El Gobierno retirará a las eléctricas 2.600 millones de "beneficio extraordinario" e impone una nueva subasta

Unidas Podemos quería que el Gobierno interviniera el mercado eléctrico. Y el Gobierno lo ha hecho, tomando una serie de medidas extraordinarias y sin precedentes para atajar la escalada del precio de la luz con especial incidencia en los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las compañías eléctricas con el episodio. El Estado detraerá 2.600 millones de euros de ingresos del oligopolio hasta marzo de 2022 y lo inyectará directamente en el recibo, en el apartado de cargos, para lograr bajar los precios hasta los niveles de 2018. Además, se creará una nueva subasta para hidroeléctricas, nucleares y renovables, en la que no influirá el precio del gas, para que las pequeñas comercializadoras del mercado libre puedan acudir y ofrecer a sus clientes una cuantía competitiva y más baja.

También reducirá el Impuesto sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, pondrá un tope al mercado regulado del gas para evitar una subida en la calefacción doméstica, aumentará la cobertura para consumidores vulnerables, aplicará los ingresos del mercado del CO2 para bajar aún más el recibo y modificará la Ley de Aguas para poner fin a los episodios de vaciado de embalses. El plan de choque rebajará el recibo un 22% mensual hasta final de año, ampliado a un 30% si se suma la "congelación fiscal" del IVA aplicada en junio, ha explicado en rueda de prensa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El Gobierno consideraba que las principales empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estaban haciéndose de oro con la crisis eléctrica y les pedía "empatía social" para limitar el impacto. Ya no hay espacio para la empatía: sí para la intervención directa. "Se lo pueden permitir", aseguró en una entrevista en TVE del pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Tal y como funciona el sistema marginalista, la tecnología más cara, el gas natural que se quema en las centrales de ciclo combinado, marca el precio que perciben las demás. Tecnologías ya amortizadas, como la hidroeléctrica y la nuclear, están cobrando mucho más de lo que se gastan en generar la energía. Se trata de los conocidos como "beneficios caídos del cielo". El Congreso ya tramita una reforma para detraer los ingresos de más que reciben estas centrales por el precio de CO2 que solo pagan el gas o el carbón, emisoras. Pero, a partir de un decreto que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Estado se quedará con hasta 2.600 millones de euros no solo por el CO2, sino por todos los "beneficios extraordinarios". 

El Ejecutivo exigirá a las empresas con hidroeléctricas, nucleares y renovables en su cartera (que no operen en sus propias subastas a largo plazo) que devuelvan, a mes vencido, la sobrerretribución correspondiente al precio del mercado del gas en ese mes, garantizando un mínimo: las compañías cobrarán al menos 20 euros el MWh. Así, si la subasta diaria, por el efecto del gas natural, marca 150 euros el MWh, las arcas públicas recibirán lo correspondiente de restar ese precio al de la materia prima fósil. Es un mecanismo "similar", explica el Gobierno, al del propio anteproyecto de ley que restará el CO2 de ese importe. Pero en relación al combustible y con aplicación inmediata. 

El dinero recibido por el Estado se empleará, íntegramente, en reducir hasta en un 96% la parte dedicada a los cargos del sistema eléctrico de la factura de la luz. También se utilizarán en este sentido 900 millones de euros percibidos en razón de la subida en el mercado del CO2, que actualmente está en torno a 50 euros por tonelada. Ese es el dinero que todas las instalaciones emisoras del país tienen que pagar por el dióxido de carbono que expulsan. Como está más caro, el Tesoro cuenta con un ingreso adicional que se destinará a aliviar el recibo de los consumidores, en línea de lo que pedía el PP. 

Además, el Gobierno obligará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a participar en una subasta a largo plazo, en la que se establece un precio fijo a cobrar por las generadoras durante años, y donde el gas natural no marcará el precio. Es una medida que estaba contemplada por los expertos consultados por infoLibre, aunque consideraban difícil su encaje en el derecho comunitario si se trataba de una participación forzosa. El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada, seguirá dependiendo de los vaivenes de la subasta principal: pero las pequeñas comercializadoras independientes podrán acudir a este nuevo mecanismo para comprar la electricidad a un precio más competitivo, ofreciendo así tarifas más ajustadas a sus clientes. El Ejecutivo, así, interviene directamente sobre las reglas para bajar no solo el PVPC, sino sobre las ofertas del mercado libre, a las que acude más del 60% de los consumidores. La primera convocatoria será antes de 2022. 

El Ministerio para la Transición Ecológica evita la medida que, a juicio de todos los expertos y analistas, era imposible de tomar: fijar un precio máximo a la electricidad, al estilo francés. Pero ha tomado el resto de medidas en las que los especialistas dudan si tendrán encaje en el derecho comunitario: extracción directa de ingresos y subastas forzosas. "El requisito de la necesidad y la proporcionalidad están justificados", explican fuentes del Gobierno. Invita a las eléctricas a, haciendo uso de sus derechos, recurrir a los tribunales si considera que este decreto es ilegal. 

Precio máximo al gas

El Gobierno también ha intervenido sobre los precios del gas que pagan directamente los consumidores. Es decir: lo que abonamos no por la electricidad, sino por la ducha caliente o para climatizar los hogares en invierno. El sistema funciona tal y como funcionaba el mercado eléctrico antes de 2013: la tarifa regulada, denominada de Último Recurso, no se fija a diario sino cada tres meses en una subasta. La próxima es en octubre y el Ejecutivo aquí sí ha establecido una cuantía máxima, temiendo que el incremento de la factura sea inasumible para los hogares a los que más les cuesta llegar a fin de mes. La subida solo podrá ser del 4% en el próximo trimestre, frente al 30% o el 40% que se preveía. Fuentes de Transición Ecológica han explicado que las comercializadoras recuperarán lo perdido por este tope en las facturas posteriores a marzo de 2022, cuando se prevé que el mercado de gas descienda a niveles normales. 

Otras medidas: impuestos, consumidores vulnerables y embalses

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El Ministerio para la Transición Ecológica, tal y como ya se había adelantado, creará una nueva figura: el suministro mínimo vital. Se garantizará un confort básico para los que lo soliciten, de 3,5 kW de potencia, y se prorrogan seis meses las prohibiciones de corte a partir de la entrada en vigor del decreto, por encima de los cuatro vigentes. El Ejecutivo también ha reducido el Impuesto sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, ayudado por el aumento de recaudación gracias al CO2: fuentes del departamento de Teresa Ribera aseguran que la balanza fiscal del sistema eléctrico será positiva a finales del ejercicio. 

Por otro lado, se modificará la Ley de Aguas para evitar los "súbitos desembalses" que han indignado a la opinión pública, fruto de la acción de las eléctricas para aprovechar la coyuntura favorable. "Las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de sequía prolongada como de normalidad hidrológica", explica Transición Ecológica, con el objetivo de preservar la flora y la fauna de estos entornos. 

El Gobierno, por ahora, no ha cambiado la composición del PVPC para hacerlo menos dependiente de la subasta diaria, fijando precios a largo plazo: una medida ya confirmada por el presidente en intervenciones de la pasada semana. El objetivo es volver a los niveles de 2018, un año de precios altos, en los que la factura mensual rondaba los 80 euros. Este martes, el pool marcará 174 euros el MWh.