Corrupción en el PP
El juez rectifica y estudiará si pedir agendas de los ministros de Fomento de Aznar para rastrear donantes de la caja b
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz escuchará a las partes personadas en la causa de las llamadas comisiones finalistas de la contabilidad opaca del PP sobre si reclamar las agendas de los ministerios de Fomento y de sus respectivos titulares durante los gobiernos de José María Aznar, tal y como le había solicitado la Abogacía del Estado, en un último intento por alargar esta investigación que comenzó en 2013 con la publicación de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, que ya se archivó una vez y fue reabierta en 2017.
La diligencia de la Abogacía se basa en la declaración que prestó el pasado mes de julio el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien aseguró que todos los ministros de las carteras de Fomento y Medio Ambiente con el PP tenían trato con donantes de la caja b. "Al final, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", expuso, mencionando expresamente a Francisco Álvarez-Cascos.
Unos días después de la comparecencia de Bárcenas, Pedraz optó por no prorrogar las pesquisas dedicadas a determinar si los empresarios que habrían nutrido con sus donaciones la contabilidad irregular del PP tenían el objetivo de conseguir a cambio adjudicaciones concretas de contratos públicos, las llamadas comisiones finalistas. Esto trajo como consecuencia que la fase de instrucción concluyera el 29 de julio, cuando estaba previsto que caducara conforme a los nuevos plazos procesales, y aún estaba pendiente que el magistrado decidiera si archivar la investigación o dictar auto de procesamiento.
Visitas, agendas y movimientos de dinero
Justo el día 29 de julio entró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el escrito de la Abogacía del Estado solicitando las nuevas diligencias. En concreto, tres. En primer lugar, que se requirieran los registros de entrada y salida o de visitas del Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y las empresas públicas implicadas, así como de la Constructora Hispánica, "durante el periodo de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es, de 1996 a 2004".
De igual modo, pedía que se indagara en la "agenda oficial" de los ministros de Fomento en esa misma época, que se corresponden con Rafael Arias-Salgado (1996-2000) y Francisco Álvarez-Cascos (2000-2004), así como las de los secretarios de Estado de Infraestructuras, directores generales de Carreteras y responsables de dichas empresas públicas en aquellos años, además de la del entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo.
Por último, reclamar a la Agencia Tributaria "los expedientes tramitados de inspección y sancionadores con posterioridad a 2003 en relación al riesgo fiscal por movimiento de billetes de 500 euros, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por la persona jurídica de Constructora Hispánica como por la persona física de Alfonso García Pozuelo".
Sin embargo, el instructor rechazó cuatro días después las diligencias propuestas por la Abogacía del Estado. Lo hizo sin consultar al resto de partes personadas en el procedimiento y mediante una providencia en la que se limitaba a afirmar que no había lugar "dado que ha concluido el plazo de investigación judicial". Pasado el periodo inhábil de agosto, la acusación popular que ejerce el PSPV ha recurrido la decisión de Pedraz, reprochándole que no entrara a valorar la "pertinencia, utilidad y necesidad de las mismas por una cuestión estrictamente formal" como es la conclusión del plazo de instrucción.
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Según el escrito, consultado por este periódico, la acusación remarca que "cuando la Abogacía del Estado solicitó la práctica de dichas diligencias, la instrucción no había concluido", pues era "el último día", por lo que la petición se realizó "dentro del plazo". "Si la Abogacía del Estado solicitó la práctica de las diligencias antes de que expirara el plazo de instrucción, como así sucedió, el magistrado instructor debe pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia de la mismas, acordando su práctica si fueren procedentes", explica. En su opinión, "la resolución que procede es la admisión de las diligencias, pues a la vista del contenido de los informes, las mismas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en los términos que expone la parte proponente".
Pues bien, en una providencia posterior, de fecha 10 de septiembre, Pedraz acepta dar traslado del escrito de la acusación popular a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes personadas en la causa, que se pronunciarán sobre la pertinencia o no de las diligencias planteadas por la Abogacía del Estado si, como subraya el PSPV, fueron solicitadas el último día de la instrucción. Tal y como afirma en el recurso, "el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la práctica, una vez finalizado el plazo de instrucción, de aquellas diligencias que ya hubieren sido acordadas durante la vigencia del mismo y esta previsión legal debe ser aplicada a aquellas diligencias que, aun cuando no hubieren sido acordadas antes de la expiración del plazo, si hubieren sido solicitadas antes de dicha fecha pues, en caso contrario, un retraso en la decisión sobre la admisión de la pruebas determinaría que éstas, pese a que fueren necesarias, no pudieran ser acordadas, que es precisamente lo que sucede en el presente caso".
La de las comisiones finalistas es una de las piezas separadas que se abrieron en la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad en b del PP que ya ha sido probada por el Tribunal Supremo. La otra rama de la investigación. la del supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova, ha sido juzgada este mismo año y está pendiente de sentencia, la cual se prevé para este otoño.
