La desmemoria se adueña de los presidios franquistas madrileños

La Real Casa de Correos, ese edificio clásico de estilo francés que se alza imponente en plena Puerta del Sol, siempre se ha entendido como un lugar de recuerdo. De ahí, las tres placas que lucen sobre su fachada principal. A la derecha de la puerta principal, una en memoria a los ciudadanos que se levantaron contra las tropas francesas el 2 de mayo de 1808. A la izquierda, dos que rinden homenaje a las víctimas de los atentados del 11M y de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en la sede del Gobierno regional la memoria es demasiado selectiva. En el reivindicado por Isabel Díaz Ayuso como el kilómetro cero de la libertad nadie parece interesado hoy en recordar a los que hace más de cuatro décadas fueron torturados por empujar, justamente, hacia la libertad. Nada, absolutamente nada, identifica el pasado negro del edificio como sede central de la Dirección General de Seguridad franquista o reconoce a todos aquellos que sufrieron entre sus cuatro paredes la salvaje represión de la dictadura. El silencio más absoluto como estrategia dirigida hacia el olvido. 

Madrid es una ciudad desmemoriada cuando se habla de los presos del franquismo. Actualmente, apenas queda rastro de las cárceles utilizadas para sacar de la sociedad a todos aquellos que no comulgasen con los valores del régimen. Una de las más imponentes fue la cárcel de Ventas, la prisión femenina más poblada de la historia del país. Un auténtico almacén en el que se encerraron durante la dictadura a miles de presas políticas hacinadas, algunas de ellas con sus niños, y en el que las lentejas llenas de tierra formaban parte de la alimentación. En una de sus celdas estuvo, durante más de dieciséis años, Nieves Torres, quien fuera secretaria de Organización de la Comisión Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Sin embargo, las reclusas más famosas que pasaron por el presidio fueron las Trece Rosas, fusiladas en la tapia del Cementerio del Este en agosto de 1939. No fueron las únicas. Entre 1939 y 1943, varias decenas de mujeres corrieron la misma suerte en el camposanto madrileño.

En julio de 1969, la cárcel fue vaciada. Y en 1972, tres años antes de la muerte del dictador, el edificio racionalista de Manuel Sainz de Vicuña inagurado durante la Segunda República fue derribado. La finca se vendió por trescientos millones de pesetas. Hoy sobre los terrenos de la antigua cárcel de Ventas se levanta una urbanización de edificios de ladrillo color oscuro, siete plantas de altura y piscina comunitaria junto a unos jardines públicos que recuerdan a las reclusas que pasaron por aquel penal. Oficialmente, ninguna placa recuerda los años negros del lugar. De su memoria se han encargado colectivos ciudadanos y grupos musicales. En noviembre de 2009, el lugar fue elegido por la banda de rock Barricada para presentar con un concierto acústico su disco La tierra está sorda. Tres años más tarde, fue la Asamblea 15M de la Plaza de Dalí la que se encargó de poner una pequeña placa en la parte exterior del murete que delimita la urbanización: "A las presas políticas de la cárcel de mujeres de ventas".

A 20 kilómetros al suroeste, en el distrito de Carabanchel, abría sus puertas hace más de siete décadas la conocida oficialmente como Prisión Provincial de Madrid, un enorme centro penitenciario en forma de estrella con una inmensa cúpula central de la que partían las diferentes galerías. Los terrenos fueron adquiridos al duque de Tamames por unas 700.000 pesetas en 1940. Y cuatro años después, en 1944, fue inagurada después de que un millar de presos políticos levantasen las primeras estructuras. Las celdas de Carabanchel están cargadas de historia. Por ellas, circuló lo más granado del antifranquismo español. Sindicalistas como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo; comunistas de la talla de Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Enrique Múgica o el poeta Marcos Ana; o socialistas como Miguel Boyer. Eso sin olvidarse, por supuesto, de los miles de presos sociales encerrados con la nefasta Ley de Vagos y Maleantes en la mano: homosexuales, transexuales...

Actualmente, la cárcel de Carabanchel es un inmenso erial de algo más de 170.000 metro cuadrados. Y lleva así trece años. El penal se derribó en octubre de 2008. Antes de que las excavadoras hicieran su trabajo, se estudió la posibilidad de convertirlo en un enorme centro de memoria. Pero al final Ministerio del Interior y Ayuntamiento de Madrid acordaron que en el solar se levantasen 650 pisos, un centro sanitario, zonas verdes y oficinas del Estado. Con la venta, el Gobierno central esperaba sacar alrededor de 70 millones de euros. Sin embargo, los vecinos siguen sin ver nada de todo aquello en la gigantesca parcela. "El plan no termina siendo una realidad, no se realiza", señala al otro lado del teléfono Julián Rebollo, miembro del colectivo Salvemos Carabanchel, quien no comparte la idea de que los terrenos se utilicen para levantar bloques de pisos: "Recuerdo que en su día hicimos una encuesta y la gente del barrio no quería que se construyesen viviendas en ese lugar". 

La plataforma siempre mostró su deseo de que la enorme bóveda central pudiese ser utilizada como espacio de memoria tras el cierre del penal. Pero solo fue eso, un sueño. El derribo supuso un jarro de agua fría para los vecinos movilizados. Del antiguo presidio, únicamente quedó en pie lo que fue el antiguo hospital penitenciario, lo que hoy es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Son las instalaciones que Salvemos Carabanchel quiere que Interior ceda para la puesta en marcha de un centro que recuerde a los más de dos millares de presos cuyas historias ya tienen documentadas. El Gobierno, sin embargo, solo se abre a facilitar algunas salas de nueva construcción que se levanten en el marco del proyecto inmobiliario. Mientras, los vecinos tratan de conservar la pequeña maqueta de la cárcel construida a base de ladrillos por un albañil del barrio y un memorial popular que ha sido destrozado en más de una ocasión.

