Macron, el presidente de la discordia

Como al comienzo del movimiento espontáneo de los 'chalecos amarillos', es fácil encontrar buenas razones para guardar distancias de las manifestaciones contra la política sanitaria que tienen una amplitud inédita en pleno verano (leer nuestros reportajes aquí y aquí). Técnicos, políticos, intelectuales, universitarios, editorialistas, etc., anclados en sus convicciones y sus legitimidades, los que poseen –o creen poseer– el saber y la experiencia desprecian fácilmente la confusión reinante, condenan la ignorancia dominante, denuncian la conspiración que se expande, formando todo ello un terreno propicio para las ideas más rancias de la extrema derecha, incluido el antisemitismo.

Pero ceder a esa facilidad sería tomar efecto por causa. La confusión a la que puede llevar estas manifestaciones no pueden ocultar su motivación de origen: el descontento acumulado contra un poder que no ha cesado de sembrar la desconfianza, crear la división y alimentar el desorden. En esta enésima crisis de un quinquenio que, desde 2017, ha provocado movilizaciones populares espontáneas de todo tipo, no hay por un lado manifestantes ignorantes y bárbaros y por el otro gobernantes ilustrados y civilizados.

Al mismo tiempo que desde aquí, con una pedagogía que contradice la opinión de algunos manifestantes, defendemos la necesidad de vacunarse como protección colectiva frente a la propagación del coronavirus (leer aquí el artículo de Rozenn Le Saint, nuestra evaluación pedagógica por Lise Barnéoud y un primer balance por Caroline Coq-Chodorge), no olvidamos que las primeras medidas de protección sanitaria, entre ellas la obligatoriedad de llevar mascarilla, fueron en un primer momento desacreditadas por los gobernantes mismos, ocultando su imprevisión con una mentira de Estado (leer nuestras primeras revelaciones y nuestro dossier completo). Ese error inicial, jamás reconocido y menos aún sancionado, ha llevado a arruinar definitivamente la credibilidad de los comunicados oficiales.

Si la disciplina obediente de la población, bien aceptada hace un año, durante el primer confinamiento en 2020 ahora no es más que un recuerdo lejano, es porque el poder no ha sabido aprovechar la oportunidad para construir una política sanitaria democrática, basada en dialogar y compartir con los primeros afectados: sanitarios, enfermos, personas en riesgo, población frágil, sectores más expuestos, territorios especialmente afectados, etc. En una palabra, con la sociedad.

Por muy detestables o irresponsables que puedan ser algunas de sus expresiones, la ira contra una política considerada ilegítima por autoritaria, es el precio a pagar por una gestión justamente autoritaria de la crisis del covid-19, concentrada en la persona del presidente, erigido a sí mismo en dueño de las decisiones, sin debate ni transparencia, sin humildad ni pedagogía, arropado por un “Consejo de Defensa Sanitaria” que se reúne en secreto en El Elíseo.

Al dar la espalda decididamente a los logros de las últimas décadas en materia de política de salud pública, sobre todo desde la pandemia de VIH responsable del sida en los años 1980, la presidencia de Macron ha sembrado la discordia en lugar de crear la concordia, sin la cual no hay movilización unificadora y solidaria frente a un peligro sanitario. En Francia, la principal lección de un año y medio de lucha contra el covid-19 es el paso atrás duradero y sistemático al que se añaden otras regresiones democráticas que marcan la reciente oleada de leyes sobre seguridad (prevención del terrorismo, contra el separatismo, seguridad global... Leer aquí el reciente artículo de Paul Cassia).

La tensión entre las restricciones colectivas y las libertades individuales está en el centro de la acción pública contra las epidemias, tradicionalmente coercitiva en nombre de un imperativo general de lucha contra la infección que legitima la restricción o la suspensión de derechos individuales. Pero esa visión clásica fue ya radicalmente cuestionada por la “revolución de la sanidad pública” asociada al sida, en la toma de conciencia de los riesgos de exclusión y de estigmatización provocados por la gestión de la epidemia así como por las nuevas expectativas sociopolíticas de la población en materia de salud pública.

La respuesta “liberal”de entonces marcó “una ruptura en relación con los modos anteriores de acción ante las enfermedades infecciosas (…) por la atención inédita que se prestó a los derechos y la autonomía de las personas”. Así lo dijo el ex ministro de sanidad Claude Évin, que luego sería director general de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) de Île de France, alguien al que no se puede considerar un utopista descabellado. Esta ruptura política, se tradujo, según él, por “el rechazo de recurrir a medidas restrictivas como la obligación de hacerse un reconocimiento o incluso, hasta principios de los años 2000, la obligación de declaración de la seropositividad; y, a la inversa, el papel preeminente concedido a la responsabilidad individual, a la información y a la prevención”.

