La Fiscalía no tiene en cuenta las confesiones de Bárcenas y confirma su petición de 5 años de cárcel por la 'caja b'

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado aplicar alguna atenuante al extesorero del PP Luis Bárcenas a la hora de hacer definitiva su solicitud de pena por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja b y ha confirmado este miércoles su petición de cinco años de cárcel para el exdirigente conservador, según informa Europa Press. El Ministerio Público no tiene en cuenta así la predisposición mostrada por Bárcenas en los últimos meses para colaborar con la Justicia, quien antes de iniciar la vista oral remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política. Unas confesiones que reiteró en su declaración como acusado.

El fiscal Romeral -este martes se conoció la propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle a número dos de Anticorrupción- ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su escrito de calificación se han introducido breves modificaciones. El "principal" cambio, ha apuntado, es la atenuante de la reparación del daño para la firma de arquitectura Unifica -responsable de las reformas-, ya que ha realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. "Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad", ha dicho.

Además, Romeral ha indicado que ha realizado otras modificaciones relativas a los hechos fruto de la prueba practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, pero ha añadido que no afecta a la responsabilidad penal de los procesados.

Así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Bárcenas -quien ya ha sido condenado en firme a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)- por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y un año y medio de cárcel para el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez por los mismos delitos salvo el de apropiación indebida.

No obstante, debido a la modificación planteada para los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, su petición de pena puede verse reducida, aunque no ha concretado el representante del Ministerio Público. En su escrito de acusación provisional solicitó para cada uno de ellos la pena de tres años y 10 meses de prisión.

Conclusiones del resto de acusaciones

Anticorrupción no ha sido la única en trasladar al tribunal sus conclusiones definitivas tras la práctica de todas las pruebas durante la vista oral, pues también lo han hecho el resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. El turno de las defensas será este jueves, ya que algunas de ellas han solicitado tiempo para preparar sus conclusiones tras conocer los cambios introducidos por las acusaciones. Después de cumplimentar esta fase, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar con la exposición de los informes de las partes.

La acusación popular Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero. El letrado ha anunciado que entre las modificaciones de su escrito de acusación provisional se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, "en virtud de su declaración en este juicio oral".

Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral. En lo que sí han coincidido todas las acciones populares es en retirar la acusación contra la trabajadora de Unifica Laura Montero, para quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado dirigieron acusación.

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Por su parte, la Abogacía del Estado ha modificado también su escrito de calificación provisional con respecto a la cuota que entiende defraudada correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007. De tal modo, ha rebajado las cantidades que creen que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública.

En este sentido, ha apuntado que si se tiene en cuenta la diferencia de los importes de las certificaciones finales -documentos que sirven para facturar los trabajos- que Unifica emitió con respecto a las obras en la sede del PP, la cuantía impagada es de 931.240 euros; mientras que si se toma como referente los conocidos como papeles de Bárcenas, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la caja b del partido, los acusados deberían abonar 920.501 euros.

Cabe recordar que el PP se encuentra presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.