Mucho ruido y ninguna nuez

¿De qué sirve una oposición que solo busca el enfrentamiento? ¿Es esto realmente democrático? Son preguntas que últimamente me hago con frecuencia. Para tratar de responder, tomaré el caso más reciente, los indultos a políticos catalanes presos por su participación en el procès. El griterío en torno a este tema es ensordecedor. Se trata de una medida completamente legal y constitucional. No obstante, vemos manifestaciones, insultos, quejas, amenazas, editoriales, artículos incendiarios, afirmaciones escandalosas, recursos judiciales… ¿Por qué se opone tanto la derecha?; ¿por qué no dan razones? Se basan en la pura ideología y visceralidad, porque su concesión, dicen, destruirá a España. Es el miedo a que se haga realidad el obsesivo temor del dictador que reiteró hasta en su lecho de muerte: “que no se parta España”. Y si la medida de gracia es legal y constitucional, lo único que queda por debatir es sobre la necesidad y conveniencia o no de llevarla a cabo, en el beneficio que trae para la sociedad la pacificación de situaciones enconadas. Pero sobre esto, nada, como tampoco hay una sola palabra sobre los anteriores indultos del PP, algunos bien serios, llegando incluso a producirse auto-indultos del partido.

Pablo Casado, inasequible al desaliento, se atreve a reclamar a Pedro Sánchez que dimita y convoque elecciones y a sentenciar: “está usted muerto electoralmente”. Primero fue el mantra del gobierno ilegítimo, luego el de gobierno socialcomunista, más tarde lo de “comunismo o libertad”, y ahora peticiones de dimisión y acciones judiciales. Es un claro ejemplo de una patética exhibición de divorcio con la realidad, que vimos en la última sesión en el Congreso y que volveremos a ver escenificado el día 30 cuando comparezca el presidente del Gobierno a dar cuenta de las medidas de gracia.

Los empresarios catalanes que asistieron al acto del Liceu a escuchar a Pedro Sánchez han sido acusados por Casado de componer “una platea subvencionada por los fondos europeos", añadiendo que "los empresarios no representan a nadie. La soberanía reside en diputados y senadores", olvidando que la soberanía reside en el pueblo, que los empresarios también son ciudadanos y miembros del pueblo, por lo tanto, con pleno derecho a opinar sobre un asunto que les concierne. Asimismo, descalifica a la CEOE con su presidente a la cabeza, que hasta lloró por la presión a la que se ha visto sometido, al igual que a los sindicatos y la Conferencia Episcopal que apuesta por la concordia, cuyo secretario general y portavoz, Luis Argüello, aun reconociendo la existencia de opiniones diferentes, explicaba que “estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo”, subrayando que las actitudes inamovibles no ayudan a construir la sociedad.

Mientras tanto, y para que no falte condimento, apareció la “rosa del azafrán” en forma de presidenta de la Comunidad de Madrid, que propuso que los empresarios catalanes sufraguen con sus impuestos y su dinero el supuesto camino a la independencia que defienden. A la vez, Vox enarboló el “Santiago y cierra España” y reivindica, o mejor dicho usa de nuevo a la justicia para que anule la medida. Misión en la que le sigue Inés Arrimadas, por Ciudadanos, que emerge así de la nada política en que se encuentra su formación para que el Tribunal Supremo adopte, ni más ni menos, medidas cautelares, es decir, que los indultados vuelvan a la cárcel mientras los jueces se pronuncian. Qué terrible mensaje transmite Ciudadanos, un partido que no fue capaz siquiera de presentarse a la investidura por la presidencia de la Generalitat el año en que consiguió ser el más votado y ahora está prácticamente desaparecido.

Años de empeño

¿Por qué la derecha tiene tanto empeño con el tema catalán? Sin remontarnos a la génesis del Estatut de 2006, corregido en 2010 por el Tribunal Constitucional, y centrándonos solo en el procès, el abandono de la gestión política y su delegación en los tribunales por parte del Gobierno de Mariano Rajoy no pudo ser más nefasta. El Ejecutivo se lavó las manos utilizando las fuerzas de seguridad como respuesta frente a la postura de los mandatarios catalanes que lanzaron a las personas a la calle. El tribunal sentenció sedición, en una decisión que muchos juristas no compartimos. Creo que el PP pretende, por otras razones, ganarse el favor de sus señorías hasta el punto de que en estos días han llegado a sugerir que las medidas de gracia dejaban en mal papel a los magistrados del Supremo, difuminando de nuevo la frontera entre poderes, apropiándose de los jueces como lo han hecho de la bandera o del himno, confundiendo el mensaje y poniendo en un brete a aquellos magistrados realmente independientes que se sienten a disgusto en medio de este tira y afloja político. Y eso sí, que el CGPJ siga estando en manos conservadoras, hasta que consigan sus objetivos de control del poder judicial, a través de los nombramientos.

