¿Trabajar hasta los 75? España tiene menos mayores ocupados que la UE, pero su número ha crecido un 65% desde 2008

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a sembrar la alarma en un asunto tan sensible como las pensiones. Si en julio dijo que la generación del baby boom debería hacerse a la idea de que, para mantener su pensión, tendrían que “trabajar un poco más”, este domingo ha pedido un “cambio de cultura” para igualar a los españoles con los europeos, que cada vez trabajan más hasta los 70 o 75 años. Pese a que ha aclarado sus palabras, asegurando que pedía medidas para que las empresas no despidan a sus empleados a partir de los 55 años, pero de ninguna manera estaba planteando ampliar la edad de jubilación, la mecha ya se ha encendido. El PSOE se ha apresurado a descartar que defienda un retraso de la edad de jubilación y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que esa medida “desde luego no forma parte del acuerdo de Gobierno” con Unidas Podemos.

En su entrevista con el diario Ara, Escrivá explicó que la tendencia en Europa es “trabajar cada vez más entre los 55 y los 70, 75 años”. Y es cierto, desde 2008 hasta 2021, la tasa de actividad de quienes tienen entre 55 y 64 años en la zona euro ha crecido 15,5 puntos, según Eurostat. La de ocupación, 15,2 puntos. Pero el ministro también aseguró que España es una “anomalía europea” porque la tendencia nacional es “reducir la proporción de mayores de 55 años en activo”. La estadística, en cambio, muestra todo lo contrario: España acompaña a la evolución de la zona euro porque aquí también ha aumentado, y mucho, tanto la tasa de actividad como la de ocupación de los trabajadores mayores. De hecho, son el grupo de edad que más ha crecido en ambos parámetros.

Así, el 74,75% de quienes tienen entre 55 y 59 años están activos –disponibles para trabajar–, 14,6 puntos más que en 2008. Los de 60 a 64 años han crecido más aún, 15,8 puntos, hasta alcanzar una tasa del 51,5%. Los de 65 a 69 han pasado del 6% al 9,64% entre 2008 y 2021. En total, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, hay 4,42 millones de activos que superan los 55 años. En 2008 eran 2,5 millones. Su número se ha elevado un 76%. El crecimiento de la población activa en su conjunto ha sido mucho menor en ese tiempo, sólo un 1,7%. Otro tanto ocurre con el número de ocupados sénior: los de 55 a 59 años han aumentado un 56,3% desde 2008; los de 60 a 64, un 74,1% y los de 65 a 69 años, un 115,8%. Hay 3,81 millones de mayores de 55 años trabajando, cuando en 2008 eran 2,3 millones, han crecido un 65%. Por establecer una comparación, el alza de los ocupados de 45 a 49 años ha sido sólo del 8,2%.

En los activos se incluyen ocupados y parados. Y en el paro los mayores de 55 años se han llevado un buen bofetón: han más que duplicado su tasa desde 2008, al pasar de una tasa del 7,3% al 15,9% 13 años después.

Tanto Santos Ruesga, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, como José Ignacio Conde-Ruiz, de la Complutense, rechazan que el problema con la edad de jubilación sea “cultural”. España tiene una tasa de actividad del 62% para los mayores de 55 años, muy por debajo del 74% de Alemania Dinamarca y Finlandia o el 73% de Países Bajos –Suecia e Islandia superan el 82%–, pero por encima de Francia, que se queda en el 58,6%, e Italia, que sólo tiene activos al 57,1% de sus trabajadores de más edad. La tasa de Bélgica es del 55,6%, siempre según las cifras de Eurostat referidas a 2020, el último año del que ofrece datos. Ruesga recuerda que la razón de esta baja participación de los sénior en estos países es la edad de jubilación legal, más que la “cultura”: 62 años, con excepciones a los 60 años, en los dos primeros, y prejubilaciones a partir de los 60 en Bélgica.