Un patrimonio y una memoria que se pierde

El historiador e investigador Antonio Ortiz ha documentado alrededor de 21 cárceles franquistas en la capital. De ellas, solo una sigue teniendo carácter penitenciario: el centro de inserción social Victoria Kent. El resto, o se vendieron a promotores o recuperaron su anterior función. La vieja Prisión de Atocha es hoy el Colegio Salesianos de Atocha. La de Barco, un edificio de viviendas de tres alturas de ladrillo rojizo. La de Porlier fue devuelta en la década de los cuarenta a los escolapios. Y la de Torrijos es en la actualidad una residencia de ancianos de la Fundación Dª Fausta Elorz. "Ninguna, cuando hice el estudio, contaba con un recuerdo exacto de que habían sido prisiones", explica. De hecho, pone como ejemplo la placa que se encontró en el último de los edificios. En ella, se pone de relieve que el poeta Miguel Hernández compuso en dicho "lugar" las famosas Nanas de la cebolla. Pero ni una mención a qué había sido ese lugar o por qué había estado allí. 

Uno de los principales objetivos de una dictadura, dice el investigador, es que luego no "haya memoria" de lo sucedido. Para que eso no ocurra, dice, es necesario hacer "mucho más". Coincide Gutmaro Gómez Bravo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo. "Todo ese patrimonio se está perdiendo. O no quedan los edificios o, si quedan en pie, no se quieren utilizar como un lugar para hacer memoria en positivo", apunta el historiador. ¿Y cómo podría hacerse? "Se puede trabajar sobre varios modelos. Creando centros documentales, a través de exposiciones o, por ejemplo, conservando una celda y mostrándola...", señalan. De hecho, Unidas Podemos llevaba en su programa electoral para el 4M, precisamente, la puesta en marcha de un espacio de memoria en la Real Casa de Correos generando un recorrido explicativo por los sótanos, donde se sitúan las celdas que conservan su configuración como calabozos y habitaciones de torturas.

La Ranilla, La Model o Lugo

"En comparación con otras ciudades, Madrid está muy mal", dice Gómez Bravo. En la otra punta de España, a 500 kilómetros de distancia de la que fuera sede de la Dirección General de Seguridad se alza, en pleno centro de Lugo y frente a la Plaza de la Constitución, la antigua prisión provincial. Un edificio de dos alturas y relucientes paredes blancas que en su día contó con 56 celdas individuales, 6 calabozos y 11 celdas de castigo, por las que pasaron más de 5.000 reclusos. En la actualidad, buena parte de ellas aún se conservan. Las instalaciones fueron rehabilitadas hace ya unos cuantos años con la ayuda de fondos europeos. Fue un proyecto que arrancó allá por 2009, con el socialista Xosé López Orozco al frente del Ayuntamiento. "Se decidió conservar lo que ya había y que los cambios que se llevaran a cabo no rompieran con la estructura", explica Carmen García, de la ARMH. Del proyecto se encargaron los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco, que respetaron herrumbres y hasta las rayaduras de los presos en las paredes.

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Con más de un siglo de historia, O Vello Cárcere –La Vieja Prisión– es hoy un lugar de encuentro cultural y social de la ciudad. Sin embargo, eso no quiere decir que no se recuerde su pasado negro. La ARMH consiguió que el centro acogiese una exposición permanente sobre la cárcel durante la Guerra Civil y la posguerra, que discurre por todas las celdas que se encuentran en la planta baja semicircular y en la que se da voz a los represaliados, sus testimonios, sus vidas y las reflexiones sobre lo sucedido dentro de aquellos muros. A esto se le añaden otras muchas muestras, conferencias, debates u homenajes que el colectivo memorialista se ha encargado de ir organizando en las instalaciones. "El silencio entierra la memoria y crea dolor", apunta García al otro lado del teléfono. Porque O Vello Cárcere fue en su día un enorme agujero de sufrimiento. El lugar de paso previo a los fusilamientos. Como el del doctor Rafael de Vega, presidente del Partido Republicano Radical de Lugo, asesinado a las seis de la tarde del 21 de octubre de 1936.

No es la única iniciativa de estas características en la geografía española. También se trabaja en esa misma línea en Barcelona o Sevilla. En la Ciudad Condal, la Modelo, aquel lugar en el que fue ejecutado en 1974 Salvador Puig Antich, cerró sus puertas en el verano de 2017. Desde entonces, se organizan visitas guiadas gratuitas, tanto para el público en general como para centros escolares. En los próximos años, el espacio será remodelado. Se levantarán pisos, un instituto, una residencia, una guardería, un polideportivo, un espacio para jóvenes y un centro memorial. El objetivo, convertir una parte de las instalaciones en un centro de interpretación de la represión y los movimientos sociales y recuperar espacios del viejo centro penitenciario para contar la historia del presidio y acoger exposiciones, seminarios, cursos, conferencias y otras actividades que mantengan viva la memoria histórica de la Modelo.

También en el sur, en la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento tiene planes para lo poco que queda de La Ranilla, proyectada durante la Segunda República con una capacidad de 400 presos pero que en 1940 llegó a albergar a más de mil quinietos reclusos hacinados, según ha rescatado la investigadora María Victoria Fernández Luceño en su obra Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo. El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla acordó iniciar la contratación de la primera fase de las obras para rehabilitar el edificio que ejerció como Pabellón de Ingresos, lo poco que queda del centro tras la demolición en 2008. La idea es que su futuro esté ligado a la memoria democrática en varias vertientes: expositiva, formativa-pedagógica y de investigación.