La destrucción de empleo temporal por la pandemia casi iguala el récord histórico de la crisis de 2008

La crisis que siguió a la caída de Lehman Brothers y al pinchazo de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante unos 900.000 empleos en España sólo en 2008. Y la peor parte del golpe la sufrieron los trabajadores temporales, que componían el 75% de esos asalariados sin empleo. De hecho, lo ocurrido ese año suele ponerse de ejemplo sobre cómo soluciona el mercado laboral español sus problemas, a diferencia de otros países europeos: deshaciéndose masivamente de sus trabajadores temporales, más baratos de despedir. Pues bien, la pandemia y el confinamiento tuvieron casi el mismo efecto 12 años después. En 2020, las empresas dejaron en la calle a 1,35 millones de contratados temporales, casi la misma cifra que en 2008, cuando dieron el finiquito a 1,38 millones. La destrucción de empleo temporal se disparó un 22,8% respecto al año previo al coronavirus.

Las cifras proceden de las estadísticas del Ministerio de Trabajo sobre altas de prestaciones por desempleo cuya causa sea el fin de un contrato temporal, que también permiten aproximar, al menos, el número de despidos de indefinidos. Es más, según esos datos, la mayor destrucción de empleo temporal se produjo en abril, en pleno confinamiento, con 155.706 contratos temporales terminados, casi los mismos que se truncaron en octubre –157.919– y en noviembre de 2008 –165.855–, los dos meses de récord en aquel año previo a la recesión. En octubre –153.522– y noviembre –145.978– de 2020 también se rozaron las espeluznantes cifras de la anterior gran crisis. Por el contrario, en abril sólo hubo 69.390 despidos de trabajadores fijos, mientras que 2,64 millones de trabajadores ya estaban bajo el paraguas de los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE).

El impacto en los trabajadores temporales se produjo pese a la rápida puesta en marcha del colchón de los ERTE, que ha marcado la diferencia con recesiones anteriores. Aunque desde el momento inicial las empresas podían incluir en estos esquemas de protección a sus empleados temporales, “el primer impulso reflejo de las empresas fue deshacerse de ellos”, explica el secretario de Políticas Sociales de CCOO, Carlos Bravo. Es decir, funcionaron con el piloto automático de otras ocasiones. La diferencia con 2008 estriba en que entonces la parte del león se la llevaron los trabajadores temporales de la construcción; en 2020, fue para el turismo y el comercio.

Desde que España comenzó a recuperar su PIB, los finiquitos de contratos temporales sólo superaban en julio la barrera mensual de los 100.000 y, en los últimos años, también en octubre y noviembre. La estacionalidad del empleo en sectores como el turismo y otros servicios marcan esa pauta. Sin embargo, en 2020, por primera vez, los meses en que no se ha llegado a esa marca son los menos: únicamente febrero –antes del covid–, agosto y diciembre quedaron por debajo. En 2021, el pasado julio ha escalado a cifras de récord, con 123.914 terminaciones de contrato.

Protección a los temporales

Bravo precisa que ese “primer impacto” sobre el empleo temporal se ha “contenido mucho” después, y que si las empresas han preferido extinguir un contrato eventual antes que incluirlo en el ERTE –y disfrutar exoneraciones de cuotas por él– se debe a la “incertidumbre” que está frenando una reactivación a velocidad plena. Al incluirlo en este instrumento, se interrumpe el cómputo de la duración del contrato y no se reanuda hasta que haya salido del ERTE. Si el empresario le extingue el contrato, se considera despido improcedente, lo que se traduce en una indemnización de 33 días por año con un tope de 24 mensualidades. Las empresas tampoco pueden esgrimir el covid como causa para echar a un trabajador temporal antes de que concluya su contrato.

Nadie discute la eficacia que están teniendo los ERTE en la protección del empleo. La tasa de paro se ha contenido esta vez en un 15,2% pese al desplome histórico del PIB, en comparación con el 26,9% que se alcanzó en el primer trimestre de 2013. Del indefinido no hay duda: entre el primer y el segundo trimestre de 2020, se perdieron 361.300 puestos fijos, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero empleos temporales desaparecieron 671.900, casi el doble. No obstante, la secretaria de Políticas Institucionales de UGT, Cristina Estévez, no cree que los ERTE hayan fallado a la hora de proteger a los temporales. “Otra cosa es que, si no hay actividad [en la empresa], no pueda renovarse el contrato”, aclara.

Los titubeos de la reactivación económica, con una escalada renqueante por culpa de los rebrotes y las variantes del virus, tampoco han permitido que el empleo temporal –también el primero que suele remontar tras una crisis– recupere los niveles prepandemia. El pasado mes de junio, a las puertas de la temporada alta del turismo, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) registró 1,62 millones de contratos temporales, la cifra más elevada desde antes del covid. Pero aun así queda lejos de los 1,83 millones firmados en junio de 2019. O de los 1,99 millones de julio de ese año. La incertidumbre, por tanto, todavía mantiene en el pozo de los deseos unos 370.000 contratos temporales.

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ERTE, alternativa al abuso de la temporalidad

La tan machacada dualidad sigue marcando, pues, el paso del mercado de trabajo español, tanto en la crisis como en la recuperación, sobrevolando además el mecanismo que puede haber cambiado el inevitable patrón que disparaba el paro al caer el PIB. Se trata de una dinámica laboral a la que ahora también se pretende poner punto final convirtiendo los ERTE en un instrumento permanente que sirva para ajustar las horas de trabajo sin eliminar los empleos. Según el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, será un mecanismo “alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”, que actuará como “amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo” al tiempo que impulsará la formación y recualificación de los trabajadores.

En septiembre, sindicatos y patronal deberán reanudar las negociaciones para prorrogar los ERTE hasta final de año. “O hasta que sea necesario, porque aún estamos en una situación [económica] muy sensible y muy frágil”, advierte Cristina Estévez. Carlos Bravo apunta más allá, “hasta el 31 de enero”. “Lo razonable”, explica, “es no retirar la protección en plena campaña de navidad, sino cuando acabe el pico de la demanda; otra cuestión es en qué condiciones y con qué exoneraciones”.