La estrategia del Gobierno para 2050: incorporar al empleo a mujeres, jóvenes y migrantes, retrasar la jubilación y una reforma fiscal completa

La estrategia del Gobierno para converger en 2050 con los ocho países más avanzados de la Unión Europea es disparar la productividad y el empleo de forma simultánea, precisamente los dos históricos talones de Aquiles de la economía española. Pero el Ejecutivo cree que es posible darle la vuelta al calcetín, elevando en un 50% la productividad nacional y aumentando la tasa de empleo desde el 62% al 80% durante los próximos 30 años, “el mismo crecimiento que España registró en los 30 años anteriores a la crisis de 2008”, según resalta España 2050, el estudio prospectivo que han elaborado para el Ejecutivo 103 expertos a lo largo del último año. De esa forma, el PIB se elevaría a un ritmo del 1,5% anual, lo que permitiría recortar la brecha en renta per cápita que separa a los españoles de esos ocho grandes de la UE desde el 21% actual hasta el 10% en 2050.

A su vez, para aumentar la tasa de empleo, el Gobierno planea incorporar al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años, todos ellos ahora con tasas de inserción inferiores a los niveles europeos. En 2050, la tasa de paro debería quedar reducida en 2050 al 7%, también el nivel europeo. Como recuerda el propio estudio, sólo entre 2005 y 2007 España bajó hasta una tasa de desempleo similar, el 9%, cuando la economía nacional “crecía al 4% y de forma desequilibrada”. La tasa de paro juvenil debería reducirse a la mitad de la actual, que es la segunda más alta de la UE, tras Grecia y se sitúa en el 33%. La participación laboral femenina tendría que elevarse 20 puntos en 30 años, de forma que se incorporasen al trabajo dos millones de mujeres.

Pero también se pretende equiparar la tasa de actividad de quienes tienen entre 55 y 74 años con la que disfrutan los mejores países de la UE, mediante un alza de casi seis puntos porcentuales: 1,6 millones de trabajadores más. Lo que se conseguiría con incentivos para seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Y manteniendo a los de más de 55 en el mundo laboral, gracias a “programas integrales de retención y reincorporación” de los trabajadores mayores adecuando los empleos futuros a sus capacidades e intereses, adaptando los ya existentes en función de la edad a través de “itinerarios flexibles” y apoyando el “emprendimiento sénior”.

Aunque a más largo plazo –“en las próximas décadas”, apunta el estudio–, la idea es “adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida”. Es decir, retrasar la edad legal de retiro, que en 2027 serán los 67 años. España 2050 menciona la reforma de las pensiones de 2011 pero no la de 2013, cuyas dos medidas estrella, el índice de revalorización desligado del IPC y el factor de sostenibilidad, se encuentran derogado el primero y suspendido el segundo. En cambio, menciona dos posibles reformas de calado. Una es la creación de un sistema de previsión complementaria “de titularidad personal, de modo que acompañe al beneficiario en las diferentes fases de su vida activa y sea transportable entre empresas, ilíquido hasta el momento de la jubilación”, salvo en situaciones de necesidad como enfermedad grave, invalidez laboral o cese de actividad. Para eliminar suspicacias de privatización, el desarrollo de ese nuevo pilar de protección social se deja en manos del diálogo entre empresas y trabajadores, no sin antes precisar que nunca debería “menoscabar la centralidad del sistema público y su suficiencia”.

Además, en vistas a la anunciada derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución –anunciada por el ministro de Seguridad Social– por otro mecanismo del que aún no se conocen los detalles, el estudio adelanta la necesidad de introducir “mecanismos de revisión periódica” del sistema público de pensiones “asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales”, que lo adapten a la esperanza de vida.

Un futuro con menos empleo fijo y más 'freelancers'

Para acabar con las lacras del mercado laboral y equiparar las tasas de empleo españolas a las de los países líderes de al UE, el estudio reproduce algunas de las medidas ya anunciadas por el Ministerio de Trabajo o que éste negocia con patronal y sindicatos. Reducir los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y formativo, o establecer un mecanismo permanente de ERTE. El documento menciona el fomento de la contratación indefinida frente a la temporal sin precisar medidas concretas, pero sí propone aumentar las “sanciones y las indemnizaciones” para los contratos temporales fraudulentos. Y reformar el Estatuto Básico del Empleo Público para reducir al máximo los contratos temporales en las administraciones.

