Inmigración, Derechos del Niño y crisis con Marruecos
Sánchez toma las riendas de la crisis por los menores en Ceuta tras el revés judicial al Ejecutivo
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La crisis por la devolución de menores a Marruecos se complica para el Gobierno. Un auto judicial dictado este martes en Ceuta, que mantiene paralizadas las repatriaciones al país vecino, ataca las principales líneas de argumentación del Ministerio del Interior, según el cual la devolución de menores desde Ceuta se había producido con suficiente amparo normativo y el responsable había sido el Gobierno de Ceuta. No es así, según un auto dictado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta, que apunta a un posible incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, concretamente de su delegación en la ciudad autónoma, que actuó tras recibir una comunicación del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Un gesto del presidente del Gobierno tras conocerse el auto da idea de la dimensión que está tomando la crisis. Sánchez tomó las riendas y convocó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), este miércoles en La Moncloa para analizar el problema.
Frente a las críticas de la dirección de su partido a las devoluciones, Vivas ha defendido su plena legalidad, lo que convierte al presidente ceutí en un posible asidero para el Gobierno. El auto puede entenderse como un aval a la postura mantenida por Unidas Podemos y especialmente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, enfrentado a Interior por las devoluciones.
Interior es el departamento del Gobierno implicado en la devolución y el más señalado por el auto. Si Interior había señalado que la responsabilidad era del Gobierno de Ceuta, el juzgado dice que es del Gobierno de España. Si Interior había defendido que todo el procedimiento se realizó en defensa del "interés superior del menor", el juzgado afirma ahora que los menores han quedado en situación de "indefensión" y posiblemente vieron vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
El juzgado, que no entra al fondo del asunto, decide mantener en suspenso la repatriación de menores inmigrantes, como pretendían las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, por incumplir supuestamente los "preceptivos trámites" de la ley española. El auto afecta sobre el papel sólo a nueve menores, pero en la práctica mantiene paralizada toda la operación, según Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, que considera que no hay excusa posible para mantener lo que llama "operación Herodes". El propio Gobierno de Ceuta señaló la semana pasada que mantendría paralizadas las devoluciones por "prudencia" hasta que la justicia hable. Aunque aún no hay pronunciamiento sobre el fondo, no pinta bien.
"Es un auto de una fundamentación impecable. Es muy claro, casi didáctico. Independientemente de que el juzgado aún deba pronunciarse sobre el fondo, ya deja claro que hay muchos indicios de vulneración de derechos", señala Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España, que insta a las autoridades a "cumplir la ley" y a proceder a la posible devolución sólo tras una "valoración individualizada" que incluya las circunstancias en el lugar de origen. La otra opción, recalca, es su acogida por diferentes comunidades autónomas.
El Ministerio del Interior, a solicitud de infoLibre, se limitó a un sucinto comentario sobre el auto: "No se valora, se respeta y se cumple". Horas mas tarde, Fernando Grande-Marlaska señaló que el Gobierno no era "competente" en el caso de los menores por lo que no procedía una valoración de la resolución judicial. El ministro no se ve desautorizado tras el auto del juzgado de Ceuta ya que, según dijo, su departamento "no es competente" en esta materia. “El Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto porque no es competente, con lo que si uno no es el competente, difícilmente se puede sentir desautorizado", señaló a preguntas de la prensa desde la base aérea de Torrejón, donde recibió a un grupo de 290 afganos.
El ministro sostuvo que la reunión de este miércoles en Moncloa entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas busca dar “una respuesta coordinada” bajo la premisa de atender al “interés superior de los menores”.“Hay una comunicación permanente y directa", explicó el ministro tras repetir que todas las instituciones lo que buscan es el "interés del menor", comenzando por la administración que ejerce la tutela desde que entraron en España, en referencia al Gobierno ceutí.
Una ley sin "excepciones"
La devolución de al menos 45 menores de edad a Marruecos, que empezó el viernes 13 de agosto y era parte de un plan para enviar al país vecino a más de 700, había sido desde su inicio objeto de críticas de la Fiscalía, diversas ONG, el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía.
Las denuncias contra el inédito procedimiento utilizado, basado en un acuerdo bilateral de 2007 España-Marruecos, apuntaban una posible colisión con al menos siete normas de variadísimo rango: Convención de Derechos del Niño, Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Directiva Europea sobre Retorno, ley y reglamento de extranjería y dos leyes de menores. A ello se suma la doctrina constitucional.