Veneno e intolerancia

Lo reitero, los indultos son legales y constitucionales, son prerrogativa exclusiva del Gobierno. No se puede desafiar al rey a ver si los sanciona o no, pues es pedirle que incumpla la legalidad vigente, lo que equivale casi a abocarle a una acción ilegal. El Tribunal Supremo hizo su trabajo, cual fue aplicar el Derecho a un caso concreto y sancionar unas conductas delictivas. Muy bien, pero no se puede desconocer la aprobación del Consejo de Europa de una resolución instando a España a “considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017”, por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, lo que es un refrendo a la actuación del Gobierno, sin que ello suponga una descalificación de la acción judicial, como pretenden algunos. Discrepar de una sentencia no es delinquir, pero invadir la competencia de otro órgano del Estado sí podría serlo.

Pero Casado no solo tiene la capacidad de prohibir que se hable de la corrupción de su partido, siguiendo la teoría de que problema que negamos, problema que no existe, sino que olvida, en unión con los de la Plaza de Colón, de donde viene este conflicto y cuanta responsabilidad tienen esos partidos y el gobierno presidido por Mariano Rajoy en su origen. Recordemos la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en la que arrastraron al PSOE, la querella del fiscal general Maza, festejada hasta la obscenidad; la judicialización nacional e internacional del conflicto político catalán, la más que cuestionable sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y, con ello, contribuyen, una vez más, a que el sector de la política española que integran demuestre que carece de un verdadero sentido de Estado, expresado en el ejercicio ponderado y sensato del poder, con altura de miras para avanzar hacia la resolución de un problema que impide la convivencia pacífica en un territorio muy importante y sensible de nuestro país, y que, en este momento, solo el dialogo y el entendimiento pueden resolver.

La política no solo es confrontación y enfrentamiento, sino también consenso, diálogo, acuerdos y generosidad para prestar el mejor servicio a la ciudadanía. ¿De verdad que en nuestro país no hay otra forma de llevarla a cabo diferente a la del insulto y la descalificación? Veo cómo la visceralidad se ha instalado en demasiados rincones de la vida pública y que la posibilidad de acuerdos cada vez está más lejos. Pero no por ello renuncio a hacer esta llamada a la sensatez y a la armonía democráticas, en momentos difíciles para España y el mundo.

La paz social y la utilidad pública

En 1999, cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, buscó la pacificación en el País Vasco que sufría en primera línea la lacra del terrorismo, y con independencia de que acertara o no, asumió el riesgo político que comportaba esa iniciativa, y todos lo aceptamos como algo legítimo y necesario. ¿Por qué ahora Casado, presidente del mismo partido, niega a quienes gobiernan el derecho a buscar la paz social al otorgar los indultos? El actual líder del PP debería responder a esa pregunta, pero me temo que no lo hará porque no tiene respuesta.

Solo voy a dar una pincelada jurídica, que considero necesaria. La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2019 consolida la doctrina fijada por el Pleno en la de 20 de noviembre de 2013 en la que se introdujo, por primera vez, un elemento reglado de control consistente en la necesidad de que el gobierno especifique “las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto”, que no podrán ser controladas y a las que se subordina la decisión. Es decir, se trata de un “control meramente externo, que debe limitarse a la comprobación de si el Acuerdo del Consejo de ministros que aprobó los indultos cuenta con soporte fáctico suficiente —cuyo contenido no se puede revisar— para que jurídicamente se sostengan las razones exigidas por el legislador, y comprobar si en el proceso se ha incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad”.

Por tanto, el Gobierno será libre para elegir y valorar las muy variadas razones de “justicia, equidad y utilidad pública” que, en cada caso y la vista de sus concretas circunstancias, le llevan a otorgar el indulto —sobre las que, ya se ha dicho, no puede existir control judicial alguno—, pero que han de guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico, y esto sí puede ser comprobado por el órgano jurisdiccional a fin de descartar todo atisbo de arbitrariedad, proscrita por el art. 9.3 de la Constitución Española. Si analizamos los indultos concedidos a los sentenciados líderes independentistas, comprobaremos que se han respetado todos los parámetros que eliminan el sectarismo o cualquier atisbo de parcialidad, desproporción o sesgo arbitrario gubernamental. Sin embargo, el PP, Vox y Ciudadanos, en vez de esforzarse en demostrar que esas vulneraciones concurren, se dedican a vociferar, y los soberanistas extremos lo hacen en contra de esta vía de pacificación porque la consideran insuficiente y reclaman una amnistía que nunca llegará.

Mientras tanto, la situación política del país se agravará y provocará que una parte continúe expresándose y conduciéndose desde las tripas y las emociones y no desde la racionalidad. Y eso, a medio y largo plazo, es sumamente peligroso.

La Iglesia católica que gusta al Partido Popular

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Nunca deberíamos haber llegado a este punto, pero aquí estamos y debemos hallar el camino del consenso. Todo lo demás es zarandear el árbol cuando sabemos que, por mucho ruido que se genere, no se recogerá ninguna nuez.

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Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de Fibgar. www.baltasargarzon.org.