Investigación judicial
Un juez cita como testigos a un diputado y un senador en un caso por supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León
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El ponente del PP en la comisión del Congreso que impulsó la Ley de Financiación de Partidos en 2007 y un senador declararán como testigos el próximo 1 de junio ante el juez de Salamanca que investiga la avalancha de pago de cuotas que en marzo 2017 permitió a afiliados morosos votar en las primarias cuyo ganador fue el ahora presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El diputado es José Antonio Bermúdez de Castro, un histórico del comité electoral nacional del PP. Y el senador, Gonzalo Robles Orozco. El supuesto delito que planea sobre estas diligencias es el de financiación ilegal. De momento, no hay ningún imputado.
Abierto en junio de 2019 a raíz de una denuncia anónima y archivado en una semana, la Audiencia ordenó la reapertura del caso en abril de 2020. El juez instructor, Juan Rollán García, había declarado secretas las actuaciones en cuanto las diligencias echaron oficialmente a andar. A los ocho días, y sin facilitar ningún documento a la acusación popular que de inmediato se había personado –la organización Foro de Izquierdas-Los Verdes–, el magistrado decretó el archivo definitivo. Rollán ocupa desde 2016 la plaza de juez decano de Salamanca.
Tanto la denuncia original como un posterior vídeo grabado en junio de 2019 por un afiliado que, según lo que ha trascendido padecía una enfermedad terminal –falleció ocho meses después–, alentaron la principal hipótesis de la acusación popular. Y esa hipótesis, por demostrar si es que eso llega a suceder, se resume así: que el dinero utilizado para pagar el aluvión de cuotas atrasadas e incrementar así el número de votantes en las primarias no tenía su origen en la generosidad de otros militantes sino en dinero B.
El vídeo que grabó un afiliado en puertas de la muerte
Al vídeo aludido en el párrafo anterior y cuyo contenido ratificó su viuda en sede judicial, no ha tenido acceso infoLibre. Pero sí a la declaración con que ella misma ratificó su contenido. Y según narró el pasado 19 de octubre, lo que su difunto marido había grabado se condensa en lo siguiente: que llevaba años y años sin pagar un solo euro pero que una persona del partido le llamó para decirle que "ellos" se encargarían de abonar su cuota –esas comillas aparecen en su declaración–, le citó en la sede del partido, allí recibió "la papeleta que se le dio cerrada" y después esa misma persona "lo acompañó hasta la urna para que votase".
En el polo opuesto y en defensa de la limpieza de aquellos pagos de cuotas, 39 cargos del PP firmaron sendas declaraciones juradas. Los firmantes coincidían en que habían aportado distintas cantidades procedentes de su "patrimonio personal", habían entregado las cantidades "en metálico" y tenían como destino "el pago de cuotas adeudadas" por otros afiliados. Entre quienes suscribieron tales declaraciones juradas se cuentan el diputado Bermúdez de Castro y el senador Robles Orozco, razón por la cual la acusación popular pidió que se les citase a declarar. Cada uno de ellos asegura haber entregado 1.000 euros. Y la entrega se produjo en el "Grupo Popular de la Diputación de Salamanca".
La negativa judicial a dar datos a la acusación lleva al Constitucional el caso por la financiación del PP en Castilla y León
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Como subraya la acusación popular en la denuncia que en marzo de este año presentó su abogado ante el Tribunal de Cuentas (TCU), la legislación prohíbe de forma expresa las donaciones finalistas. Es decir, aquellas destinadas a un objetivo concreto, como sería aquí el pago de cuotas debidas por terceros. En la Ley de Financiación de Partidos aprobada en 2007, y así lo remarca el Foro de Izquierdas ante el TCU, participó de forma activa Bermúdez de Castro. Y también en la que en 2015 actualizó la norma al tiempo que se introducía en el Código Penal el delito de financiación ilegal.
La marcha atrás impuesta por la Audiencia salmantina en abril de 2020 al forzar la reapertura del caso no ha sido el único encontronazo con el juez instructor. En febrero de este año, la Audiencia le ordenó que accediese a la solicitud de la acusación popular y citase a declarar al presidente del PP de Salamanca y de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, así como a otra treintena de militantes, entre ellos Bermúdez de Castro. Lo sorprendente es que la Audiencia impuso que Iglesias declarase "asistido de letrado": por definición, y salvo excepciones derivadas de causas con distintas piezas separadas donde quien está imputado en una de ellas debe prestar testimonio en otra, los testigos no comparecen con abogado porque están obligados a decir la verdad. De hecho, la Fiscalía reprochó al tribunal "la innovadora figura" y le instó a aclarar si es que se sospechaba que podían terminar imputados.
En ese segundo auto, la Audiencia salmantina hacía constar la "opacidad de la documentación aportada" para explicar el abono en cascada de cuotas de morosos. Estar al día en los pagos al partido era requisito imprescindible para votar en las primarias que por el liderazgo del partido en Castilla y León enfrentaron a Fernández Mañueco y al presidente de la Diputación de León, Antonio Silván.
