La suspensión de los 1.700 millones para El Prat condiciona la hoja de ruta sobre Cataluña

Ni inversión en El Prat ni fecha cerrada para la mesa de diálogo. La hoja de ruta diseñada entre el Gobierno central y la Generalitat para dar paso a una nueva etapa política entre Cataluña y España encalla a la primera de cambio. Tras pactar ambas administraciones a principios de agosto una inversión histórica de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Barcelona, todo ha saltado definitivamente por los aires este miércoles. Las palabras de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, anunciando la presencia de su partido e incluso de miembros del Govern en las manifestaciones convocadas en contra del proyecto han hecho plantarse a la Moncloa y dar oficialmente por suspendida la inversión.

A primera hora de la tarde de este miércoles, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamado personalmente por teléfono al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, para trasladarle la decisión. Minutos después, la propia ministra comparecía ante los medios de comunicación para confirmar la suspensión argumentando que “el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta” derivada, a su juicio, “del cambio de criterio de la Generalitat".

“Es evidente que la Generalitat no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión", ha asegurado Raquel Sánchez, que se ha referido a las críticas de los últimos días tanto del propio president Aragonès como de la portavoz de ERC: "El Gobierno quiere que Cataluña vuelva a ser un motor económico de España y convertir el Aeropuerto de El Prat en un hub intercontinental, pero no va a imponer la ampliación del Aeropuerto", ha sostenido antes de dar por zanjado el proyecto: "Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat”.

Consecuencias económicas

El Gobierno de Pedro Sánchez lamenta que “las contradicciones de la Generalitat” echen por tierra una “inversión estratégica y un proyecto de enorme envergadura”, con un impacto estimado en el PIB catalán de más de dos puntos y la creación de 80.000 empleos. En la Moncloa confiesan sentirse “muy sorprendidos” por los vaivenes del Govern en torno a un acuerdo con el que mostraron su conformidad el 2 de agosto. “No hemos tocado el proyecto, la documentación es exactamente la misma a la que ellos le dieron el visto bueno, la explicación debe ser otra”, apuntan fuentes del Ejecutivo central.

Después de que en agosto ambas administraciones alcanzaran y anunciaran ese acuerdo para la inversión de 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto, este pasado viernes se reunió el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Según ha podido saber infoLibre, a esa reunión asistió un representante del Govern catalán que no presentó alegaciones a la documentación aportada por el Gobierno y por AENA. Horas más tarde, a las críticas de asociaciones ecologistas y otros grupos políticos como los comunes o la CUP, se sumó la del propio president, Pere Aragonès, que exigió una “rectificación” por el impacto medioambiental.

Fuentes gubernamentales conocedoras del acuerdo explican que, “desde el primer momento”, los planes para la ampliación de El Prat pasaban por alargar la pista del mar hacia el este y que, por tanto, no existía alternativa a una intervención en el Parque Natural de la Ricarda. Algo que, en opinión de estas fuentes, la Generalitat había asumido a cambio del compromiso de una “mínima afección al entorno” y de cumplir con las exigencias de Bruselas.

Consecuencias políticas

Pero el impacto no es solo económico. Sin que ni siquiera haya echado a andar la nueva etapa política que pretenden impulsar Pedro Sánchez y Pere Aragonés, el choque a cuenta del aeropuerto de El Prat amenaza con hacer tambalearse toda la hoja de ruta. Tras el anuncio de la suspensión, el president de la Generalitat ha elevado el tono calificando de "chantaje" la actitud del Gobierno central: "Hoy ha quedado patente lo que se sospechaba desde el primer minuto: que el Gobierno español y Aena han hecho una operación de chantaje y que nunca han tenido la voluntad de invertir en Cataluña ni de hacer del Aeropuerto de El Prat un hub internacional"

Un enfrentamiento abierto entre dos administraciones que, a estas alturas y según los planes diseñados, deberían estar cerrando los detalles de una mesa de diálogo que sigue sin convocarse. El compromiso es que esa reunión tenga lugar la semana que viene. A última hora del miércoles ninguna de las partes podía confirmar fecha, orden del día o delegaciones de trabajo, y ni siquiera nadie era capaz de asegurar que el encuentro no esté en el aire. En la Moncloa, por el momento, siguen contando con que esa cita se llevará a cabo y resaltan que, a excepción del Prat, “el resto de acuerdos e inversiones que desarrolla la agenda del reencuentro siguen intactos”. La presencia o no del presidente del Gobierno, demandada desde Cataluña, sigue sin estar decidida.

El independentismo se moviliza este sábado por la Diada con la vista puesta en la mesa de diálogo

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Enfrentamientos entre independentistas

Pero el choque con el Gobierno central no es el único frente abierto para Pere Aragonès. A cuenta de la mesa de diálogo, los propios socios de Govern han vuelto a evidenciar sus diferencias. Mientras en ERC apuestan por “canalizar la fuerza de la Diada del 11 de septiembre” en esa mesa de diálogo, en Junts no ocultan su desconfianza hacia el foro de encuentro con el Gobierno central e insisten en que “el mandato del 1 de octubre” sigue siendo nítido y sigue estando vigente. El expresident Puigdemont, de hecho, ha vuelto a llamar al enfrentamiento con el Estado como algo "inevitable".

El otro socio parlamentario de Aragonès tampoco da tregua al president. La CUP ha advertido explícitamente al jefe de Govern de que la negociación presupuestaria corría peligro si la Generalitat sacaba adelante el proyecto de ampliación de El Prat de la mano del Gobierno central. A esa permanente tensión interna entre socios independentistas, añadida a la presión ejercida por fuerzas como los comunes, Unidas Podemos o la inmensa mayor parte del movimiento ecologista, se refieren desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez para encontrar respuesta al volantazo del president.