa, un nuevo centro privado en la comunidad autónoma promovido por una empresa del Grupo Planeta De Agostini que se sumará al de Villanueva, ESIC y Cunef, que recibieron luz verde durante la legislatura anterior.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es el que menos normas –incluyendo presupuestos anuales y excluyendo los decretos-ley, una figura de la que no dispone el gobierno madrileño– ha aprobado, a pesar de que todas las regiones se han visto igualmente golpeadas por la pandemia y algunas de ellas están lideradas por coaliciones. De las once comunidades autónomas que compartieron elecciones con Madrid el 26 de mayo de 2019, Navarra es, de lejos, la que más proyectos de Ley ha sacado adelante hasta el momento en el que se escribieron estas líneas: 32 de 35 registrados en el Parlamento autonómico. Le siguen Castilla-La Mancha o Canarias, con 13 y 10 textos aprobados, respectivamente. 

En la parte baja de la tabla, por encima de Madrid, se encuentran Baleares y Asturias. En el primer territorio, el Ejecutivo regional ha puesto sobre la mesa de su Cámara autonómica, y ha aprobado, tres proyectos de Ley –dos de presupuestos y una reforma de la norma de perros de asistencia–. En el segundo, son cuatro los textos que han recibido luz verde de la Cámara autonómica.

Media decena o más de proyectos de Ley han prosperado en Murcia, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Cantabria. En esta última comunidad autónoma el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante nueve proyectos de ley.

Cero presupuestos

Otra de las anomalías de Madrid es que no ha presentado cuentas públicas en estos dos años de legislatura. La última vez que la comunidad autónoma aprobó unos presupuestos en la Asamblea fue en diciembre de 2018, con Ángel Garrido como líder del Gobierno regional. Luego, llegó el relevo en la Puerta del Sol y las prórrogas. La primera se produjo en diciembre de 2019, y desde el equipo de Ayuso achacaron esta decisión a la falta de estabilidad política a nivel nacional. No era "responsable", decían, elaborar unas cuentas públicas sin un Ejecutivo central constituido y "sin previsión de los ingresos" que le correspondería a Madrid "en concepto de entregas a cuenta", algo que "podría suponer tener que hacer modificaciones posteriores".

Por aquel entonces, el plan pasaba por mantener la extensión hasta que se dispusiera de esos datos. Sin embargo, esta posibilidad se fue alejando poco a poco. En febrero de 2020, el entonces vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, deslizaba la posibilidad de seguir con las de Garrido mientras se metían de lleno en la elaboración de las de 2021. Pero luego estalló la crisis sanitaria y las prioridades cambiaron por completo.

Ayuso y Aguado en la rueda de prensa en la que anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para los presupuestos de 2021. | Europa Press.

La Comunidad de Madrid es la única sin unos presupuestos de cara a 2021. Bueno, junto con Cataluña. La única diferencia es que en esta última comunidad autónoma se recibieron los datos económicos procedentes del Ejecutivo central cuando el Govern ya se encontraba en funciones, una situación de interinidad que le impide aprobar las cuentas.

27 proposiciones de los grupos, ninguna aprobada

A lo largo de los dos años de legislatura, se han puesto sobre la Mesa de la Asamblea de Madrid un total de 27 proposiciones de Ley. Una parte importante de ellas –10–, según se desprende de la página de la propia Cámara regional, salieron del grupo parlamentario de Más Madrid, seguido por Unidas Podemos y Ciudadanos, con seis y cuatro textos, respectivamente. Sin embargo, ni una sola de estas iniciativas ha llegado a cristalizar. 

Decaen algunas centradas en la regeneración democrática o en la lucha contra la corrupción. Es el caso de la de Unidas Podemos que buscaba reformar las normas autonómicas para establecer, entre otras cuestiones, una limitación de mandatos, de forma que no pudiera ser presidente quien ya hubiera ejercido el cargo por un periodo de ocho años. U otra de la formación morada con la que se pretendía establecer un concurso de méritos para la cobertura de vacantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que destierre "cualquier atisbo de discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso". Se vienen abajo, del mismo modo, una iniciativa legislativa de Más Madrid ante el Congreso de los Diputados orientada a la creación de una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud o la proposición de Ley de Ciudadanos de protección a los alertadores de corrupción.

Dos comisiones de investigación cerradas en falso

También se han cerrado en falso la mayoría de comisiones no permanentes. De las cuatro abiertas durante la presente legislatura –dos de estudio y dos de investigación–, el único dictamen sobre el que se ha podido pronunciar el Pleno es el relativo al órgano de análisis para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid. Lo hizo el pasado mes de octubre, con la aprobación de un texto –a pesar del rechazo de Vox– en el que se proponía reforzar la sanidad pública, la contratación de personal sanitario, la modernización del modelo productivo o el fortalecimiento de los sistemas de protección social.