Por lo tanto, no es casualidad que el Consejo Científico creado al comienzo de la pandemia, cuyo presidente Jean-François Delfraissy se formó en la lucha contra el sida, haya hecho sonar la alarma sobre esta “urgencia” que representaban “la inclusión y la participación de la sociedad en la respuesta al covid-19”. Los lectores habituales de Mediapart lo saben por que esta nota, de fecha 14 de abril de 2020, solo es accesible a través de nuestro periódico (leer su revelación por Caroline Coq-Chodorge). Esa exigencia no solo fue ignorada por su destinatario, el presidente de la República, sino que fue vergonzosamente censurada, pues su llamada explícita a una “democracia sanitaria” cuestionaba un ejercicio solitario del poder, ahora extendido al control vertical de nuestra salud.

Ante la amplitud de las movilizaciones contra una política (sanitaria) reducida a la policía (administrativa) (leer aquí nuestro artículo sobre esa tendencia general del poder), cuya imposición no ha sido previamente debatida y cuyo respeto no ha sido pedagógicamente construido, viene bien volver a leer esa nota que detalla con precisión la vía que habría que haber seguido para crear la solidaridad y la fraternidad, es decir, la ayuda mutua. Sobre todo porque se podía prever el riesgo de formación de una “contra-sociedad” en Internet ante la crisis, “reveladora de la sensibilidad de una parte de la población a los contra-argumentos, las falsas verdades, rumores y conspiraciones”, reactivando de esa forma “la oposición entre pueblo y élites, los de arriba y los de abajo y asociando una parte del mundo médico y científico a las élites parisinas”.

Para no caer en la trampa, el presidente del Consejo Científico recomendaba suscitar “la adhesión de la población”, contar con “la práctica social” y apostar por “las respuestas locales”. Encerrado en su torre de marfil (y de cortesanía), el auto-proclamado epidemiólogo en jefe Emmanuel Macron ha hecho exactamente lo contrario, ignorando ostensiblemente esa idea de sentido común de que “incluso en situaciones de urgencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”. “La confianza de los ciudadanos en las instituciones supone que éstas no funcionan exclusivamente por un control ejercido desde arriba (parlamentarios, funcionarios, expertos) sino que pueden garantizar también una mayor implicación de la sociedad”. Una sociedad, se insistía en esa nota premonitoria, que aporta, a través de sus organizaciones y asociaciones, “una práctica específica que no tiene la administración”, especialmente respecto a las poblaciones más vulnerables y a la diversidad de situaciones sobre el terreno.

Esa alarma sin efectos no hacía más que expresar un saber ampliamente compartido, más allá de nuestra fronteras, por todos los estudios de prospectiva sobre la gestión de una crisis sanitaria de amplio alcance (leer aquí el artículo de Matthieu Suc que lo recordaba). En 2017, un informe redactado por el Banco Mundial insistía en “la sensibilización temprana de la población” con toda transparencia, sin mentiras ni disimulos. Diez años antes, en 2007, el Centro de Análisis Estratégico dependiente de Matignon (presidencia del gobierno, ndt) subrayaba entre “los retos de las enfermedades infecciosas emergentes” y la “confusión de los mensajes”, que “la negación y la falta de transparencia ya no son posibles, o al menos se vuelven más peligrosos para las autoridades”.

Además, la recomendación del presidente del Consejo Científico no hacía más que transmitir una exigencia ya expresada, en marzo de 2020, por el Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE), que recomendaba “una comunicación transparente y responsable que se apoye más en el cuerpo social”. Si la acción colectiva organizada para proteger la salud pública se confía al Estado como poder soberano, el CCNE estimaba entonces “que el método deliberativo es el garante, no solamente de la pertinencia de la decisión política a la que habrá contribuido (basándose en la opinión científica), sino también de la confianza que creará en la sociedad civil”. “Es más, esta decisión que afecta a toda la sociedad y potencialmente a sus valores fundamentales debería, de antemano, estar informada por la expresión de la opinión ciudadana”.

