La negativa judicial a dar datos a la acusación lleva al Constitucional el caso por la financiación del PP en Castilla y León

La decisión de los tribunales de Salamanca de que la acusación popular no tenga acceso a determinados documentos clave para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP en las primarias de 2017 en Castilla y León ha acabado llegando al Tribunal Constitucional (TC). Desde el 16 de marzo, Foro de Izquierdas-Los Verdes se encuentra  a la espera de que el TC decida si admite o no un recurso de amparo que puede sentar precedente para futuras causas que afecten a la militancia de un determinado partido. 

Porque lo que el juez instructor le deniega respaldado por la Audiencia de Salamanca no es, entre otros papeles, sino el listado de los afiliados del PP salmantino válido cuando se convocaron aquellas primarias que ganó el ahora presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Y los extractos bancarios que señalan los movimientos relacionados con el pago de cuotas. Lo que la justicia ha puesto de momento al alcance de la acusación son solo documentos "anonimizados". O sea, sin posibilidad de identificar qué afiliados arrastraban deudas, cuáles las liquidaron, cómo y en qué fechas. 

Es en su auto de febrero de este año, origen del recurso de amparo, donde la Audiencia de Salamanca entiende que mutilarlos ("anonimizarlos") es lo jurídicamente correcto para preservar "el derecho a la intimidad y libertad ideológica de los distintos afiliados". Pero a la vez que sostiene esa tesis introduce un elemento poco común: que su decisión es firme "sin perjuicio de lo que pueda acordarse por instancias superiores respecto de la posible nulidad del auto al que nos referimos", uno anterior fechado en 2020. O sea, que es la propia Audiencia la que abre la puerta a que su resolución pueda ser declarada nula. En su recurso al TC la acusación alega que tal posición vulnera el principio jurídico de que ningún tribunal puede zafarse de un asunto porque no tenga clara la solución, lo que en el argot jurídico se conoce como el non liquet.

Lo que le han facilitado son papeles "indescifrables", expone ante el TC el abogado de Foro de Izquierdas-Verdes, Francisco Martín del Río. Y con ellos –eso sostiene el letrado– se vulnera un derecho fundamental: el que asiste a quien ejerce la acusación popular para ejercer su papel aplicando lo que se conoce como igualdad de armas. O lo que es lo mismo, con las mismas posibilidades que el resto de las partes para así conocer y analizar el material que inclinará la balanza hacia el platillo del cerrojazo de diligencias o hacia un eventual juicio.

"De no estar declaradas secretas las actuaciones –razona el letrado– mediante resolución motivada, como ocurre en nuestro caso, no puede imponerse restricción alguna en cuanto al acceso a la totalidad de folios y documentos que conforman las actuaciones y mucho menos de forma exclusiva a la acusación popular". Tanto la Fiscalía como la defensa sí tienen acceso a los documentos originales, aseguran las fuentes consultadas.

Los listados y los extractos bancarios constituyen una pieza fundamental en estas diligencias. Porque justamente ahí, en el pago de cuotas de afiliados morosos que al liquidar su deuda podían ya participar como votantes en el proceso electoral interno de marzo de 2017, radica el quid de un caso que se complica por días.

Parte de esas cuotas se pagaron con donaciones que 28 cargos del PP de Salamanca, entre ellos un diputado y un senador, juran haber entregado en metálico, sin que nadie les diera un recibo para demostrar que la aportación había existido ni un certificado válido a efectos tributarios. Y como ha publicado infoLibre, en sus dos declaraciones ante el juez, la gerente del PP de Salamanca, Isabel González, no solo ha reiterado que ignoraba por completo esas entregas en billetes sino que ella misma no habría aceptado aportaciones en metálico. 

Cs deja que Mañueco desautorice a una consejera naranja para no darle una excusa que lleve a elecciones

Ver más

Como paradigma de que la mutilación de documentos le coloca en situación de desventaja, Foro de Izquierdas-Los Verdes esgrime de hecho en su texto que ni siquiera la gerente fue capaz de interpretar qué estaba viendo en el extracto bancario "anonimizado". En su segunda declaración como testigo, la responsable de la gestión contable del PP en Salamanca dejó sobre la mesa un dato que Foro de Izquierdas-Los Verdes ha puesto de relieve en otra denuncia que se encuentra también en espera: la formulada el 21 de marzo ante el Tribunal de Cuentas. Y lo que Isabel Sánchez dijo esta vez ante el juez fue, además de lo ya enunciado, que no contabilizó las entregas de dinero en efectivo porque, sencillamente, no sabía que se habían producido. En teoría, las cuentas no tuvieron por qué descuadrarse: lo que aparecía en cuentas bancarias como pago de cuotas ha de ser equivalente a lo que se pagó en metálico. Pero por lo que este periódico ha podido averiguar ese cabo no se ha atado todavía por completo.

Lo que aquí cuenta no es tanto la envergadura de las donaciones en metálico –41.000 euros en total– sino su significado. Máxime cuando se limita a 17.350 euros la cuantía que suman los fondos que los autores de las 39 declaraciones juradas -28 cargos y 11 afiliados de base- aseguran haber entregado. Pero la forma en que se sucedieron esos hechos plantea varias preguntas, entre ellas si el verdadero origen del dinero es el que dicen los firmantes de las declaraciones juradas o si, como mantiene Foro de Izquierdas-Los Verdes, todo apunta a que existía una caja B. La Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) prohíbe las donaciones en metálico. Y también, sea cual sea su importe, las de carácter finalista. Es decir, aquellas que van expresamente destinadas a un fin específico.

En este caso, las declaraciones juradas parecen indicar que se vulneró por partida doble la LOFPP, en cuya gestación participó como ponente del PP uno de los donantes: el diputado José Antonio Bermúdez de Castro. Ese doblete surge porque en vez de ingresarse en una de las tres cuentas bancarias asignadas por el PP salmantino a la recaudación de cuotas, aportaciones periódicas de cargos y donaciones, en la mayoría de los casos el dinero se dio en mano a alguien en las dependencias del grupo popular de la Diputación Provincial. Y no solo cada entrega tenía una intención finalista sino que en las declaraciones juradas quedó meridianamente claro: el objetivo de cada uno de esos euros era el pago de cuotas de morosos. ¿Quién recogió los billetes o el sobre donde el donante los guardó? No se sabe. La gerente del PP salmantino ya ha dicho ante el juez instructor que, desde luego, no fue ella.