Casado acerca el PP al negacionismo sobre la Guerra Civil en el que ya milita Vox

Paso a paso, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, avanza hacia el negacionismo del golpe de Estado de 1936. Esa es precisamente la posición que defiende el líder de Vox, Santiago Abascal, que en el libro de entrevistas España vertebrada (Planeta) lo calificó de “movimiento cívico militar” en vez de golpe contra el gobierno democrático de la República. En él no intervino todo el Ejército, sino sólo una parte”, argumenta Abascal en ese libro, publicado en 2019. “Tenía que ser así. En aquel momento la nación estaba partida por la mitad”.

El propio Casado levantó una polvareda hace apenas dos semanas cuando, en una intervención en el Congreso, aseguró que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”. Una frase que deslegitima al Gobierno de la República al mismo tempo que da sentido a la actuación de los sublevados que dieron el golpe de Estado contra el régimen democrático, a los que retrata como defensores del cumplimiento de la ley.

En esa línea, hace tiempo que el PP trabaja en una propuesta legislativa para tumbar la ley de Memoria Democrática que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El partido de Casado la ha llamado “de concordia”, equiparando la democracia republicana con quienes se levantaron en armas contra ella. Y afirmando, desde su preámbulo, que ya se ha dado respuesta a los represaliados con la supuesta concesión, según los cálculos del PP, de 16.000 millones de euros.

Este lunes Casado se deslizó un poco más allá al elogiar una intervención del exministro de UCD y cofundador de Vox Ignacio Camuñas en la que negó que la guerra civil naciera de un golpe de Estado. negóLa controversia provocada por su actitud no fue suficiente para que se decidiese a aprovechar alguno de los tuits que publicó en las últimas 36 horas con el fin de despejar cualquier duda sobre la opinión que le merecen estas palabras.

Por parte del PP solo tomó la palabra este martes la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pero sin añadir luz a las dudas que empiezan a acumularse sobre la opinión que el principal partido de la oposición tiene sobre lo que ocurrió el 18 de julio de 1936. En sus breves declaraciones, la dirigente conservadora evitó desautorizar a Camuñas y aseguró que la posición de su partido sobre este asunto sigue siendo que “condena la Guerra Civil”. Ni una palabra sobre el golpe de Estado.

Gamarra se remitió a la resolución que aprobó en 2002 el Congreso por unanimidad, de la que “el PP no se ha movido ni un ápice” subrayó. Casado “siempre ha sido muy claro y muy rotundo en relación a la Guerra Civil”, zanjó.

Lo cierto es que en el acto convocado este lunes por la fundación del PP Concordia y Libertad, los organizadores eligieron a Camuñas y al también exministro Rafael Arias Salgado para acompañar a Casado en un coloquio sobre patriotismo. Allí Arias Salgado desarrolló la tesis de que la memoria democrática “no es un mecanismo para superar la Guerra Civil” sino que su objetivo es en realidad “deslegitimar el pacto constitucional”, afirmación con que que el líder del PP se mostró visiblemente de acuerdo. El PSOE trata enlazar la legitimidad democrática directamente con la República, desligándola de la Constitución de 1978. “El consenso constitucional se ha roto”, afirmó Arias Salgado. Y si Sánchez gana las próximas elecciones, “el pacto constitucional del 78 se va a quedar en agua de borrajas”, adviritió. “Va a quedar totalmente desnaturalizado”. “Hay un proceso de cambio de régimen”, concluyó en línea con lo que llevan defendiendo Casado y Abascal desde hace meses.

Tal es su supuesta deriva, aseguró también el exministro de José María Aznar, que si Casado gana las próximas elecciones la izquierda “no va a aceptar” el resultado. “Y va a llevar a cabo acciones para hacer imposible la acción de gobierno”.

“¡Qué lujo de ponencias!”

“¡Qué lujo de ponencias!”, exclamó el líder del PP después de escuchar las intervenciones de Arias Salgado y de Camuñas, que forman parte de las aportaciones que su partido está recogiendo para la convención de otoño donde quiere lanzar el proyecto político que los conservadores presentarán en las próximas elecciones generales.

La resolución del Congreso a la que se remitió Gamarra para definir la opinión del PP sobre el origen de la Guerra Civil se aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, tiene cuatro párrafos en su parte resolutiva y en ningún momento resuelve la cuestión de quién provocó la Guerra Civil.

El primero párrafo dice que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”. Pero ni siquiera cita la dictadura franquista, la Guerra Civil ni el golpe de Estado de 1936.

En su segundo punto, el Congreso declara que “resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia”.

En el tercero, la Cámara Baja reafirmaba por unanimidad “el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. E instalaba “a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil”.

El último párrafo de la resolución que ahora el PP cita como referencia, “insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto”.

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La exposición de motivos que acompañó aquellas declaración tampoco hace referencia al golpe de Estado. En ella sí se elogia la “voluntad de entendimiento basada en el perdón y el olvido” de los años de la transición y se reivindica la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que Naciones Unidas y numerosas organizaciones consideran contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cuya derogación han exigido en varias ocasiones porque “impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.

“Nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha”, remarca la exposición de motivos de la resolución de 2002.

Contra Camuñas tampoco se pronunció Vox. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, esquivó en Zaragoza varias preguntas de periodistas que trataban de saber si está de acuerdo con que la Guerra Civil no la provocó un golpe de Estado. Lo ocurrido entonces le parece opinable y “en los temas de historia no vamos a entrar, no vamos a ponernos a juzgar”, declaró.