Vox pidió imponer por ley la vacunación de niños justo antes de abonarse al escepticismo y defender la “libertad”

En guerra abierta desde primavera contra el llamado pasaporte covid con el argumento de que implica imponer a cualquier ciudadano la obligación de recibir la vacuna, Vox había registrado antes, en plena cresta de la pandemia, una iniciativa parlamentaria opuesta a lo que sostiene ahora. El 25 de junio de 2020, el partido de Santiago Abascal llegó a proponer la elaboración de una ley orgánica  destinada a inyectar vacunas de forma "obligatoria" a todos los menores de hasta 16 años para la "prevención de patologías inmunoprevenibles". Es decir, aquellas enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación. 

El covid-19, y así lo confirman los expertos en epidemiología e inmunología consultados por infoLibre, se cuenta entre las patologías inmunoprevenibles, aunque en junio de 2020 no existían todavía vacunas para una enfermedad que ya había causado en España más de 27.000 muertes. De haber ido adelante aquella ley orgánica, todos los menores con edades a partir de los 12 años estarían ahora por tanto recibiendo de forma obligatoria la del covid-19. Pero Vox tardó apenas dos semanas en dar un volantazo. Y el 6 de julio de 2020 retiró su propuesta, articulada aquí a través de lo que se conoce como una PNL, proposición no de ley. La ausencia de debate parlamentario logró así que pasara inadvertido su llamamiento a la vacunación forzosa de un segmento de la población.

Un año más tarde, sus postulados contra el certificado o pasaporte covid mantienen a la formación ultraderechista sumergida en una batalla política, legal y mediática. Según Vox, exigir el certificado o pasaporte que acredita que se ha recibido el pinchazo constituye una fórmula camuflada de vacunación obligatoria. 

A finales de julio, Jorge Buxadé, jurista y portavoz de Vox, sostuvo que comunidades como Andalucía (PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox) o Canarias (PSOE) se están abriendo al "modelo de las élites de Bruselas". Buxadé llegó a decir que esas comunidades quieren utilizar el certificado de vacunación para "discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del transporte público".

Este viernes, infoLibre envió un correo electrónico a los departamentos de comunicación de Vox y de su grupo parlamentario en el Congreso para conocer qué llevó al partido a proponer la vacunación obligatoria de niños y adolescentes y qué le condujo a retirarla. No hubo respuesta. Pero de haber salido adelante la ley que auspiciaba hoy estarían vacunándose de manera obligatoria contra el covid-19 los mayores de 12 años: quisieran o no quisieran sus padres, cuya "libertad" es la que hoy defiende Vox a capa y espada. En España ni siquiera es obligatoria la vacunación infantil contra enfermedades como el sarampión o la poliomielitis.

"No tardaron ni 24 horas en pedir que se retirase la proposición no de ley". Quien pronuncia esa frase es Luis de Miguel, abogado negacionista que considera como una victoria propia que Vox renunciara a esa iniciativa parlamentaria. Presidente de una asociación contraria a las vacunas, De Miguel asegura en conversación telefónica con infoLibre que entabló contacto con Vox tras enterarse de que habían presentado aquella PNL.

Con una parte de su electorado real o potencial copada por el negacionismo, Vox intenta desde hace meses proyectar una imagen de neutralidad. Es lo que vino a recalcar Santiago Abascal cuando hace unos días se negó a responder si se había vacunado. "Yo –respondió al periodista Federico Jiménez Losantos– no voy a hacer proselitismo ni de un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad". De hecho, solo cinco de los 25 dirigentes más destacados de Vox han admitido públicamente que se han vacunado.

Una iniciativa parlamentaria con la firma de Macarena Olona

La efímera iniciativa parlamentaria no llegó a debatirse. La retirada a las dos semanas de su presentación hizo que pasara inadvertida y que no saliese por tanto a flote la contradicción entre un texto que animaba a redactar una ley de vacunación obligatoria para menores de edad y el discurso que ha ido expandiendo Vox desde que comenzó a hablarse del certificado o pasaporte covid. El texto que llegó a la Mesa del Congreso comenzaba de una forma inequívoca: "La situación de emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) proporciona una buena oportunidad para reflexionar sobre la política de vacunación de menores en España. Nuestro ordenamiento jurídico adopta, como regla general, el carácter voluntario de la vacunación, aunque hay determinadas situaciones, como veremos, en las que podría imponerse la vacunación forzosa".

Más adelante, abundaba en la idea de que el interés del menor es el que debe prevalecer. Y exponía que, tras la modificación legal en 2015 del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, "la decisión de los padres de rechazar la vacunación de sus hijos menores tiene un recorrido mucho más corto del que podríamos imaginar".

