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Los antiabortistas de EEUU imponen su agenda mientras los demócratas piden a Biden actuar ya ante el avance ultra
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Otro paso adelante para los guerreros la cultura conservadora, otra señal de la enorme brecha entre las instituciones políticas existentes y el estado real de la opinión estadounidense. En la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos se negaba a admitir un recurso relativo a una ley de Texas que restringe gravemente el acceso al aborto.
Aunque la ley sigue siendo revisada en los niveles inferiores del sistema judicial, ahora es ilegal en Texas acceder o facilitar una interrupción voluntaria del embarazo cuando se producen los primeros indicios de latido en el embrión, una fase de desarrollo que suele producirse en la sexta semana de embarazo.
El Senate Bill 8 salió adelante el pasado mes de marzo con los votos de los cien representantes y senadores republicanos locales, de los cuales sólo 13 son mujeres. Estas restricciones son una forma de hacer casi imposible el acceso al aborto en el Lone Star State; la mayoría de las mujeres que quieren abortar se enteran de que están en cinta mucho después de esa fecha. Las nuevas restricciones se aplican incluso en casos de violación o incesto. Sólo se permite una excepción, en caso de que exista riesgo importante para la madre.
Aunque la decisión no la aborda directamente, abre una brecha en la arquitectura jurídica que se remonta a 1973, cuando el Tribunal Supremo legalizó el aborto en el llamado caso Roe contra Wade. En los meses y años posteriores, y sin un cambio en el equilibrio de poder en el Tribunal, esta nueva decisión parece presagiar el alto nivel de indulgencia que los jueces mostrarán hacia las restricciones antiabortistas. En su composición actual, seis de los nueve jueces del Tribunal fueron designados por los republicanos.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, la máxima autoridad judicial justificó que el asunto en cuestión no era de su legítima competencia.
Los republicanos de Texas lograron aprobar estas medidas restrictivas mediante una táctica legal muy complicada. La ley de Texas establece que la aplicación de la ley es responsabilidad de los ciudadanos. En Texas, cualquier persona puede demandar a quien ayude a una mujer a abortar después de la sexta semana de embarazo.
Si la sentencia es favorable, el demandante podría incluso recibir una compensación de hasta 10.000 dólares, convirtiendo a los ciudadanos en justicieros. Todo ello en un estado con un denso y desarrollado ecosistema de activistas conservadores y evangélicos.
“Un ataque sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres aunque está vigente ‘Roe contra Wade’, la ley del país desde hace casi cincuenta años”, denunció la Casa Blanca el 2 de septiembre. “Al permitir que entre en vigor una ley que permite a los ciudadanos privados de Texas demandar a los prestadores de atención médica, a los miembros de la familia que apoyan a una mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso a un amigo que la lleva a un hospital o clínica, se crea un caos inconstitucional”.
La decisión ha despertado el entusiasmo en el campo conservador, ya que otros estados controlados por los republicanos proponen medidas restrictivas con la esperanza de que la Corte Suprema aborde más directamente el caso Roe contra Wade. Bloqueada el pasado junio por un tribunal federal inferior, una ley aprobada por el estado de Missouri en 2019 prohíbe el aborto a partir de la octava semana de embarazo. Ahora el abogado del Estado quiere apelar al Tribunal Supremo.
El jueves, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, calificó la nueva ley de Texas de “muy interesante” y dijo que quería estudiar la posibilidad de servirse de ella como modelo.
Ante este entusiasmo republicano, que forma parte de una ofensiva más amplia –que incluye una campaña para restringir el acceso al voto de las minorías étnicas–, el ala izquierda del partido ha pedido al Gobierno de Biden que tome medidas para contrarrestar estos ataques sin precedentes.
Tras la decisión del miércoles por la noche, Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata de Nueva York, instó a la administración a apoyar una ampliación del Tribunal Supremo. El proyecto de ley judicial de 2021 se presentó en la Cámara de Representantes en abril y propone aumentar el número de jueces de 9 a 13.
“Los republicanos prometieron anular Roe contra Wade y lo han hecho”, tuiteó Ocasio-Cortez el jueves por la mañana. “Los demócratas pueden abolir el filibusterismo y ampliar el tribunal o no hacer nada mientras los cuerpos, los derechos y las vidas de millones de personas se sacrifican por el gobierno de una minoría de extrema derecha. No debería ser una decisión difícil”.
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Traducción: Mariola Moreno
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