El Gobierno de Ayuso paga 27,8 millones a una empresa de seguridad que operó sin contrato durante más de dos años

Dos consejerías del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la de Sanidad y la de Presidencia y Justicia, han autorizado en el último año y medio pagos por servicios sin contrato prestados por la empresa de seguridad Alerta y Control SA y cuya suma asciende a 27,8 millones de euros. La fórmula empleada ha sido la que en el argot administrativo se conoce como "convalidación de gasto", prevista para que sin la cobertura de un contrato y en circunstancias fuera de lo común se abonen servicios cuya prestación no puede interrumpirse. En el caso de Sanidad, que ya lleva contabilizados 12,54 millones, se remontan a julio 2019 los primeros trabajos convalidados en esta serie de pagos, todos ellos vinculados a la vigilancia de centros de atención especializada. En el de Presidencia y Justicia, se elevan a 15,34 millones los aprobados por la vigilancia de sedes judiciales desarrollada desde mayo de 2020. 

¿Obedecen tales convalidaciones al parón que impuso la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia? No. Las claves que las originaron son muy distintas. Porque lo habitual, y así lo subrayan los expertos consultados, habría sido que tanto en Sanidad como en Presidencia y Justicia se hubiera adjudicado ya un nuevo concurso cuando se acabó el contrato de Alerta y Control SA. O al menos, en los meses siguientes.

En lo que respecta a Sanidad, fue en abril de 2013 cuando Alerta y Control ganó sin competencia –la suya fue la única oferta– y por 14,11 millones el contrato de tres años para la vigilancia de distintos hospitales y centros de especialidades médicas.  En junio de 2016, la Consejería aprobó una primera prórroga de dos años. Luego, en 2018, otra de doce meses. Y el contrato se extendió así hasta junio de 2019. A partir de ese momento ya no cabían más moratorias. Pero cuando expiró definitivamente la adjudicación ni siquiera se había convocado un nuevo concurso. 

Comenzaron así las convalidaciones de gasto para quien ya había dejado de ser la adjudicataria del contrato. ¿Por qué Sanidad dejó pasar la fecha en que ya debía estar resuelto quién vigilaría en lo sucesivo hospitales como La Paz o el Doce de Octubre o el Severo Ochoa? Según los portavoces del departamento que dirige Enrique García Escudero, en septiembre de 2018 cesó el hasta entonces director general de Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud, José Ramón Menéndez, ahora viceconsejero de Hacienda. El Ejecutivo regional nombró a su sucesora, Elena Casaus. Pero cesó a los cuatro meses. Y hasta septiembre de 2019 Sanidad dejó vacante el puesto.

El viernes, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad madrileña resumieron lo sucedido así: "Estaba trabajándose en el expediente, pero hubo dos cambios de directores entre final de 2018 y septiembre de 2019. El actual director [Rafael Barberá] tomó posesión a finales de septiembre de 2019. Se retomó el trabajo de este expediente, pero se tuvo que interrumpir por la pandemia. Los pliegos ya están preparados y en unos días se enviarán al Servicio Jurídico y posteriormente a la Intervención. Si todo sigue su curso, podría estar resuelto a final de año o principios del próximo año". Lo anterior significa que ocho años después de la adjudicación de un contrato cuya finalización se preveía para 2015 sigue sin publicarse la convocatoria de un nuevo procedimento abierto.

"Errores" en el pliego de condiciones y precios disuasorios

Lo sucedido con la vigilancia de las sedes judiciales repartidas por Madrid -66 a día de hoy– entronca con el caso de Sanidad por la tardanza en la tramitación de un nuevo contrato. Aquí, el que en la práctica se fue estirando hasta que este agosto se produjo la adjudicación del servicio a otra empresa distinta –una UTE encabezada por Omega– es el que el 13 de marzo de 2018 y con un importe de 21,58 millones a repartir en 24 meses firmó con Alerta y Control la entonces viceconsejera de Presidencia, Isabel Díaz Ayuso.

Ese contrato expiraba el 30 de abril de 2020. La convocatoria de un nuevo concurso no se publicó hasta el 16 de junio de ese mismo año. Pero no sirvió de nada. La propia Alerta y Control recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid porque el pliego de condiciones había calculado de forma errónea el coste salarial del servicio. También el sindicato UGT adujo que el pliego era incorrecto. El tribunal le dio la razón a Alerta antes de que hubiera transcurrido un mes. Y, como confirman los portavoces de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se declaró "el desistimiento del concurso". La causa, "los errores de cálculo de los costes salariales".

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Tras el verano, el Gobierno regional inició un nuevo procedimiento el 2 de octubre de 2020. La convocatoria se publicó la víspera de Nochebuena. Pero también este concurso acabó en la papelera: con un precio de licitación de 26.642.481 euros IVA incluido para dos años de vigilancia de las sedes judiciales, el 19 de enero de este año la Consejería lo declaró desierto. Las empresas del sector –aducen fuentes de Presidencia y Justicia– consideraron entonces "que el precio de licitación era muy bajo y no presentaron ofertas". Alerta y Control siguió por tanto efectuando el servicio de vigilancia de las sedes judiciales. Y solo dejó de hacerlo una vez que el tercer concurso de la serie, cuya convocatoria se publicó el 26 de mayo, terminó adjudicado hace menos de un mes, el 24 de agosto. El precio: 14.258.882 euros por 12 meses de servicio. Esa cantidad representa casi 1,1 millones menos de lo que el Gobierno regional ha aprobado como "convalidación de gasto" para Alerta y Control por la vigilancia de sedes judiciales durante el año transcurrido entre mayo de 2020 y abril de 2021.

A la pregunta de por qué existe tal diferencia –más de un millón– entre el coste anual abonado a Alerta y Control y el previsto en contrato para la empresa ahora responsable de vigilar las 66 sedes donde radican juzgados o fiscalías, fuentes de la Consejería de Presidencia remarcaron lo siguiente: que no cabe "comparar una convalidación de gasto que incluye más servicios y que está en relación con el contrato anterior, con el nuevo contrato que, por ejemplo, no incluye el servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad". "El nuevo contrato como los anteriores están fiscalizados, no hay nada irregular en el procedimiento", agregaron.

Las mismas fuentes aseguraron que, para asegurar la continuidad de la vigilancia de las sedes judiciales, el Ejecutivo madrileño no optó por adjudicar un contrato por trámite de emergencia por una razón legal: "Porque la Ley de Contratos de la Comunidad de Madrid solo permite hacerlos con del trámite de emergencia por salud pública, emergencia nacional o catástrofe". La convalidación, añadieron los portavoces, es una fórmula de plena validez, "el pago de un servicio que se presta y que es fiscalizado por Intervención".