Los retos de la política en España
El Gobierno diseña un organismo para medir el resultado de sus políticas ante el reto de gestión de los fondos europeos
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España sufre un serio déficit en un apartado de su acción política: la evaluación. Se trata de una carencia insistentemente recalcada por los especialistas en gestión pública y admitida como "problema" por el propio Gobierno. La Administración no tiene un sistema organizado para comprobar si lo que hace funciona. Esto es problemático no sólo porque reduce el tino de la política presente, sino porque facilita la reincidencia en el error en la futura. "En España no existe un marco integrador común" que proporcione "las herramientas y elementos básicos para impulsar una política integral de evaluación", señala el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La afirmación está recogida en una consulta pública, abierta por el departamento que dirige Miquel Iceta con el fin de recabar ideas para una futura ley que cubra esta carencia. Dicha ley, cuyo anteproyecto comenzará a elaborarse una vez cerrada la consulta pública este jueves, prevé la "creación de un organismo con alto grado de autonomía". El ministerio prevé que llegue al Consejo de Ministros antes de final de año, informa el departamento de Iceta a infoLibre.
Expertos consultados por infoLibre [ver aquí] citan como posibles referentes en evaluación países como Francia, Holanda y Suiza, entre otros. La evaluación, concretamente la evaluación de impacto, “ha permitido a Finlandia experimentar con la renta básica universal, a Reino Unido diseñar programas de empleo mucho más baratos y eficaces, o a Dinamarca mejorar la recolección de impuestos por medio del uso de nuevas tecnologías”, en palabras de Hugo Cuello, especialista con experiencia internacional en evaluación en los sectores público y privado. España presenta carencias históricas. La antigua Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) fue disuelta en 2017, a pesar de que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer su estatus” con la obligación de emitir declaraciones sobre sus informes, ya fuera aceptando sus recomendaciones o explicando por qué no. La labor de la Airef compensa en parte la disolución de la Aeval, pero persisten los problemas de inexistencia de marco legal y trabajo sistemático.
No lo sólo la OCDE, también la Unión Europea insiste en la necesidad de fortalecer la institucionalización de la evaluación para "la mejora de la utilización de los recursos públicos" y la "rendición de cuentas", señala el ministerio, que pone el énfasis en la falta de cohesión de las políticas en este campo: "La fragmentación de las actividades de evaluación en las distintas administraciones dificulta tanto su visibilidad como el intercambio eficaz de información y buenas prácticas, además de restarle impacto y utilidad". A ello se añade la "inexistencia de un organismo independiente", que "dificulta consolidar la cultura evaluadora de una forma permanente, sistemática y generalizada". Realizado este diagnóstico, el ministerio considera que la regulación por medio de una norma con rango de ley es "la única alternativa", ya que una regulación sin ley "supondría mantener el status quo", así como la "pervivencia de la dispersión y la fragmentación".
El problema es relevante en cualquier circunstancia. Pero más, admite el propio ministerio, ahora. ¿Por qué? Porque España "se enfrenta al reto" de "aprovechar" con la "máxima transparencia y eficacia" los fondos europeos, que podrían ascender, si se cumplen las mejores previsiones, a 140.000 millones.
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"Planes de evaluación"
El proyecto normativo emprendido por el Gobierno establecerá "una definición más clara y precisa de los conceptos y principios generales de evaluación" para su "institucionalización" en la Administración General del Estado. El ministerio prevé conformar un "sistema" que abarque el diseño y las evaluaciones ex ante, intermedia y ex post. El departamento de Iceta explica que lo previsto es la "transformación" del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas "en un organismo con alto grado de autonomía, posiblemente una agencia estatal", que establezca "sinergias con el Instituto Nacional de Administración Pública". Dicho organismo funcionará como un "hub [centro de la red] de conocimiento en materia evaluadora".
María José Gómez, directora del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, explica a infoLibre que la columna vertebral de la norma es la "institucionalización de la evaluación", partiendo de la "regulación de sus principios básicos" y el establecimiento de "obligaciones de evaluación". El objetivo, señala Gómez con las cautelas propias de la fase preliminar, es establecer "planes obligatorios de evaluación" en los organismos de la Administración General del Estado. También habrá un "refuerzo de la evaluación ex ante", es decir, desde la planificación, de forma que las políticas vayan de inicio acompañadas de elementos que permitan luego valorar, cambiar de enfoque o corregir. Gómez recalca que no todas las políticas tendrán que incorporar evaluación previa, durante su desarrollo y a su término. No se trata de añadir "complejidad", subraya. Habrá que establecer en qué condiciones se aconseja un tipo u otro de evaluación. La intermedia, por ejemplo, es aconsejable en proyectos a largo plazo, para poder valorar en mitad de su aplicación.