En el aire quedó, con el adelanto electoral, la comisión para abordar el reto demográfico y la despoblación en la región, que solo le ha dado tiempo a reunirse en cinco ocasiones. Muchas más sesiones llevaba, por su parte, el órgano parlamentario encargado de investigar el zarpazo del coronavirus durante la primera ola en los centros residenciales. Encuentros de los que ya se habían ido extrayendo algunas claves interesantes, como por ejemplo que el famoso Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre, ese documento que impedía la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, no era un simple borrador, como han defendido por activa y por pasiva desde el Gobierno madrileño.

Una de las últimas sesiones de la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias.

Sí que se concluyeron los trabajos, sin embargo, de la comisión de investigación de Avalmadrid. El órgano parlamentario llegó, incluso, a aprobar un par de dictámenes –uno de Ciudadanos y otro de Vox–, lo que provocó un importante embrollo jurídico. Al final, la Mesa de la Asamblea, controlada por PP y los naranjas, acordó elevar a Pleno exclusivamente el texto de la formación liderada por Inés Arrimadas, mucho más suave que el de la extrema derecha en lo relativo al caso de la presidenta regional y el aval de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica. La oposición confiaba, sin embargo, en poder dar la vuelta a la tortilla en el hemiciclo a través de los votos particulares. Sin embargo, el adelanto electoral fulminó esta posibilidad y metió en un cajón el caso Avalmadridcaso Avalmadrid.

Más de cuatro centenares de decretos

Desde la primera reunión del Consejo de Gobierno, y hasta la fecha de redacción de esta información, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha recogido un total de 405 decretos emanados de Presidencia y las diferentes Consejerías. Una parte importante de ellos, sobre todo durante los últimos meses, son de carácter sanitario, textos que establecen las restricciones a las que ha ido dando luz verde el Ejecutivo regional para hacer frente a la pandemia. Pero también es la figura utilizada para nombramientos o ceses, reconocimientos de distinciones –las cruces de la Orden del Dos de Mayo, por ejemplo– e, incluso, para dar luz verde al cambio de nombre de un instituto.

Algunos tienen, sin embargo, un carácter más político. Es el caso, por ejemplo, del decreto con el que el Ejecutivo regional busca blindar la educación concertada tras la aprobación de la Ley Celáa con un incremento de la duración de los conciertos de seis a diez años. O del texto con el que se suspendió la concesión de autorizaciones para la apertura de casas de apuestas. En este caso, el decreto establecía el 29 de noviembre como fecha de inicio del bloqueo. El problema es que el Gobierno regional había anunciado su intención 17 días antes. Un espacio de tiempo que fue aprovechado por las empresas del sector del juego para registrar más de un centenar de solicitudes de licencia.

Otros son de carácter más administrativo. Destaca, por las dudas que genera en la oposición, el decreto del pasado mes de marzo que simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas en la región. Un texto que reduce con carácter general los plazos de emisión de informes o contempla la regulación de un procedimiento específico de tramitación urgente en el que los plazos sistemáticamente se reducirían a la mitad.

Decenas de ceses

A lo largo de los dos años de legislatura, los ceses y dimisiones en el Gobierno regional se han contado por decenas. Sólo en los siete primeros meses de mandato, se registraron nada menos que trece cambios. En agosto, se prescindió de Fernando Prats como director del área de Ordenación y Control del Juego, tras la decisión de Ayuso de suprimir ese departamento. Un mes después, el turno llegó a Francisco Lobo, que abandonó su puesto después de que la Cadena Ser adelantase su imputación en la Púnica. También se vio afectada por este caso de corrupción la funcionaria Rosario Jiménez, que fue cesada como Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. 

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El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero en la Asamblea de Madrid.

También fueron sonadas las salidas de Ángeles Pedraza tanto de Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo como de Comisionada de la Cañada Real, un puesto en el que duró menos de una semana. O la de Concepción Canoyra, que dejó el cargo de directora general de Educación Concertada tras publicarse una información que la acusaba de haber plagiado parte de su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela.

Luego llegó la pandemia. Y, con ella, continuó la sangría de altos cargos. Del Ejecutivo cayeron en pocos meses casi una decena de personas más. Una de las dimisiones más sonadas fue la del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, muy crítico con la gestión de las residencias. O la de quien fuera directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien abandonó el cargo en protesta por la decisión de solicitar que la comunidad entrase en la fase 1 de la desescalada.