Los menores llegaron a España instrumentalizados por Marruecos, que facilitó en mayo la salida de miles de sus nacionales hacia Ceuta en una estrategia de chantaje contra España y la UE. Entraron en la ciudad más de 1.500 menores, según el Gobierno de Ceuta, que asegura tener constancia vía Marruecos de que ya ha habido unos 550 regresos voluntarios. La ciudad autónoma estima que quedan un millar, 711 acogidos y el resto en la calle.
La Abogacía del Estado alegó que tras la crisis de mayo hay en la ciudad una "situación excepcional" que justificaba las devoluciones. Pero el juzgado ceutí desbarata este argumento. La ley, señala el auto, "no introduce excepción alguna".
Responsabilidad del Gobierno
La resolución judicial choca con la posición de Interior sobre la responsabilidad de las devoluciones. El departamento de Marlaska había sostenido que esta era imputable al Gobierno de Ceuta. "La conducta ilícita imputada por la parte actora se atribuye exclusivamente a la Delegación de Gobierno", señala el auto, invocando el Reglamento de Extranjería, que achaca de forma expresa a las delegaciones la competencia para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado.
"Como parte demandada tan sólo puede considerarse a dicha Administración", señala el juzgado, que por esa razón no ha dado audiencia al Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP).
Un acuerdo bilateral insuficiente
La resolución considera insuficiente el paraguas legal de la devolución, es decir, el acuerdo España-Marruecos sobre menores que llegan sin sus padres, suscrito en 2007 por el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera (PSOE), y su homólogo marroquí.
El martes 10 de agosto el departamento de Marlaska (PSOE) dirigió una comunicación no firmada a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Ciudad Autónoma con el "ruego" de efectuar el "retorno" a Marruecos de los menores en cumplimiento de dicho acuerdo. Pero, tal y como recuerda la resolución, la ejecución de dicho acuerdo debe hacerse con "observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".
El acuerdo "tan sólo contiene una declaración de intenciones por los Estados". Sólo eso, una "declaración de intenciones", según el juzgado ceutí. No es un tratado internacional. Para ejecutarlo, añade, "las autoridades españolas se comprometieron a cumplir con una serie de obligaciones, entre otras facilitar información a las autoridades marroquíes y a proteger a los menores, conforme a la Convención de Derechos del Niño, la legislación nacional y la de las comunidades". Y concluye: "Únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico".
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, veía el acuerdo España-Marruecos como una herramienta suficiente en sí misma. Si entre "dos Estados soberanos" es porque "un Estado se fía del otro", ha dicho. "¿Por qué vamos a tener la mentalidad de que las instituciones dedicadas a la tutela en Marruecos son peores que las que hay aquí? Yo no tengo ese prejuicio", declaró en rueda de prensa la semana pasada.
Incumplimientos
A la hora de repasar la posible legislación aplicable, el auto se detiene en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y en los artículos 189 a 198 de su reglamento, que imponen a la Delegación de Gobierno una serie de exigentes requisitos para devolver menores inmigrantes a sus países, entre ellos "determinar las concretas circunstancias de cada uno de los menores, con preceptivo traslado al órgano tutelar, al Ministerio Fiscal y al propio menor a fin de que puedan alegar", así como cerrar el procedimiento "con la emisión de una resolución administrativa motivada". Es significativa la alusión a "cada uno de los menores". Ello supone informes individualizados. Y no los ha habido, como ha admitido el propio Gobierno de Ceuta.
A esto se suma el artículo 9 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, aprobada en cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño ratificada por España en 1990. Dicha norma otorga al menor, "independientemente de su situación legal, el derecho a ser oido tanto en procesos judiciales como administrativos".
¿Ha cumplido el Gobierno con todo ello? No, según el juzgado. "No consta –expone en el párrafo más duro del auto– que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites. No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir esta la guarda de los menores, ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple los trámites exigidos con la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada [...]".
La Fiscalía considera "nulo de pleno derecho" la repatriación de los menores marroquíes en Ceuta
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Posible vulneración de derechos
El auto recuerda que "las leyes deben cumplirse en sus propios términos" y "ello implica que todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de [cumplir] las normas vigentes, sin realizar excepciones".
El "incumplimiento" de los "trámites" ha creado "indefensión en los menores, que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba, de conocer los concretos datos tenidos en cuenta" para su repatriación y de poder presentar recurso, añade el auto, según el cual hay "datos bastantes para entender, sin prejuzgar el fondo del asunto, que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", protegido por el artículo 24 de la Constitución.
