La respuesta al transfuguismo sólo será política: todas las denuncias por cohecho en Murcia están archivadas

La presentación de la moción de censura en la Región de Murcia, lo que empezó siendo un movimiento político con, en principio, implicaciones puramente locales y regionales, terminó desatando un auténtico terremoto en la política nacional y en otras comunidades autónomas (se adelantaron las elecciones en Madrid, por ejemplo) que siguió coleando meses después y terminó por dinamitar el acercamiento que habían protagonizado PSOE y PP para, entre otras cosas, renovar los órganos constitucionales pendientes. La crisis en Murcia llegó incluso a los tribunales, ya que se interpusieron querellas por posible cohecho contra el PP y los tránsfugas de Ciudadanos que, contraviniendo a la dirección nacional, votaron en contra de un cambio de gobierno. Sin embargo, la vía judicial no ha fructificado, pues todos los procedimientos han sido archivados. La respuesta al transfuguismo de Murcia se queda, por tanto, tan sólo con las reacciones políticas y un informe del Pacto Antitransfuguismo que llevó al PP a abandonarlo.

Fueron horas y días frenéticos. Una vez se conoció que el PSOE y Ciudadanos habían pactado una moción de censura que acabaría con décadas de gobiernos liderados por el PP en Murcia, desde el partido conservador, con el secretario general Teodoro García Egea y el presidente de la Región, Fernando López Miras, a la cabeza, se puso a maniobrar para tratar de desbaratar lo que parecía un acuerdo firme. Finalmente, lo consiguieron: tres de los seis diputados naranjas que firmaron la moción se desdijeron, desafiaron a Inés Arrimadas y se unieron al PP. Sus votos fueron suficientes para que la iniciativa no saliera adelante. López Miras les recompensó con tres consejerías.

Esta sustancial mejora del estatus político de los diputados naranjas es lo que llevó a la interposición de querellas, dos en Murcia y una en Madrid, por un posible delito de cohecho. Los querellantes consideraban que el presidente murciano compró las voluntades de los diputados de Ciudadanos nombrándoles altos cargos de su Gobierno. También metían en la misma "trama corrupta" a García Egea, pues éste se trasladó a Murcia y participó activamente en las negociaciones que terminaron por desbaratar la moción de censura.

"Compra de votos" o "subasta de voluntades"

“Es una compra de votos y voluntades en toda regla orquestada por el Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones autonómicas, que ha sobornado a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez”, afirmó el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce. El entonces líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó a García Egea en una sesión del Congreso de "comprar" a los parlamentarios de Ciudadanos, mientras que el presidente del grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens, veía claro que se les habían ofrecido cargos ejecutivos en concepto de "pago en especie". Desde Ciudadanos, se habló de "subasta de voluntades" y "acto de compra de la voluntad y el silencio con cargos y poder".

En Murcia, las querellas presentadas por el PSOE y la formación política Contrapoder terminaron inadmitidas en cosa de dos meses. La Fiscalía determinó entonces que el supuesto soborno del que se acusaba a los dirigentes del PP se basaba en "presupuestos infundados” pues el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución “no sólo abarca la vertiente del acceso a la jurisdicción, sino también la protección de todos los ciudadanos contra acusaciones carentes de justificación”. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia concluyó que las querellas no se apoyaban en ningún indicio o evidencia que avalara las sospechas de soborno.

En Madrid, fue Podemos el partido que se querelló contra García Egea y López Miras. También les atribuía delito de cohecho y acudió ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual, tras constatar la condición de diputado del Congreso del secretario general del PP y, por tanto, de aforado, remitió el procedimiento a la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. Un mes después, las pesquisas habían sido también archivadas, según confirmaron a infoLibre desde el Ministerio Público.

Un mero reproche político

La respuesta a la crisis en Murcia se queda, por tanto, en una reacción política y en un informe de una comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, que tras estudiar lo ocurrido en la comunidad autónoma concluyó que el comportamiento tanto de los exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura como del presidente López Miras se enmarca en la definición de transfuguismo. Al dirigente murciano, además, le considera "inductor y beneficiario" de la conducta de los parlamentarios naranjas, pues tuvo una "participación activa" en la "alteración" de las mayorías políticas para evitar la moción.

La comisión de expertos, formada por juristas que fueron nombrados por unanimidad de los partidos pertenecientes al Pacto y propuestos por PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, también acusaba en su dictamen a López Miras de haber "recompensado" a los diputados con cargos en el Gobierno regional, y todo ello "con ostentación de la situación tránsfuga". La conducta tránsfuga, por tanto, también la extendía al resto de los miembros del Consejo de Gobierno murciano.

La consideración de actitud de transfuguismo por parte de esta comisión de expertos no tiene consecuencias jurídicas. Se trata de un reproche puramente político con el que estaban de acuerdo todos los integrantes del Pacto Antitransfuguismo a excepción del PP. Apenas unos días después, el partido liderado por Pablo Casado abandonó el Pacto, que da por roto. No es la primera vez que lo hace, el PP ya dijo en 2010 que dejaba este foro, precisamente también tras una moción de censura en el Ayuntamiento de Benidorm. El balance del Pacto no es precisamente positivo: se creó en 1998 con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y de esos 23 años, ha estado una década absolutamente paralizado por la incomparecencia de los conservadores.

El transfuguismo de Murcia se salta la doctrina reciente del Supremo que prohíbe a los díscolos beneficiarse de mejoras en cargos o sueldos

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Pero el Pacto, que nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno, no tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral para intentar frenar un fenómeno bien conocido en España.

Lo que sí se ha hecho en el pasado es impugnar resoluciones de administraciones públicas consecuencia de una actuación de transfuguismo, como pueden ser los nombramientos de esos cargos públicos que se benefician de esta conducta. Sobre esto se pronunció el Tribunal Supremo recientemente sobre un caso de transfuguismo en un municipio. En su sentencia, determinó que los concejales que pasen a la condición de no adscritos como consecuencia de un supuesto de este tipo "impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

El alto tribunal recordaba entonces que tanto la jurisprudencia como el Pacto Antitransfuguismo recogen la intención disuasoria que marca la ley limitando los derechos económicos y políticos de ediles que se pasan a otro bando. En el caso de Murcia, el PP se saltó no sólo los mandatos del Pacto, sino el espíritu de esa sentencia del Supremo.