El Gobierno estudia fórmulas prácticas que permitan rebajar la factura de la luz en el corto plazo sin violar la normativa europea

En el Gobierno tienen claro que pocos temas pueden generarle un mayor desgaste político que el precio de la luz. De récord en récord, la tarifa eléctrica vuelve a marcar este martes su máximo histórico en medio de un intenso debate sobre qué medidas se pueden adoptar o no desde el Ejecutivo que contribuyan a reducir la factura que pagan los consumidores. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado personalmente este asunto en reuniones privadas tanto con la propia vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos. Los planes de la Moncloa para la segunda mitad de la legislatura pasan por que los ciudadanos perciban que la recuperación económica les afecta directamente y que el Gobierno trabaja para ello impulsando medidas como la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Pero saben que el precio de la luz amenaza con ensombrecer esas iniciativas y con echar abajo esa hoja de ruta.

Sin embargo, los planes no pasan por intervenir el mercado eléctrico. Teresa Ribera ha sido tajante este lunes en el Congreso y ha descartado las propuestas de su socio de coalición para fijar precios máximos de la energía alegando que va en contra de la normativa europea. Eso sí, Ribera abre la puerta a poner en práctica una batería de medidas que acaben paliando el gasto de los consumidores. Entre ellas, la ministra se ha mostrado abierta a "reformar el sistema de concesiones hidroeléctricas", así como a impulsar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y los mecanismos aprobados para rebajar los llamados beneficios caídos del cielo, iniciativas que ya se tramitan en el Congreso. 

Bajar la factura

La ministra ha trasladado durante su comparecencia que el Gobierno tiene un margen de actuación limitado en el mercado eléctrico. Se ha referido al precio del gas y a la normativa europea como asuntos que trascienden las fronteras" de la competencia estatal y ha asegurado estar comprometida en "dar la batalla en el debate comunitario" para conseguir reformas en las reglas del mercado eléctrico que permitan precios más justos a los consumidores. 

Sobre las medidas que están ya sobre la mesa del Gobierno y que van dirigidas a la rebaja de esa factura, la también vicepresidenta tercera ha recordado que en el Congreso ya están en marcha dos medidas que tendrían repercusiones directas en el ahorro de los consumidores. Por una parte, la rebaja de los llamados beneficios caídos del cielo, que supondría que las empresas verían reducidos unos 625 millones de euros unos beneficios que cobran por costes de generación de CO2 que no tienen. Los cálculos del Gobierno estiman que esa medida contribuiría a una rebaja media de en torno al 2.5% en la factura de los hogares españoles. 

Por otra parte, y más a largo plazo, en los planes del Gobierno está la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. La finalidad de ese fondo es que los costes de las primas a las renovables sean asumidos por todas las empresas de energía, quedando excluidos así del recibo de la luz.  La medida también se encuentra ya en tramitación parlamentaria aunque quedan meses para que pueda ver la luz. Desde el ministerio de Transición Ecológica calculan que el impacto del Fondo para la Sostenibilidad y la reforma de los beneficios caídos del cielo podrían suponer un ahorro de en torno al 15% en la factura para los próximos años. 

La titular de Transición Ecológica ha recordado que su Ejecutivo también ha puesto en práctica ya medidas de ahorro para los consumidores desde el punto de vista fiscal. A finales de junio y ante el aumento drástico de los precios, el Consejo de Ministros impulsó la rebaja del IVA del 21% al 7%, una medida en principio diseñada solo para lo que queda de año. En su comparecencia, Ribera ha planteado la posibilidad de que esos planes fiscales vayan más allá y ha hablado de la necesidad de "revisar la fiscalidad de la energía", algo que ya se estaría negociando en el seno del Gobierno. 

Discusión entre socios

Además, Ribera también se ha mostrado favorable a introducir cambios en la tarifa regulada para la estabilización de las subidas asegurando que es "una demanda planteada por las asociaciones de consumidores, para reducir su volatilidad y mantenernos en una horquilla de precios más estables". Una reforma que, en todo caso, no incluiría la intervención de los precios por parte del Gobierno, tal y como plantean desde Unidas Podemos. En ese sentido, la vicepresidenta tercera ha sido tajante: "Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha dicho en referencia a la limitación de los precios de la energía planteada desde sus socios de Gobierno. 

Precisamente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que la medida planteada por Ribera sobre una reforma de la tarifa regulada sea también defendida por las grandes empresas: "Lo que propone la vicepresidenta es lo mismo que hace unos días proponía el oligopolio eléctrico", ha asegurado Echenique, que añadía que "si lo propone el oligopolio eléctrico, es difícil de creer que pueda servir para bajar la factura". Durante su turno de intervención, el representante de Unidas Podemos en la comisión, Txema Guijarro, le ha pedido a Ribera "elegir entre los intereses de unos y los intereses de otros. Yo confío en que este Gobierno tenga claro qué intereses prioriza", ha concluido. 

Teresa Ribera sí se ha mostrado partidaria de la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los precios de la electricidad, una propuesta que habían planteado desde Más País y que apoyan todos los socios parlamentario del Ejecutivo. 

El precio de la luz bajará este domingo un 35,7% y marcará el menor nivel desde agosto con 111,60 euros/MWh

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Críticas a las eléctricas

En su comparecencia a petición propia, Teresa Ribera también se ha mostrado muy crítica con las empresas eléctricas y ha acusado a aquellas compañías concesionarias de centrales hidroeléctricas de no tener "ninguna empatía social. Y eso también cotiza en Bolsa". La vicepresidenta ha criticado que no es "razonable de ninguna de las maneras" que se hayan vaciado embalses para producir energía barata mientras se propiciaba el precio más alto de la electricidad en nuestra historia. Y por eso ha lanzado un aviso: el Gobierno ya trabaja en una reforma de las concesiones hidroeléctricas. "Es obvio que las cláusulas concesionales por las que se rigen las eléctricas tienen que ver muy poco con las necesidades y la sensibilidad de hoy, eso modelo ha quedado desfasado", ha advertido antes de asegurar que se aplicará el artículo 55 de la Ley de Aguas para evitar prácticas contrarias al medioambiente y regular el caudal de los ríos y embalses.

Sobre la duración de las concesiones y sus condiciones ha registrado este lunes en el Congreso una pregunta el grupo parlamentario de Unidas Podemos. El diputado de ese grupo y portavoz de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, pide información al Ministerio de Transición Ecológica sobre la "puesta en marcha de un registro público y accesible de las concesiones hidroeléctricas existentes, así como las fechas en las que vencen y los ingresos que obtienen las compañías por su explotación".