Además, hace mucho hincapié en la importancia de las políticas activas de empleo –la reorientación y recualificación profesionales– para recortar el desempleo, más aún el paro de larga duración. El objetivo es aumentar esta partida –maltratada durante la anterior crisis por los recortes presupuestarios– hasta alcanzar el equivalente al 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050. Así se podría “destinar íntegramente los recursos “humanos y espaciales” del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la orientación profesional, una vez digitalizados y automatizados los trámites administrativos relacionados con el desempleo. La intermediación laboral, una tarea a la que el SEPE renunció hace ya tiempo, se podría llevar a cabo en una plataforma digital estatal que conecte a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas, tanto públicas como privadas, apoyándose en “el uso de inteligencia artificial, algoritmos de perfilado y datos masivos”. El primer paso, indica el documento, debe ser modernizar el Portal Único de Empleo actual.

Sobre la negociación colectiva, los expertos formulan una propuesta en la línea con la que se negocia en estos momentos en el Diálogo Social. No se habla de qué convenios deben gozar de prioridad aplicativa –la CEOE quiere mantener la del convenio de empresa, establecida en la reforma laboral de 2012; los sindicatos, recobrar la del convenio sectorial–. En cambio, diseñan una “garantía salarial a escala sectorial” que evite “ajustes excesivos” en los sueldos, al tiempo que se permite “flexibilidad” en la distribución de las horas o la organización de trabajo; es decir, esas materias se dejan en el ámbito del convenio de empresa. Una especie de solución salomónica que no rechazan ni UGT ni CCOO. Sobre la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan–, el estudio plantea “evitar bloqueos prolongados” mientras se negocia la renovación de los convenios colectivos mediante la adecuación de los mecanismos existentes, sin concretar más.

Otras medidas novedosas para estimular el empleo incluyen incentivar el emprendimiento de los jóvenes, sobre todo en las zonas más despobladas, dotar de portabilidad plena a las prestaciones sociales, para estimular la movilidad de los trabajadores entre comunidades autónomas y reducir la jornada laboral hasta converger en el número de horas trabajadas a la semana en los ocho grandes países europeos, 35 horas en lugar de las 37 españolas. Los autores del estudio creen que el empleo por cuenta ajena a tiempo completo irá perdiendo peso en los próximos años. Adelantan un mercado laboral donde ganarán relevancia “formas de empleo atípico”: autónomos, freelancers y trabajadores on-demand, que combinarán “varias fuentes de ingresos y diversas actividades profesionales”. El éxito de las plataformas digitales y el aumento de la externalización están detrás de esos cambios en los modelos de empleo. Las empresas contratarán “cada vez más tareas que personas”, y éstas las remunerarán “por los resultados obtenidos, más que por las horas trabajadas”. En consecuencia, auguran, las carreras profesionales serán más discontinuas, los trabajadores cambiarán con más frecuencia de empleador y de sector. El riesgo que corre ese incierto mundo laboral del futuro son unas redes de protección social, y un estado de bienestar, debilitados. Y la respuesta que da el estudio a esa eventualidad se dirige a nutrir la financiación del sistema de prestaciones no sólo con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas como hasta ahora, sino también con impuestos.

Finalmente, se pretende “fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en el reparto de las ganancias de productividad”. Los expertos aseguran que es un modelo de éxito en Suecia –la referencia a los países nórdicos es reitera en el documento–. Se trata de un sistema de cogestión a través de “fondos del personal asalariado”, que el documento describe como “fondos de inversión colectiva de la plantilla en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos”.

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Más recaudación fiscal para mayores prestaciones sociales

En el capítulo de la desigualdad –España es el tercer país con mayor desigualdad de la renta disponible de la UE–, España 2050 plantea aumentar el gasto público en protección social para ampliar las prestaciones e incluso asegurar su “acceso universal”. En concreto, propone reformar las prestaciones familiares y crear una nueva ayuda por crianza de hijos e hijas menores de 18 años.

Pero para ello, antes es necesario elevar “progresivamente” la recaudación fiscal, del 37% del PIB actual al 43% en 2050. Así que el estudio recomienda una “reforma integral” del IRPF –que incluya una revisión de las bases y tipos de la imposición sobre el trabajo– y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE. También pide la eliminación de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades, a la búsqueda de su armonización internacional.