Aquella PNL que solo tuvo dos semanas de vida llegó al Registro del Congreso firmada por cuatro diputados de Vox. Los primeros, Macarena Olona y Juan Luis Steegman, son dos de los cinco dirigentes de Vox que han difundido el hecho de haberse vacunado contra el covid-19.

Un año más tarde, Olona anunciaba en rueda de prensa que a los recursos de inconstitucionalidad ya presentados por su partido contra las leyes antipandemia gallega y balear se iba a sumar otro contra la norma vasca. En los tres casos, la clave residía en la vacunaciòn obligatoria, aunque Galicia se comprometió antes de agosto a añadir una disposición que garantizase su carácter voluntario y la norma balear deja la puerta abierta a la vacunación forzosa de ciertos colectivos que no se detallan. Son cinco las comunidades que abogan por que la vacuna sea obligatoria para sanitarios y trabajadores de residencias: las ya citadas Galicia, Baleares y País Vasco, Andalucía y Cantabria. Vox, socio externo del PP en Andalucía, se opone en todos los casos. El recurso contra la ley gallega se encuentra en espera en el Tribunal Constitucional (TC). El que ataca la ley balear ni siquiera se ha admitido aún a trámite, confirman los portavoces del TC. Y del relativo a la norma vasca no hay ni siquiera constancia en el tribunal. 

La vacunación obligatoria, un debate "importado" con matices

Que la proposición registrada por Vox en junio de 2020 no admitía dudas sobre el alcance de una ley de vacunación obligatoria para menores en tiempos del covid-19 lo corrobora la definición que los expertos trazan sobre el concepto "patologías inmunoprevenibles". El catedrático de Inmunología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Alfredo Corell confirma que el covid-19 se considera una enfermedad "inmunoprevenible". De hecho, está incluida en el listado de la Asociación Española de Pediatría (AEP) junto a las patologías que pueden evitarse con la inoculación de diversas vacunas en menores de edad. El experto considera que la vacuna contra el covid, en el futuro, podría incluirse en el calendario destinado a menores, aunque no esté aprobada para personas de menos de 12 años: algunas destinadas a adolescentes, como la vacuna contra el virus de papiloma humano, están dentro del ámbito de la pediatría, que abarca a pacientes de 0 a 18 años.

"La inmunoprevención no supone una eficacia del 100%", confirma el epidemiólogo y miembro del grupo de trabajo de Ética y protección de datos de la Sociedad Española de Epidemiología (SEI), Fernando García, por lo que aunque las vacunas contra el covid no sean perfectas, podrían entrar en las inoculaciones obligatorias que pedía Vox en su proposición no de ley de junio de 2020 y en su programa electoral.

El debate de la vacunación obligatoria no ha llegado a España con la fuerza de otros países europeos. Sin embargo, dos normas han despertado la polémica con respecto al asunto: una de ellas, la ley de salud gallega, fue recurrida por el Gobierno y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Otra, un decreto del Gobierno balear, fue recurrido por Vox. Ambos contenían la posibilidad de obligar a la inmunización por causas de fuerza mayor, aunque el decreto de Baleares introducía un matiz: solo a "determinados colectivos".

García y la organización a la que pertenece, la Sociedad Española de Epidemiología, se oponen a la vacunación obligatoria. Tanto de manera directa como indirecta, obligando a presentar el llamado pasaporte covid para trabajar, como en el caso de Italia, o para entrar en casi cualquier espacio público, como en Francia. El certificado acredita que el portador ha recibido la pauta completa de vacunación; también se puede adquirir con una prueba PCR o de antígenos de resultado negativo, pero el coste y la incomodidad de estos test los hacen desaconsejables para el día a día.

"Es un problema importado", considera García. En España, las tasas de rechazo a la vacuna contra el covid son de las menores del continente, por lo que las escasas resistencias hacen innecesaria la medida coercitiva. Sin embargo, introduce un matiz que recoge el decreto balear: el pinchazo podría exigirse para "determinados colectivos". En el punto de mira están los sanitarios y los trabajadores de residencias de mayores, que están en contacto a diario con ancianos y pacientes especialmente vulnerables.

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García está a favor, en teoría, de obligar a la vacunación a dichos profesionales siempre que se demuestre que es "un problema real": es decir: que la ausencia de inmunización de esas personas está disparando la incidencia y los cuadros graves entre los más vulnerables. El experto recuerda que, en caso de necesidad urgente de salud pública, la justicia puede obligar al pinchazo, como en el brote de sarampión de Granada en 2010. Pero no por defecto, como proponía Vox en su proposición no de ley aunque, meses después, clame contra "el modelo de las élites de Bruselas".