Casi el 40% de las entidades locales incumple la obligación de enviar al Tribunal de Cuentas sus listas de contratos

Las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades– deben enviar al Tribunal de Cuentas, antes de que acabe febrero, una relación anual de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente. También tienen que remitirle, dentro de los tres meses siguientes a su firma, el expediente de cada contratación si ésta excede los 600.000 –contratos de obra–, 450.000 euros –contratos de suministro– o 150.000 euros –contratos de servicios–. Lo mismo rige para los convenios que las entidades locales suscriban con otras administraciones u organismos públicos. Deben enviar la lista de los convenios y los expedientes de aquéllos que superen los 600.000 euros. Sin embargo, el 38% de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades incumple su obligación de mandar al Tribunal de Cuentas la relación de los contratos que adjudican. Y con los convenios es aún peor: el 65% de las entidades locales no le remiten la lista.

Además, entre las entidades locales que sí envían la relación de contratos, el 29% lo hacen fuera de plazo. En el caso de los convenios, el 21% se pasan de fecha. Los datos proceden del informe sobre fiscalización del sector público local en 2019 que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas.

Tampoco es que los ayuntamientos sean muy diligentes a la hora de mandar al órgano fiscalizador sus presupuestos, otra de sus obligaciones, aunque han mejorado respecto a años anteriores. En 2019 enviaron sus cuentas en plazo el 62%, cuando en 2018 sólo lo hicieron el 55%. Fuera de fecha cumplieron finalmente hasta el 73% –el 71% un año antes–. Entre los desobedientes de 2019 están ayuntamientos tan grandes como Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas y Getafe, las diputaciones de Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz, y los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. Pero los hay que “sistemáticamente”, denuncia el informe, no envían sus cuentas: nada menos que 3.347 entidades locales que llevan sin hacerlo desde 2017. Aunque la mayoría son municipios de menos de 1.000 habitantes, precisa el órgano, también se escaquean ayuntamientos grandes como Jaén, El Puerto de Santa María, Mijas y Vélez-Málaga.

Canarias al 100%

Por lo que respecta a los contratos, las entidades locales formalizaron en 2019 un total de 42.658, por un importe que suma 8.557 millones de euros, sin contar País Vasco y Navarra. Según los datos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, nueve entidades de más de 40.000 habitantes comunicaron la celebración de 9.199 contratos, por valor de 83 millones de euros. Entre las comunidades autónomas el nivel de incumplimiento es muy dispar. Mientras que el 100% de las entidades canarias respetaron su obligación con el Tribunal de Cuentas, también el 94% de las baleares y el 88% de las madrileñas, en Andalucía se quedaron en el 48% y en Castilla y León en el 47%. En Galicia no superaron el 52%.

Con el envío de los expedientes de los contratos los entes locales también fallan, puesto que impidieron que el Tribunal de Cuentas examinara 1.718, por importe de 1.941 millones. El 57% de ellos correspondían a ayuntamientos y otro 19% a sociedades mercantiles dependientes de consistorios o diputaciones.

Según el informe, además, las entidades locales formalizaron 800.040 contratos menores, aquéllos con un valor inferior a 40.000 euros si son de obra y de 15.000 euros si son de suministro o de servicios. Su importe ascendió a 1.774 millones de euros.

Los convenios suscritos en 2019 por entidades locales sumaron la cifra de 14.356, lo que equivale a 6.998 millones de euros. De nuevo, es Canarias la comunidad autónoma más cumplidora, puesto que el 100% de sus ayuntamientos remitieron sus listas de convenios. Muy lejos quedan Andalucía, con sólo un 15%; Galicia, con el 18%; la Comunidad de Madrid, con un 20%, y Castilla y León, con el 31%.

Pero el Tribunal de Cuentas sólo recibió los expedientes de 523 convenios que superaban los 600.000 euros de importe. Y, curiosamente, fueron los entes locales canarios los que más incumplieron su obligación de remitirlos al órgano para su fiscalización, puesto que suman el 32% de los no enviados.