La incoherencia en el puesto de mando

Porque es precisamente la creación de una instancia independiente que permita esa expresión ciudadana, recomendada tanto por el CCNE como por el Consejo Científico, lo que no ha sido jamás previsto por Emmanuel Macron y la camarilla que le rodea. Precisamente cuando, de confinamiento en confinamiento, de los tests a las vacunas, esa instancia podría haber garantizado la construcción de una respuesta sanitaria comprendida y aceptada. Este “procedimiento inédito en nuestra democracia –añade el CCNE– contribuiría a favorecer la confianza y la apropiación de la acción de los poderes públicos por el conjunto de la sociedad”. Tan es verdad, dice el CCNE, que “la coherencia de las decisiones tomadas parece esencial para la buena comprensión y aceptación de posibles medidas restrictivas o de decisiones difíciles en materia de política sanitaria en esta situación de crisis”.

Se puede decir por lo menos que, desde hace un año y medio, la incoherencia ha estado al mando. Un año después de la inmensa mentira que ocultó la escasez de mascarillas, Emmanuel Macron tomó él solo la decisión de no volver a confinar en febrero de 2021, en contra de todas las opiniones científicas, epidemiológicas y médicas. La lucidez que aportaron en aquel momento sus turiferarios tuvo un terrible coste humano, estimado en más de 14.000 muertos (leer nuestro artículo aquí), si bien no impidió un tercer confinamiento, por desgracia demasiado tarde.

Pero en este marco poco envidiable donde la irresponsabilidad parece ser la reina, se puede también añadir la insuficiente priorización de la vacunación de poblaciones en riesgo así como la identificación que discriminó a barrios populares durante los confinamientos. O también la incoherencia reciente de no ser ya obligatorio llevar mascarilla en el interior de los locales a los que se puede acceder con carnet sanitario, lo que equivale a favorecer más la vigilancia que la prevención, dicho en otras palabras, a cambiar el pájaro en mano (las protecciones y las barreras físicas) por los ciento volando (la coerción administrativa y policial).

En sus recientes dictámenes, el Consejo Científico no para de insistir sobre una exigencia, que se resume en: “ir hacia”. Al contrario de las exhortaciones impacientes y despectivas formuladas en todos los tonos y formas por Emmanuel Macron, cuya proclamada omnisciencia recuerda los pataleos de los médicos de Molière, esas dos palabras resumen una política sanitaria empática, preocupada por la pedagogía y comprensiva.

Tras recordar que “la población más desfavorecida socialmente y las más apartada del sistema sanitario y/o con menos recursos económicos” es la que se ha llevado la peor parte durante las tres primeras olas epidémicas del covid-19, el Consejo Científico aboga, en su dictamen del 6 de julio, por intensificar “la estrategia de vacunación 'ir hacia', que puede ser llevada a cabo en asociación con los diferentes actores locales y asociativos y debe procurar explicar sin juzgar ni imponer”. “La vacuna –insiste el dictamen– debe ser explicada y propuesta evitando cualquier forma de estigmatización”. Sí, explicar, sin juzgar ni imponer.

Todo lo contrario, en resumen, de la no pedagogía presidencial que al imperativo categórico de la vacuna y la estigmatización discriminatoria de los insumisos añade el chantaje en el empleo (leer el artículo de Romaric Godin). Decididamente, cuando habría que “ir hacia”, este presidente prefiere “ir contra”. Lo mismo que el movimiento creado para él y con sus iniciales se llama “En Marcha”, ahora se resume, cuatro años después, en un “En Fuerza” permanente. Es decir, en una política de fuerza que no dialoga ni escucha, no comparte ni debate, indiferente a la diversidad de expectativas y a la pluralidad de opiniones a pesar de su escasa legitimidad inicial –solo el 18% de los votantes inscritos le votaron en la primera vuelta, lo que no significaba la adhesión ciega a su acción futura–.

Si hay una lección que aprender en esta presidencia es la de la urgencia vital de la cuestión democrática. En el momento de los desafíos universales, tanto sanitarios como climáticos (leer aquí el artículo de Mickaël Correia sobre el último informe del GIEC) que ponen en peligro el destino de la humanidad sin hacer distinción entre clases, pueblos o naciones, no tenemos otra protección que nuestra capacidad para inventar colectivamente respuestas solidarias y sostenibles. Aunque se equivocan en muchos otros temas, los manifestantes contra una política sanitaria que se reduce a restricciones impuestas desde arriba y sin debate, no van por mal camino al señalar este desafío primordial.

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Traducción: Miguel López

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