La proporción de los mayores de 55 años que trabajan en España alcanza el 54,7%, también muy por debajo del 71,7% de Alemania, el 71,7% de Dinamarca o el 77,6% de Suecia. Pero una vez más superior al 53,3% de Bélgica y el 54,2% de Italia, y casi igualando el 55,2% de Francia. Estas diferencias corren paralelas a la también menor tasa de ocupación media española respecto de las principales economías de la UE, recuerda Ruesga.

Las empresas y las leyes

A su juicio, está “en manos de las empresas” aumentar el número de mayores que trabajan. Santos Ruesga cree que aumentar la edad de jubilación según lo va haciendo la esperanza de vida, de forma gradual y flexible, no sería “injusto”: “Se reduciría el gasto [en pensiones] sin perjudicar a las personas”, aduce. Incluso se muestra partidario de que el futuro mecanismo de equidad intergeneracional, que sindicatos, patronal y Gobierno deben negociar antes de que acabe el año, se aplique sobre la edad de jubilación –lo que la retrasaría de forma gradual–, en lugar de sobre la pensión inicial como hacía el factor de sostenibilidad de la derogada reforma de las pensiones de 2013.

Para José Ignacio Conde Ruiz, el problema es la legislación, que parece pensada, dice, para “echar a los mayores cuanto antes” y sólo pone trabas a las empresas. “Debería ser mucho más flexible y permitir el trabajo a tiempo parcial a partir de una determinada edad, compatibilizar el trabajo y la pensión, excluir de la ampliación de la vida laboral a las profesiones más penosas o tener en cuenta la salud de los trabajadores”, enumera. Así sería posible “adaptar la cultura empresarial” a un mundo cada vez más próximo donde el número de mayores duplicará al de jóvenes. “A las empresas no les va a quedar más remedio que aprovechar el talento sénior debido al envejecimiento de la población”, advierte el catedrático, que como Santos Ruesga fue uno de los expertos de la comisión que asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy en la redacción de la reforma de las pensiones de 2013.

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Conde-Ruiz destaca que debería atacarse la “rigidez y las limitaciones” del sistema en vigor para compatibilizar pensión y empleo o para que las empresas utilicen los contratos de relevo –el que firma un trabajador joven a tiempo parcial para sustituir a otro que pide una jubilación también parcial–. El catedrático de la Complutense, quien también es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), no duda en tachar de “falacia” la idea de que alargar la vida laboral va a quitar empleos a los más jóvenes, aquejados en España de una tasa de paro récord en la UE. “Es el mismo argumento falso que se emplea para decir que los migrantes ocupan puestos de trabajo de los nativos de un país o que se usaba antes para justificar que las mujeres quitaban empleos a los hombres”. En realidad, subraya, los puestos de trabajo de unos y otros son “complementarios”.

Santos Ruesga precisa que, quizá, se produzca un efecto de “desplazamiento” en el corto plazo al alargar la edad de jubilación, pero que desaparece a medio plazo. “No hay un stock fijo de empleos”, resume, en el que un trabajador sustituya a otro, sino que se nueve en función de diferentes parámetros. Uno de ellos, el crecimiento económico.

En 2015 el Tribunal Constitucional dictaminó que no existe discriminación por edad en los despidos colectivos que afectan a los mayores de 55 años si la empresa adopta medidas para minimizar el perjuicio ocasionado a los trabajadores. Por lo general, las empresas suelen utilizar los ERE para rejuvenecer –y abaratar– sus plantillas, colocando en primera línea de salida a los empleados de más edad. Una práctica que deja fuera del mercado laboral a un buen número de personas, aquellas que precisamente por su edad tienen enormes dificultades para regresar. El 35% de los parados de larga duración, quienes llevan más de 12 meses sin encontrar trabajo, superan los 55 años. El grupo más numeroso de entre quienes llevan más de dos años sin empleo –parados de muy larga duración– son quienes tienen entre 55 y 59 años: 140.100 personas, según la última EPA. infoLibre ha preguntado a la CEOE por las medidas para “cambiar la mentalidad de las empresas” que pedía el ministro Escrivá, pero no ha obtenido respuesta.