Presupuestos: gastos e ingresos

El Tribunal de Cuentas también examina otros aspectos de la diligencia institucional de las entidades locales. Por ejemplo, constata que, a 7 de abril de 2021, un total de 103 de ellas aún no tenían aprobado el presupuesto de 2019. Además, el 32% no consiguieron aprobar las cuentas en pleno antes de comenzara el ejercicio, por lo que el 68% restante había prorrogado automáticamente el presupuesto del año anterior. El 14% de estas entidades no integraba en ellas las de las sociedades u organismos que dependen de ellas.

En total, el presupuesto de las 15.580 entidades locales que hay en España ascendió en 2019 a 58.438 millones de euros. Su grado de ejecución fue del 78%. A gastos de personal, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades y cabildos destinaron el 30%, a servicios públicos básicos un 36% y a actividades de protección social el 13%.

En los últimos años, la partida de gastos no deja de aumentar: un 5% en 2019 respecto a 2019 y un 10% respecto a 2017. El Ayuntamiento de Madrid es el que más lo elevó, un 6%, mientras que el de València fue el que más lo recortó, un 17% en comparación con 2018.

En lo que se refiere a los ingresos, el 55% procede de impuestos y tasas, sobre todo el IBI. Aunque, para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, el 18% de los ingresos tienen como origen la llamada plusvalía municipal, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

El aumento del gasto ha sido posible por la reducción del endeudamiento de las entidades locales, un 11% en 2019 respecto al ejercicio anterior y un 20% respecto a 2017. La deuda total suma 16.153 millones de euros, de los cuales el 23% corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Una vez más, el consistorio madrileño es la entidad local que más ha recortado su deuda, un 17%. Le siguen el de València, con un 16%; Zaragoza, con un 10%, y Barcelona con un 6%.

Por el contrario, la diputación más endeudada es la de Barcelona, con un pasivo de 167 millones de euros. Aunque la que tiene una deuda mayor en términos relativos es la de Huelva, con un volumen que equivale al 53% de sus ingresos corrientes.

Medido en términos per cápita, el gasto medio era de 538 euros en 2019, un 3% más que el año previo. Pero la diferencia es sustancial entre los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que se gastan 1.564 euros por habitante y los ayuntamientos medianos. Curiosamente, los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes gastan 1.114 euros por habitante, un 3% más que los de más de 100.000 y casi tanto como los más grandes. La inversión per cápita es mucho menor, 79 euros de media, pero ha crecido más, un 6% respecto a 2018 y un 29% respecto a 2017.

Así, la deuda municipal per cápita asciende a 680 euros de media. Aumenta hasta 1.159 euros para Madrid y Barcelona. En total, el endeudamiento per cápita de las entidades locales ha descendido un 10% respecto a 2018 y un 13% respecto a 2017.

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Ayuntamientos y diputaciones poseen también organismos autónomos, empresas públicas y sociedades mercantiles, 2.648 en total, que son un 3% menos de las que había en 2017. Al Tribunal de Cuentas le llegaron en 2019 el 77% de las cuentas anuales de este sector público empresarial que deberían haberle enviado las entidades locales. Tras analizarlas, el órgano fiscalizador revela que el 17% de las empresas no tenían actividad. Aun así, el 67% de las anteriores figuraban como activas. Otro 25% sí constaban en disolución.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas examina el funcionamiento de los órganos de Intervención, encargado del control interno de las entidades públicas. En el caso de las locales, sólo en uno de los cinco ayuntamientos con más de medio millón de habitantes –Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga–, que el informe no precisa, el responsable de la Intervención Municipal es un funcionario que ha ganado la plaza mediante concurso público. En el resto, han sido nombrados mediante libre designación. En las diputaciones provinciales, de los 36 puestos de titular del órgano de Intervención, el 53% estaba ocupado también mediante libre designación.

Un dato más que no dice mucho de la eficacia de la Intervención local a la hora de fiscalizar las entidades: sólo el 3% de los 5.805 órganos de este tipo que enviaron información al Tribunal de Cuentas había realizado auditorías públicas de las cuentas. Y en éstas incluían las llevadas a cabo por firmas privadas de auditoría, que supusieron un coste de tres millones de euros.