España apoya al Vaticano como observador permanente en la OMS a pesar de su posición sobre salud sexual y aborto

España ha apoyado el ascenso del Vaticano a miembro permanente de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, aunque este año de forma virtual por culpa del coronavirus. Desde 1953, la Santa Sede participa en el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo por invitación personal de su director general y como observador. Pero su intención es ganar protagonismo y lo va a conseguir gracias a Italia, que elaboró una resolución para concederle un puesto permanente.

Se garantiza así su participación en todos los grupos de trabajo y el derecho a “copatrocinar” proyectos de resoluciones y decisiones en cualquier ámbito. Según ha publicado openDemocracy, un medio de comunicación independiente con sede en Londres, la solicitud contaba con el apoyo de Polonia y Hungría, dos de los países europeos con gobiernos ultraconservadores en materia de derechos sexuales, reproductivos y LGTBI. No obstante, el pasado 12 de mayo, Italia suavizó su propuesta, de forma que la Santa Sede se convierta en observador permanente, pero pueda copatrocinar únicamente decisiones que hagan referencia al propio Vaticano.

Ése es el estatus, rebajado, que el Gobierno español secunda, tal y como explica el Ministerio de Asuntos Exteriores a preguntas de infoLibre. El mismo de que disfruta la Santa Sede en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “así como otros observadores en la OMS como Palestina”. También asegura el departamento dirigido por Arancha González Laya que ha hecho “las gestiones oportunas para que esto se refleje en el texto de la resolución” italiana.

Según puede comprobarse al comparar el borrador inicial y el texto definitivo, publicados por openDemocracy, Italia pretendía en un principio que el Vaticano tuviera derecho a publicar y hacer circular todo tipo de comunicados “directamente, sin intermediarios” y con la categoría de “documentos oficiales”. También que pudiera participar en cualquier grupo de trabajo o de redacción. Además, el texto reconocía el “extenso compromiso de la Santa Sede en la promoción de los cuidados de salud así como en las medidas públicas para afrontar emergencias humanitarias, pandemias y otras emergencias sanitarias públicas, incluyendo la reciente pandemia del SARS-COV-2”. Todo ello ha desaparecido del texto final a la búsqueda de mayores apoyos.

El Gobierno español no ha querido precisar si también respaldaba la primera redacción de la iniciativa italiana, alegando que las “consultas informales” en las que se ha negociado el documento son “confidenciales”. Pero sí indica que “se une al consenso existente entre los socios de la Unión Europea” para que la Santa Sede obtenga estatus de observador permanente cuando se le pregunta si se “siente cómodo” compartiendo iniciativas con países como Polonia y Hungría. “España promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos LGTBI en todos los foros internacionales en los que participa”, resume el ministerio.

La resolución italiana fue presentada el pasado jueves en la Asamblea Mundial de la Salud. Junto a Italia aparecen como copatrocinadores países de la UE como Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Malta, Portugal, República Checa y Rumania. También los miniestados de Andorra, San Marino y Mónaco. Además de países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Los que más llaman la atención: países musulmanes como Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán y Qatar. También India y Japón o Filipinas y Sudáfrica aparecen en la lista. Pero no España.  Aun así, ha votado a favor del nuevo estatus vaticano. “Nos sumamos al consenso, pero no copatrocinamos, como tampoco lo han hecho Francia, Suecia, Dinamarca o Países Bajos”, aclaran. La resolución italiana fue aprobada en comité la semana pasada y en el plenario de la Asamblea Mundial este lunes.

Alineado con los países integristas

“No me parece oportuna la presencia del Vaticano en esos foros, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la salud reproductiva, por ejemplo”, opina el teólogo Juan José Tamayo. Los planteamientos de la Iglesia católica en asuntos como la anticoncepción, el aborto o los modelos de pareja y de familia, explica, son “muy regresivos y muy retrógrados”. Y represivos contra las mujeres: “El Vaticano es una unipatriarquía, regida sólo por varones que ostentan el poder absoluto y elaboran los dogmas y la doctrina, marcan las orientaciones morales y estructuran organizativamente la institución, cuya constitución establece además que el Pontífice ostenta los tres poderes y nadie puede apelar en su contra”, reflexiona el teólogo. “No se puede ir a estos órganos [internacionales] con esa actitud”, resume Tamayo, tras advertir también del peligro de confundir “delito y pecado”.

Es más, en los foros internacionales donde participa, el Vaticano no ha tenido problema para “hacer piña”, dice Juan José Tamayo, con los países musulmanes más integristas. “La experiencia nos dice que en algunos acuerdos las posiciones ultraconservadoras de la Iglesia católica sobre los derechos de las mujeres se han alineado con las de los países islámicos, y no por coincidencia ideológica, sino porque tienen una visión similar en materia de salud sexual y reproductiva”, corrobora la directora de la Federación Mujeres, Marisa Soleto. De hecho, asegura que, si las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Pekín de la ONU en 1995 “se quedaron cortas” en derechos reproductivos, pese a los avances en otros asuntos como la violencia de género, “se debió a la influencia del Vaticano”. Porque, para conseguir cierto nivel de consenso, hubo que “limar aristas” y “rebajar el nivel de reivindicación”, recuerda aludiendo a la influencia católica en algunos estados. “Esperemos que, en la OMS, que ha tenido un papel relevante en el reconocimiento del derecho a decidir y en ligar la salud materno-infantil a los derechos sexuales y reproductivos, esa posición no se vea afectada”, advierte, “pero tendremos que estar vigilantes”.

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Óscar Escolano, coordinador del Grupo de Fe y Espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, se muestra confiado, por el contrario, en que la influencia del Vaticano no afecte a los avances recién conseguidos en la OMS, como el cambio de clasificación de la transexualidadcambio de clasificación de la transexualidad, que ha dejado de ser considerada como disforia de género, una enfermedad mental, para pasar a la categoría de problema de salud sexual. Lo mismo ha reconocido el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. “Ahí poco puede hacer el Vaticano”, zanja. Sí le preocupan las consecuencias que quizá tenga la influencia católica en los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida.

En lo que no confía Escolano es en que el discurso más comprensivo con los homosexuales del papa Francisco se traduzca en una política institucional más abierta de la Santa Sede en los organismos internacionales. “Una de cal y otra de arena: declaraciones positivas de las que luego se retracta y una doctrina que, en realidad, no ha cambiado”, concluye. Juan José Tamayo le da la razón. “El papa puede decir misa”, bromea, “porque el Derecho Canónico no ha cambiado, y los representantes del Vaticano no irán a la OMS con las declaraciones del pontífice, sino con el Derecho Canónico”. El teólogo recalca que esas manifestaciones “no se plasman en leyes” y la doctrina sigue “prohibiendo los anticonceptivos, considerando la homosexualidad una perversión y el Derecho Canónico sigue excomulgando”.

Sobre el apoyo de España a la presencia aumentada de la Santa Sede en un foro como la OMS, Juan José Tamayo aclara que el Gobierno no viene obligado a ello por sus acuerdos con la Iglesia católica. Que se refieren exclusivamente a cuestiones económicas, culturales, jurídicas –el reconocimiento del matrimonio canónico como unión civil– o educativas –la obligación de enseñar Religión en las escuelas–, así como a la renuncia del rey a nombrar obispos. En cambio, cree que el Ejecutivo está concediendo a la Iglesia “un nuevo espacio para exponer con voz y con poder sus planteamientos, que no se mueven en el ámbito de una ética cívica, pluralista y tolerante, sino todo lo contrario”.