CaixaBank echa la culpa a Repsol de los encargos a Villarejo y la petrolera se escuda en resquicios legales

CaixaBank y Repsol se defienden en la Audiencia Nacional, pero lo hacen con estrategias enfrentadas. Sus encargos al comisario José Manuel Villarejo para tareas de espionaje contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ha llevado a las empresas a estar imputadas como personas jurídicas por delitos de cohecho y revelación de secretos en la macrocausa de corrupción Tándem, la que indaga en las supuestas actividades ilícitas del expolicía. Ambas empresas se unieron para hacerse con los servicios del comisario, pero como ya hicieran sus presidentes en su día, las estrategias de defensa están lejos de la colaboración: mientras el banco descarga toda la responsabilidad de la contratación en la petrolera, ésta se escuda en dos resquicios legales para tratar de eludir culpas.

Este lunes han comparecido ante el juez Manuel García Castellón los representantes legales de las dos compañías después del duro auto de imputación, en el que les recriminaba que no comprobaran que las empresas de Villarejo nunca tuvieron autorización para prestar servicios de detectives privados ni que el expolicía seguía en servicio activo cuando se le hicieron los encargos. Habrían sido los ex responsables de seguridad del banco y la petrolera los que allanaron el camino al comisario para acceder a contratos, cumpliéndose así uno de los patrones que rigen las piezas de la macrocausa en las que están implicadas grandes empresas del Ibex 35: esos directivos habían sido anteriormente policías nacionales.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 basaba la imputación de Repsol y CaixaBank en que "la falta de diligencia debida en la verificación de la empresa que se pretendía contratar y el carácter de funcionario en activo de Villarejo supone una omisión relevante con incidencia en la naturaleza de la actividad pretendida". Esto es lo que han tratado de explicar los dos representantes legales de las empresas acerca de la estrategia desarrollada en 2011 para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol.

Por un lado, por parte del banco, Ignacio Redondo Andreu ha repetido la estrategia ya apuntada por el expresidente Isidro Fainé: que la iniciativa de contratar al Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, partió de Repsol, y que CaixaBank se sumó a ella cuando los trabajos ya estaban en marcha porque tenía una importante participación en la compañía energética y, por tanto, un gran interés en cómo se desarrollara y resolviera la lucha por su control, según han informado fuentes jurídicas. Es lo poco que ha podido declarar, porque el magistrado ha interrumpido la comparecencia por falta de tiempo, así que seguirá este martes.

Unas horas antes, la representante legal de Repsol, María Díaz Aldao, había defendido durante dos horas esa "iniciativa" a la que apunta CaixaBank. Y para hacerlo, ha tratado de desbaratar la acusación de la "falta de diligencia debida" acudiendo a dos resquicios legales. Por un lado, el juez García Castellón afirma en su auto que "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como ha concluido un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado recientemente a la macrocausa. En su opinión, la falta de comprobación de este extremo por parte de Repsol y Caixabank supone un "grave fallo en la diligencia exigible en la contratación de un servicio que ambas justifican", una comprobación que se podría haber realizado "fácilmente", a través incluso de "fuentes abiertas" como el Boletín Oficial del Estado (BOE), y más aún cuando los responsables de seguridad de las compañías habían pertenecido a la Policía y sabían exactamente cómo hacer esa verificación acudiendo a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo.

Según las fuentes consultadas, Díaz Aldao ha alegado que lo que se contrataron fueron servicios de inteligencia corporativa y no de seguridad privada, de modo que, conforme a la ley que regía entonces y a la actual, que data de 2014, no era necesario que Cenyt constara en ningún registro y, por tanto, no era necesario comprobar nada. Aparte, ha subrayado que el grupo empresarial de Villarejo tenía una reputación impecable en el mundillo de los trabajos de inteligencia, ya que ya había trabajado para otras grandes empresas del Ibex 35 y con administraciones públicas.

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Por otra parte, el magistrado instructor recrimina igualmente a Repsol y CaixaBank que no verificaran que Villarejo era comisario en activo cuando le contrataron. Un hecho clave para confirmar la imputación por cohecho. Sobre esta apreciación, la representante de la petrolera ha enfatizado que se contrató a la empresa, no al comisario en concreto, y que la única forma de saber que era funcionario era acudiendo a un listado accesible sólo a policías en ejercicio, una condición que su entonces jefe de seguridad, Rafael Araujo, ya no ostentaba. Y además, ha apuntado que Araujo les transmitió que estaba convencido de que el comisario se encontraba en situación de excedencia.

Nunca hubo intención de ocultar que se había contratado al Grupo Cenyt, ha añadido Dïaz Aldao, según las fuentes jurídicas consultadas, tal y como demostraría el hecho de que las facturas pagadas a la empresa de Villarejo se reflejaron en el sistema interno. En su declaración, ha insistido en que los encargos se ajustaron a los parámetros legales y que éstos no incluían ni seguimientos ni escuchas, es decir, ninguna "acción intrusiva".

Y es que la investigación ha revelado que el proyecto Wine, el nombre con el que bautizó Villarejo este servicio a Repsol y CaixaBank por el cual habría recibido 413.600 euros, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y otras personas de su entorno". Por eso, la representante de la petrolera ha pretendido convencer al juez de que si hubo algún tipo de "acción intrusiva", debió ser a iniciativa del comisario y sin autorización de las empresas contratantes porque, además, de los informes que Cenyt fue entregando, ha dicho que no se podía deducir que se hubiera recurrido a una estrategia así.